El régimen alauí aspira a convertirse en un socio de referencia de la nueva administración estadounidense y se deja querer por la extrema derecha europea, bien conectada también con su alianza con Israel y Emiratos, mientras mantiene su política exterior agresiva en busca de adhesiones a su plan de autonomía de tres folios presentado en 2007. Pero las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se han convertido en un obstáculo en su estrategia.

En unos documentos difundidos ahora, el servicio jurídico del Consejo de la Unión Europea ratifica los fallos que tumbaron los acuerdos pesquero y agrícola y establecieron la obligación de etiquetar como procedentes del Sáhara Occidental los melones y tomates que Marruecos vendía como propios. En un documento de 10 páginas, el servicio legal del Consejo establece que “la institución cuyo acto haya sido anulado estará obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia”. Pide, por tanto, que se tomen unas medidas a las que hasta ahora los Veintisiete han sido esquivos.

"El Consejo está obligado a tomar medidas"

“La anulación de un acto jurídico por parte del Tribunal tiene efecto erga omnes, lo que significa que se extiende más allá de las partes implicadas en el caso y tiene un efecto general en toda la Unión.  De ello se desprende que la Comisión, el Alto Representante y el Parlamento deben cooperar con el Consejo, de conformidad con su deber de cooperación leal mutua, consagrado en el artículo 13, apartado 2, del TUE, a fin de garantizar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia”, subraya el texto.

La circular remitido por el servicio jurídico recuerda que “el Consejo está obligado a adoptar las medidas necesarias para cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia” en mitad de las presiones de Marruecos y de algunos países miembro como España y Francia que tratan de buscar un nuevo acuerdo que pueda sortear un veredicto que cuestionó los términos de asociación con la monarquía alauí que han estado vigentes durante años. “ La ejecución de las sentencias puede adoptar diferentes formas”, desliza vagamente el documento.

La información publicada incide en la resolución del tribunal europeo al recordar que “dado que el territorio del Sáhara Occidental es distinto del del Reino de Marruecos, el territorio del Sáhara Occidental debe considerarse un territorio aduanero en el sentido del artículo 60 del Código Aduanero de la UE”. “En consecuencia, la indicación del país de origen que debe figurar en los productos en cuestión en el procedimiento principal solo puede designar al Sáhara Occidental como tal, ya que esos productos se cosechan en ese territorio”, agrega tras recordar que cualquier acuerdo debe contar con el consentimiento del pueblo saharaui, el único sujeto reconocido de la antigua colonia española, ocupada por Marruecos desde 1976.

Se siguen discutiendo las repercusiones

En una coyuntura marcada por el primer contacto del Frente Polisario -considerado el representante del pueblo saharaui ante las instituciones europeas- con el Europarlamento, el documento señala que “corresponderá a la Comisión evaluar la situación resultante de la sentencia y adoptar las medidas oportunas”. En los últimos meses las comisiones de Comercio Internacional (INTA), Pesca (PECH) y Agricultura (AGRI) del Parlamento Europeo han celebrado audiencias con representantes de la Comisión Europea para tratar de esclarecer cómo la Comisión responderá al nuevo marco establecido por la justicia.

La inquietud de muchos es que Bruselas est​é explorando alternativas para usar el consentimiento del pueblo saharaui como consentimiento de la población saharaui, que incluye a los colonos marroquíes. “El comportamiento pasado es el mejor predictor del comportamiento futuro, y por lo tanto nos preocupa que la Comisión pueda explorar qué opciones están disponibles para crear la impresión de un consentimiento presunto sobre la base de actores marroquíes, no saharauis», denuncia Sara Eyckmans, coordinadora de Western Sahara Resource Watch (WSRW). “Las relaciones de la UE con Marruecos son de gran importancia, y se deben hacer esfuerzos para mantenerlas. Pero animamos a las instituciones a que alineen esos esfuerzos con las sentencias de su más alto tribunal y, como tal, se comprometan con el pueblo (que no es la población) del Sáhara Occidental, en todos los asuntos relacionados con el territorio. Tienen derecho a la autodeterminación, lo que significa que tienen el derecho soberano a los recursos del territorio. Respetar eso es la única forma de que la UE se adhiera al derecho internacional y de la UE”, agrega.

En sus intervenciones en comisiones como la de Pesca, los políticos españoles apostaron por preservar las relaciones con Marruecos. Nicolás González Casares, eurodiputado del PSOE,  declaró que “el Tribunal de Justicia ha estado socavando” la posibilidad de llegar a un acuerdo, y añadió, sin tener en cuenta la ocupación del Sáhara Occidental, que “Marruecos y Rusia han ampliado su acuerdo de pesca, por lo que la zona que debería ser nuestra está siendo ocupada por otros que no utilizan técnicas sostenibles como nosotros”. Los funcionarios de la Comisión reconocieron que seguían estudiando las sentencias y su aplicación.

Gali pide que se inicien conversaciones

Para tratar de salvar los escollos, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática Brahim Gali ha remitido una carta a la presidencia polaca de la Unión Europea en la que le insta a iniciar las negociaciones comerciales directas con el Polisario. “El Polisario está listo para abrir negociaciones con la Unión Europea para alcanzar un marco que respete las decisiones de la Corte y garantice los intereses del pueblo saharaui, poseedor de soberanía permanente sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental”, destaca Mohamed Salem Ould Salek, asesor diplomática de Gali.

Este revés judicial para las aspiraciones de Marruecos y su diplomacia coincide con la resolución publicada por el Consejo de Estado francés, que supone -a su vez- un varapalo al presidente galo Emmanuel Macron, que el pasado julio reconoció la marroquinidad del Sáhara Occidental para tratar de superar años de crisis con Rabat.

Precisamente la consulta de la Confédération paysanne al Consejo de Estado fue la que propició una de las resoluciones posteriores del tribunal europeo. Hace unos días el Consejo de Estado francés corroboró la sentencia sobre el etiquetado de productos saharauis al asegurar que, tal y como establece la corte comunitaria, “un Estado miembro de la Unión Europea no puede prohibir, por sí solo, la importación de productos agrícolas cuyo etiquetado no cumpla la normativa de la UE sobre la indicación del territorio de origen”. “Sin embargo, el TJUE dictaminó que estos productos debían llevar la etiqueta 'Sáhara Occidental'”, apostilla.

“Interrogado por el Consejo de Estado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó (C-399/22) que un Estado miembro no puede prohibir unilateralmente la importación de productos agrícolas cosechados en el Sáhara Occidental alegando que el etiquetado de estos productos indica erróneamente Marruecos como país de origen, ya que tal decisión entra en el ámbito de la política comercial común y de la Unión Europea.  Sin embargo, el TJUE indicó que el etiquetado de los productos originarios del Sáhara Occidental para su importación y venta en Europa debe mencionar únicamente el Sáhara Occidental, y no Marruecos, como país de origen, para no inducir a error a los consumidores”, alega la institución francesa.