En la burocracia y la rigidez de Bruselas algo se ha movido desde las últimas elecciones. El Parlamento Europeo se ha escorado hacia la derecha. Una de las tres grandes familias políticas, los liberales, han perdido mucho peso en la Eurocámara y a su vez, han proliferado grupos a la derecha del Partido Popular Europeo, a los que esta misma formación se ha ido acercando cada vez que lo ha necesitado para sacar adelante algo con lo que ni socialdemócratas ni liberales le apoyaban. Pese a este escenario, los tres grupos han pactado la aprobación del colegio de comisarios, aunque no sin dilatar la negociación ni sin dar a entender que esto era necesario para que el ejecutivo comunitario eche a andar y, luego, ya se verá.

La nueva comisión nace debilitada. La confianza se rompió y así lo expresaban fuentes socialdemócratas después de la audiencia de Teresa Ribera. Los de Iratxe García Pérez amenazaron con levantarse de la negociación. “Es un antes y un después”, afirmaban, a la vez que los populares imponían condiciones para que Ribera pasara “el examen de su vida”, como le recordó la eurodiputada Dolores Montserrat.

Teresa Ribera será vicepresidenta de la Comisión Europea a partir del próximo miércoles cuando el pleno del Parlamento Europeo ratifique a todo el colegio de comisarios que ha diseñado la presidenta Ursula Von der Leyen. Ribera llegó con un buen curriculum, impulsada por el líder de uno de los pocos gobiernos socialistas que se mantienen en la Unión Europea y con un reconocido prestigio a nivel internacional, también en Bruselas, tras conseguir sacar adelante la excepción ibérica, como representante del Gobierno de España en la cartera de Transición Ecológica.

Pero la política nacional entró en el debate. Las críticas por la gestión de la DANA salpicaron a la todavía ministra y al pacto que habían sellado liberales, socialdemócratas y populares se le sumó la exigencia del partido popular español para aplazar la decisión sobre su candidatura hasta la comparecencia de Ribera en el Congreso de los Diputados. Los de Feijóo consiguieron su objetivo a corto plazo: retrasar la aprobación de la futura comisaria española. Fracasaron en su propósito final: forzar a Sánchez a nombrar a otro candidato.

Horas antes de la comparecencia de Ribera las negociaciones se intensificaron en los tres despachos del Parlamento Europeo. Hubo intercambio de llamadas y la presión de liberales y socialdemócratas para arrancar un compromiso por escrito a los populares surtió efecto. Las tres grandes familias de la Plaza de Luxemburgo han acordado 9 puntos sobre los que estructurar la próxima legislatura. El texto se parece al discurso de Von der Leyen tras reeditar su cargo como presidenta. Es lo suficientemente plano para que las tres familias estén cómodas estampando su firma.

No fue sencillo. El acuerdo era “inminente” 48 horas antes de materializarse. La líder de los socialdemócratas salió de la reunión de su grupo sin un acuerdo. En la misma sala pero dos plantas por debajo se reunían los populares y, allí, la delegación española se quedaba sola en el veto a Ribera. Pero había más cartas sobre la mesa: aceptar una vicepresidencia para los Conservadores y Reformistas y validar al candidato húngaro. Aunque algunas fuentes aseguraron que no se trataba de un intercambio de cromos, la negociación se parecía bastante a buscar el del jugador que falta para completar la colección.

En la tarde del miércoles, estaba convocada la conferencia de presidentes, una reunión en la que entran en la misma sala los presidentes de todos los grupos políticos del Parlamento y la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. Los plazos y los procesos de “la casa” indicaban que a este encuentro ya se debía llegar con un acuerdo que permitiese fijar en el pleno de la próxima semana. Pero una reunión al mediodía de Manfred Weber, presidente de los populares, de Iratxe García y de la presidenta de los liberales Valérie Hayer terminó como el rosario de la aurora.

A la conferencia de presidentes, los tres llegaron sonrientes pero no respondieron si ya había acuerdo. Unas horas después, había luz verde. Weber apelaba a la “estabilidad de la Unión Europea”, unas palabras que repetiría más adelante la líder socialista. La segunda fuerza del parlamento aceptaba que por primera vez haya una vicepresidenta en manos de una fuerza que no está en la coalición que permitió a Von der Leyen convertirse en presidenta. El candidato de Giorgia Meloni, Raffaelle Fitto, también será vicepresidente y Orbán contaba con el aprobado para Oliver Varhélyi, aunque con un recorte de competencias.

El manual del Parlamento Europeo establecía un orden diferente sobre cómo debían producirse los acontecimientos. Por ello, tras el acuerdo, faltaba todavía el visto bueno de las comisiones que evaluaron a los candidatos y ahí, cuando todo parecía estar ya resuelto, llegó de nuevo el bloqueo. Fuentes conocedoras de lo que ocurría en esas salas relatan llamadas a los servicios jurídicos para tener la posibilidad o no una cláusula para forzar la salida de Ribera. Los populares insistían en añadir un comentario en la carta de evaluación de la española para garantizar su dimisión si resultaba encausada.

Las reuniones de los coordinadores de las comisiones se prolongaron durante cuatro horas, cuando los presidentes de los grupos políticos ya habían dado el visto bueno. Finalmente, los populares incluyeron un comentario sobre la obligación de Ribera de cumplir el código de conducta, antes, hubo una llamada entre Weber y García. Se trata de una opinión minoritaria pero que la firma el grupo que forma parte de la mayoría, una complicación de última hora que a punto estuvo de deshacer el acuerdo alcanzado por la cúpula sin haber sido consensuado con los grupos.

El acuerdo es tan frágil que algunas delegaciones de las tres familias políticas ya han dicho que no votarán en línea con sus grupos en el pleno del próximo miércoles en Estrasburgo. Los franceses, en el caso de los socialdemócratas; los españoles, en el caso de los populares.

El próximo 27 de noviembre está prevista la votación, una fecha a la que se aferró la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para que la próxima Comisión Europea empiece a trabajar el 1 de diciembre. Socialdemócratas y liberales son conscientes de que el papel no ata de manos a los populares y que la gran coalición tendrá que demostrar que sigue siéndolo "en el día a día".