Estados Unidos está teniendo problemas para deportar a algunos migrantes a sus países de origen, como Afganistán, Irán y Rusia. Para solucionar el problema, Costa Rica y Panamá han accedido a ejercer de territorio "puente" entre los países. Este último ha recibido ya tres vuelos con migrantes deportados, y a Costa Rica por el momento ha llegado uno, este jueves.

El problema es en qué estatus legal están estos migrantes, y en qué condiciones van a permanecer en los refugios temporales en los que vivirán hasta que EEUU consigue una solución definitiva.

En total, son más de 400 migrantes los que están residiendo en estos refugios que han activado las alarmas de organizaciones en defensa de los derechos humanos, especialmente después de publicarse esta semana fotografías de familias que piden ayuda desde los hoteles donde están confinados, en algunos casos pintando las ventanas o mostrando palabras en hojas de papel. "Ayuda. No estaremos a salvo en nuestro país", rezaban algunos de los mensajes que los migrantes intentaban transmitir a través del cristal y que han publicado medios de todo el mundo.

Los abogados de algunas de las familias han alertado de que a sus clientes no les han dado acceso a representación legal ni a sus pasaportes cuando lo han solicitado, y que no les han dejado entrar en sus habitaciones de hotel, según han contado al Washington Post y otros medios americanos. También lamentan que se les haya deportado antes de haber podido comenzar un proceso de solicitud de asilo al que tenían derecho.

En respuesta, el presidente panameño, José Raúl Mulino, ha dicho que es falso que su Gobierno esté maltratando a los migrantes y ha asegurado que está trabajando con organizaciones internacionales que respetan los derechos humanos. A modo de defensa, el ministro de Seguridad del país, Frank Abrego, también ha argumentado que todos están recibiendo atención médica y alimentación como parte del acuerdo al que su Gobierno ha llegado con Estados Unidos. El ministro ha asegurado que los extranjeros no están detenidos aunque no puedan salir de sus habitaciones de hotel, que custodia la policía.

Pero los defensores de las familias remarcan que los gobiernos no tienen ningún plan a futuro para ellas, que no saben cómo van a sacarlos del país ni dónde los llevarán, y que tampoco les permiten marchase. Solo les han comunicado que permanecerán 30 días en un refugio temporal, esperando que en ese tiempo se les pueda repatriar en vuelos que pagará Estados Unidos. Ese plan no contempla qué pasará con los que se nieguen a regresar porque no se sientan seguros en sus países de origen, que Panamá calcula que son el 40% del total. Según el ministro, se trazarán planes específicos conforme se desarrolle cada caso.

Organizaciones internacionales como la agencia para los refugiados de la ONU o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) están trabajando en paralelo con los que no consideran seguro regresar a sus países para intentar encontrarles otros destinos. Mientras, podrían ser trasladados a unas instalaciones en la provincia de Darien, que muchos de los inmigrantes ya atravesaron en su camino hacia Estados Unidos.

Los migrantes son de lugares tan distintos como Ghana, China, Armenia, Turquía, India, Nepal, Sri Lanza, Pakistán, Afganistán o Uzbekistán, e incluyen tanto a menores como a embarazadas, todos países a los que Estados Unidos está teniendo problemas en enviar a quienes considera que deben ser deportados. Según el ministerio del Interior panameño, Omer Badilla, ninguno tiene ningún historial criminal por el que se les considere un riesgo para la seguridad, algo que contrasta con las promesas de Trump de comenzar la "mayor deportación de la historia" por los migrantes indocumentados que hubiesen cometido graves crímenes.

Por el momento, Costa Rica ha recibido a 135 deportados, de los cuales 65 son niños, y Panamá a 300, de los cuales13 ya salido del país y 175 están en proceso, según el Gobierno. La posición de Panamá ha cambiado después de asegurar en diciembre que no tenía ninguna obligación de recibir a deportados de otras nacionalidades, pero tras recibir la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, decidió acogerlos. No está claro qué ha ofrecido Estados unidos a cambio.

El Gobierno panameño se ha limitado a decir si no cooperaban su país se iba a ver perjudicado por el desordenado flujo de migrantes y que tendrían "un problema mayor". "Es mejor manejar estas cosas de manera coordinada con autoridades internacionales", ha dicho el presidente Mulino, que al mismo tiempo afronta la presión de Estados Unidos por el canal de Panamá, que Trump quiere recuperar.