"A nosotros nos molesta, como a todos los demás, ver a tipos criminales con docenas de casos en sus antecedentes penales caminando libremente". Fueron las palabras del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tras la oleada de feminicidios que padece Turquía. El país se ha comprometido a endurecer las penas y frenar las reducciones de condena para hacer frente a la epidemia de violencia de género.
Con la salida de Turquía hace tres años del convenio de Estambul –promulgado por el Consejo de Europa para la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica–, las cifras de feminicidios han aumentado significativamente. En lo que va de año, 375 mujeres han sido asesinadas en Turquía –95 más que en 2021, año de retirada del país del acuerdo–, según datos de la asociación Kadın Cinayetlerini Durduracagız (Plataforma Pararemos el Feminicidio, en turco).
El informe elaborado por esta organización feminista advierte que las "muertes sospechosas de mujeres" –como califica el grupo a los casos que podrían tener su origen en la violencia de género– aumentaron un 82% entre 2017 y 2023. Asimismo, el único año en el que hubo una disminución de los feminicidios en los últimos 15 años fue en 2011, cuando se firmó el Convenio de Estambul. "Salir de este acuerdo ha sido un gran error, porque el aumento de los asesinatos de mujeres se debe a que no existe una ley clara", lamenta Sena Kınalı, estudiante de sociología.
El gobierno del AKP ha mantenido sistemáticamente un discurso contrario a la igualdad
Selime Büyükgöze, voluntaria en la asociación feminista Mor Çatı (Techo Morado, en turco), reconoce a El Independiente que el Convenio de Estambul nunca se ha aplicado plenamente en Turquía, debido principalmente a la falta de voluntad política para acabar con la violencia contra las mujeres. "El gobierno del AKP ha mantenido sistemáticamente un discurso contrario a la igualdad, y los últimos años se han caracterizado por una retórica abiertamente contraria al género".
La política de impunidad
La ley 6284 de Protección de la Familia y Prevención de la Violencia contra la Mujer –la única sobre violencia de género en Turquía– recibe críticas por ser ineficaz. Selime subraya que existe una gran falta de coordinación entre las instituciones responsables. Además, a su juicio, existen graves problemas en el seguimiento y la aplicación de las órdenes de confidencialidad. "La corta duración de las órdenes de alejamiento/detención –que duran 2 semanas en algunos casos y que, por tanto, obligan a las mujeres a solicitar la orden repetidamente–, la no aplicación del confinamiento forzoso en casos de violación de las órdenes de alejamiento, la desinformación y el desánimo de las mujeres para alejarse del agresor, hacen ver que esta ley no funciona".
Si bien la ley es progresista en su formulación, a menudo no se implementa. Existen denuncias de inacción por parte de las autoridades, incluso en casos en los que la vida de las mujeres está en peligro. "Las actitudes y comportamientos disuasorios del personal de las fuerzas del orden son algunos de los factores que dificultan a las mujeres presentar una denuncia oficial", cuenta Selime. "Mediante comportamientos groseros, retórica sexista y sentenciosa, intentan convencer a la mujer de que no denuncie proporcionándole información falsa o diciéndole que no obtendría ningún resultado aunque la presentase", agrega. Sena se queja de que la pasividad de las autoridades generan un sentimiento de impunidad en los agresores. "La gente que hace estas cosas a las mujeres sabe que no les va a pasar nada, así que pueden hacer libremente lo que les venga en gana".
Las fuerzas del orden están definidas por la legislación como la autoridad de primera línea para las mujeres que buscan ayuda. Son estas unidades la institución con la que más contactan las mujeres que sufren violencia y donde con más frecuencia se encuentran malas prácticas. Sin embargo, "prevalece una atmósfera de impunidad para las malas prácticas de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que hace que estos crímenes continúen sin ninguna consecuencia", enuncia Selime.
Un problema sistémico
"La libertad de una mujer del este de Turquía es muy distinta a la de una que vive en Estambul", afirma Sena. "Aunque ahora se hable cada vez más de lo que está pasando en Turquía, hay mujeres que todavía no pueden hacerlo libremente. Una sociedad en la que mujeres y hombres no pueden vivir en igualdad de condiciones y con la misma seguridad nos demuestra que es una sociedad atrasada", añade. Zelal Tanış, estudiante turca, comparte opinión: "Las mujeres somos ciudadanas de segunda en Turquía. Este pensamiento primitivo procede de una sociedad con una mentalidad patriarcal con la que tenemos que convivir día a día".
La violencia de género estuvo silenciada hasta hace pocos años. Con el auge de las redes sociales, las jóvenes "cada vez son más capaces de reconocer un comportamiento abusivo y tomar medidas proactivas para distanciarse de él. Muchas buscan ayuda a una edad muy temprana por la violencia que sufren por parte de sus padres o parejas", apunta Selime. Zelal asegura que los medios de comunicación cada vez son más transparentes con la violencia de género y publican más casos de feminicidios y acoso, "de esta manera nos recuerdan continuamente que es un problema que todavía existe y no se toma como lo 'normal'".
"Más que un problema cultural, yo diría que es un problema sistémico", sostiene Selime. Argumenta que los hombres utilizan la violencia para afirmar su poder, descargar su ira, ejercer control y castigar a las mujeres. "La creencia de que las mujeres no son iguales a los hombres, junto con un firme compromiso con los roles de género tradicionales, alimenta esta violencia".
Más que un problema cultural, diría que es un problema sistémico
Selime señala que la gran mayoría de las mujeres que acuden a Mor Çatı para recibir apoyo no han presentado denuncia por la violencia que se les ha infligido. Esta reticencia se debe a varias razones, entre ellas su desconfianza en el sistema, el miedo a que el agresor intensifique la violencia si se presenta una denuncia, la preocupación de que se prolongue el proceso de divorcio o de que el agresor no pague la pensión alimenticia de los hijos. "Además, las mujeres se encuentran con otros obstáculos para emprender acciones, como la falta de información sobre el procedimiento de denuncia, los procesos judiciales excesivamente largos que se siguen, servicios inadecuados para prevenir la violencia durante la investigación o el juicio, y la carga financiera de los procedimientos judiciales".
Tecnología contra la violencia
Solicitud de Apoyo de Emergencia para Mujeres (Kades, por sus siglas en turco) es una aplicación desarrollada por el Ministerio del Interior de Turquía en 2018 para que las mujeres puedan obtener ayuda rápidamente en situaciones de emergencia como violencia, acoso y amenazas. Permite denunciar ante las autoridades con un solo toque y tiene como objetivo acortar el tiempo de respuesta ante emergencias. La aplicación está disponible en 11 idiomas y ha sido tomada de ejemplo en países como Francia y Bélgica.
En 2023, Kades tuvo 7,3 millones de descargas. En total, se han contabilizado 1,3 millones de denuncias y 193.000 mujeres solicitaron medidas de protección desde 2018. En los primeros 10 meses de 2024, 289.000 víctimas fueron socorridas por los efectivos tras notificar al 112 a través de Kades.
Según el diario turco Sabah, tras la denuncia por esta aplicación, las autoridades realizan un seguimiento del estado de la víctima. Visitan los hogares de las mujeres con regularidad y recopilan información sobre la seguridad y la circunstancia de las víctimas comunicándose con fuentes como vecinos o tiendas del vecindario.
Otra innovación introducida para prevenir la violencia contra las mujeres es el Centro de Vigilancia Electrónica. Este centro, con capacidad para 1.500 personas, protege a las víctimas 24 horas al día, 7 días a la semana, mediante esposas electrónicas colocadas a los agresores. Se usan para intervenir inmediatamente cuando los perpetradores se acercan a la víctima a una distancia superior a la determinada por orden judicial. En la actualidad, se están supervisando activamente 764 casos en 62 de las 81 provincias de Turquía. El sistema ha evitado más de 1.000 casos de reincidencia hasta la fecha.
Las manifestaciones silenciadas
En Turquía, el control autoritario del gobierno limita de forma sistemática el derecho a la protesta, y las manifestaciones no autorizadas son reprimidas. Este escenario no es una excepción para las protestas feministas, que, pese a los obstáculos, han ganado fuerza y visibilidad en los últimos años. Sena relata cómo la policía, lejos de actuar como garante de la seguridad, se convierte en una herramienta para sofocar la disidencia “Normalmente, se sabe a través de las plataformas de mujeres que va a haber una manifestación, y entonces la policía enviada por el Estado intenta impedirla. En este caso, los policías no son protectores, son obstáculos en esas manifestaciones". “Nada nos hará dejar de manifestarnos. Seguiremos luchando por leyes más justas y el fin de la violencia de género”, sentencia Selime.
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