Trump se estrella contra las barreras de la justicia y la sociedad civil

Dos días antes de la toma de posesión de Donald Trump hace casi cuatro semanas tuvo lugar en Washington una manifestación contra las políticas del magnate. Asistieron miles de personas, pero con sabor agridulce: la convocatoria había perdido la fuerza que mostró en enero de 2017, ante su primera inauguración, cuando congregó a más de un millón de personas. Pero si aquel día alguien pensó que en esta ocasión nadie iba a oponerse al presidente, es probable que esta semana haya cambiado de opinión.

Sindicatos, ONG, fiscales y funcionarios han levantado un baluarte contra el nuevo líder de Estados Unidos. La respuesta a las primeras órdenes ejecutivas de Trump, que muchos consideran inconstitucionales, no está teniendo una enorme repercusión en la calle como al inicio de su primera legislatura, pero las resoluciones que los jueces han dictado estas semanas para bloquearlas evidencian que las medidas de Trump están encontrándose una oposición tozuda y creciente, tanto por parte de los tribunales como de otros sectores de la sociedad civil que son quienes están llevando sus decisiones a la justicia. 

La estrategia de “inundar la zona” de Trump implica que el presidente está llevando a cabo una transformación profunda de la Administración estadounidense con medidas de dudosa legalidad y a fuerza de órdenes ejecutivas, al mismo tiempo que firma otras más sencillas de comunicar, de comentar, de llenar todo el espacio mediático. 

De forma silenciosa, Trump ha recuperado una orden que ya firmó en 2020 -Joe Biden la revirtió después- que le permite contratar y despedir a decenas de miles de funcionarios en base a sus opiniones políticas y su lealtad al magnate (conocida como Schedule F). No está entre las más comentadas porque, a la vez, el presidente ha tumbado la prohibición de las pajitas de plástico, ha amenazado primero a sus vecinos y después al mundo entero con aranceles aleatorios y ha puesto a un empresario no electo al frente de los recortes de la Administración. De la misma manera que cuando acaparó la atención asegurando que los haitianos se estaban comiendo a los gatos y perros de la ciudad de Ohio, disipando la atención de todo lo demás, ahora el líder estadounidense intenta que sus acciones más profundas y con más implicaciones pasen desapercibidas.

Los tribunales bloquean las medidas de Trump más sonadas

Pero no está teniendo éxito en todos los casos. La oposición a Trump está saliendo de su confusión y en medio de toda la vorágine está consiguiendo frenar muchas de las medidas del magnate, aunque la tormenta informativa complique verlo. Entre las órdenes ejecutivas que Trump firmó en sus primeras horas en el cargo, algunas de las más importantes han sido bloqueadas por los jueces. Los tribunales han frenado -lo han hecho cuatro jueces por separado, una de ellas a nivel nacional- el fin de la ciudadanía estadounidense para los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados; el traslado de las presas transgénero a cárceles de hombres y también la publicación de los nombres de los agentes del FBI que investigaron el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. 

Lo mismo ha sucedido con la oferta que Trump hizo a los funcionarios para que dejasen su puesto a cambio de una indemnización -aunque después otro juez ha fallado en sentido contrario- y con la congelación de miles de millones de dólares de dinero público. El presidente también ha visto cómo otro juez ha puesto en pausa su plan para despedir a los miles de trabajadores de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), al igual que con los despidos de la Oficina de Protección del Consumidor (CFPB), al menos mientras estudia la legalidad de la medida.

“Ahora es más evidente que nunca que para nuestro presidente el Estado de derecho no es más que un impedimento para conseguir sus objetivos políticos”, escribió el juez John Coughenour en su orden contra el bloqueo de la ciudadanía por nacimiento. “Pero en este tribunal y bajo mi control, el Estado de derecho es un brillante faro que intentaré seguir”. 

“La orden ejecutiva entra en conflicto con el lenguaje claro de la Enmienda 14, contradice un precedente vinculante de la Corte Suprema de 125 años de antigüedad y contradice la historia de 250 años de ciudadanía por nacimiento de nuestra nación”, señaló por su parte la jueza federal de Maryland Deborah Boardman, en su fallo sobre el mismo tema y tras una audiencia con cinco mujeres indocumentadas embarazadas a iniciativa de la Universidad de Georgetown y su Instituto de Defensa y Protección Constitucional.

Para el presidente el Estado de derecho no es más que un impedimento para conseguir sus objetivos políticos

“La Corte Suprema de los Estados Unidos ha rechazado rotundamente la interpretación del presidente de la cláusula de ciudadanía de la Enmienda 14. De hecho, ningún tribunal del país ha respaldado jamás la interpretación del presidente. Este tribunal no será el primero”, indicó. La Enmienda 14 establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Trump desafía a la justicia

Esta semana, un juez federal ha dicho que el presidente ha violado su orden de levantar el bloqueo de los fondos públicos, y ha pedido a la Administración que libere el dinero. No es la primera vez que la justicia protesta porque Trump no le obedece: también una fiscal general de Nueva York recordó este lunes a los hospitales que negarse a brindar servicios de transición de género podría violar las leyes del Estado contra la discriminación. Trump firmó el viernes una orden que prohíbe el tratamiento de reafirmación de género a menores de 19 años, lo que considera una “mutilación sexual”. Sin embargo, después una demanda de una veintena de estados consiguió paralizar la medida, que incluía recortes de fondos para instituciones que siguieran brindando tratamiento de transición de género. 

En sentido contrario, esta semana la Administración Trump ha cosechado su primera victoria judicial desde que este es presidente por segunda vez. Una jueza ha decretado que Elon Musk, el elegido de Trump para liderar los recortes de gasto público a través del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental o DOGE, puede seguir accediendo a información sensible de al menos tres agencias federales. Un Grupo de sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro había pedido que se les bloquease, temerosos del uso que pudiesen hacer de ella.

Muchos creen que con sus órdenes ejecutivas Trump está desafiando las leyes con ánimo de desmantelar partes del Gobierno, en busca de venganza y dando la vuelta a leyes centenarias en días, con órdenes que no tienen ese poder y sin el apoyo del Congreso. En cambio, los seguidores de Trump creen que el presidente sí puede tomar las decisiones que está tomando y que son los jueces quienes no tienen derecho a impedírselo.

“Si un juez le intentase decir a un general cómo llevar a cabo una operación militar, sería ilegal. Si un juez intenta dirigir a un fiscal cómo usar su criterio, también es ilegal. Los jueces no tienen permitido controlar al legítimo poder del ejecutivo”, publicó en X, antes Twitter, el vicepresidente estadounidense, JD Vance. Los comentarios del vicepresidente no son una novedad: el propio presidente Trump ya solía quejarse de los jueces en su primer mandato, donde hablaba de que el sistema judicial estaba “roto” y era “injusto” y se refería a ellos como “los que se llaman a sí mismos jueces”. 

"Los jueces no tienen permitido controlar al poder ejecutivo" - JD Vance, VP de EEUU

Lo ha vuelto a hacer estas últimas semanas: para él, el juez que ha bloqueado su orden para congelar parte del presupuesto de la Administración es un “activista” y está “muy politizado”, críticas en las que le han seguido los congresistas republicanos más fieles y también el empresario Elon Musk.

Porque contra Trump no solo se está movilizando la sociedad civil: importantes bufetes de abogados, de los más importantes del país, están ejerciendo de representantes de los que luchan contra el presidente. Este martes, el multimillonario y CEO de Tesla y SpaceX se quejaba en X de la colaboración de los bufetes. “¿Qué despachos están impulsando estos casos antidemocráticos buscando impedir que se cumpla la voluntad de la gente?”, escribió, sin nombrar a ninguno. Algunas, como WilmerHale, han trabajado en el pasado con las empresas de Musk.

En paralelo, esta semana han surgido protestas más allá de las de funcionarios que llevan días convocándose en Washington. Miles han salido a las calles en diferentes ciudades para protestar contra las redadas llevadas a cabo por los agentes de Inmigración (ICE) y en solidaridad con los indocumentados, como en Denver (Colorado). Y en Alemania, los estudiantes de un colegio situado en unas instalaciones militares americanas salieron de sus clases durante una hora en protesta por la visita del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y por el barrido de las políticas de diversidad, igualdad e inclusión de la Administración estadounidense. Mientras, los padres de los alumnos protestaron a las puertas del colegio.

En el Congreso, la minoría demócrata está liderando algunas de las protestas, especialmente las que se están celebrando a las puertas del Tesoro, y han luchado contra la confirmación de los nominados por Trump para formar parte de su gabinete que consideraban más peligrosos. Pero que no estén haciendo más es algo que desespera a muchos. El pasado miércoles, en una protesta a las puertas del Capitolio contra el desmantelamiento de USAID, muchos gritaban contra los representantes. “Todo eso ya lo sabemos, pero ¿qué estáis haciendo vosotros?”