Las familias de los deportados a El Salvador claman su inocencia

Cuatro días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, deportase a cientos de venezolanos a El Salvador, las familias de varios de ellos claman su inocencia. Aseguran que su Administración ha expulsado a cuatro amigos venezolanos que escaparon a Estados Unidos para encontrar una nueva vida, a un artista LGTBI que entró legalmente en el país y a un adolescente tatuado, entre otros. Que no tenían antecedentes criminales ni en sus países de origen ni en EEUU, y que ni mucho menos están relacionados con la banda Tren de Aragua, como asegura el Gobierno estadounidense. Que fueron detenidos y trasladados a una de las prisiones más peligrosas del mundo sin que nadie presentase cargos en su contra, y sin saber qué tienen que hacer para que regresen de allí.

La madre de Mervin Yamarte reconoció a su hijo en uno de los vídeos que la Presidencia de El Salvador publicó. Pese a la cabeza rapada, la ropa rota y las muecas de dolor, lo identificó entre las decenas de presos que desfilaban con la cabeza muy baja. La familia de Yamarte sabía que lo habían arrestado y que era probable que lo deportasen, pero esperaban que regresase a Venezuela, donde están sus hijos y otros seres queridos. Para la sorpresa de su madre, días después estaba clamando a los medios de comunicación que su hijo era uno de los que aparecían en las imágenes publicadas. Las fotografías facilitadas con la familia son fácilmente comparables con los vídeos de El Salvador y revelan que Mervin, de 29 años, está en la prisión salvadoreña.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó el viernes una ley de 1798, la ley de enemigos extranjeros, que hasta el momento el país solo había utilizado tres veces y siempre en periodos de guerra porque entonces se considera justificado deportar a prisioneros sin un juicio justo. Con esa norma en la mano, envió varios aviones con cientos de migrantes venezolanos a El Salvador, donde su presidente, Nayib Bukele, se había ofrecido a “acogerlos” en sus prisiones de máxima seguridad a un precio “razonable” para EEUU, que se ha encontrado con el problema de dónde llevar a los deportados que sus países de origen rechazan. Solo horas después de la decisión de Trump, un juez bloqueó la medida y exigió que los aviones volviesen a Estados Unidos, pero continuaron su viaje y llegaron a El Salvador tres horas después. “Uuuups… demasiado tarde”, se rió de la situación Bukele en X, un comentario que retuiteó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

La situación ha desencadenado, para algunos abogados, una crisis constitucional porque entienden que el Gobierno desobedeció la orden de un juez a sabiendas y que sienta un precedente peligroso. De su lado, la Administración insiste en que no ignoró la orden. Por el momento el Gobierno ha proporcionado pocos detalles de forma oficial sobre su postura, pero por un lado ha argumentado que cuando los aviones despegaron la decisión del juez no había llegado y que en aguas internacionales el juez no tiene jurisdicción, y por otro recalca que un magistrado federal no tiene potestad para ordenar al presidente en asuntos de política exterior.

Sin embargo, este martes Trump fue más allá. En un mensaje en su red social, el presidente pidió un juicio político o impeachment para el juez que trató de bloquear su decisión, y lo llamó “lunático radical de izquierdas”. En respuesta, el presidente del Tribunal Supremo John Roberts emitió una valoración reprendiendo al magnate, apuntando que pedir el impeachment “no es una respuesta apropiada a un desacuerdo relacionado con una decisión judicial”, y recordándole que si no está de acuerdo con el juez siempre puede apelar su decisión.

En cualquier caso, si ha habido desobediencia o no es algo que el juez James E. Boasberg tratará de determinar el próximo viernes, pero en el fondo de la cuestión es si la Administración Trump puede o no usar hoy una ley del siglo XVIII que justifica las deportaciones de extranjeros sin juicios para llevar a cabo estas expulsiones del país. Mientras eso sucede, las familias de algunos de los deportados aseguran estar desoladas.

Después de que Mercedes Yamarte reconociese a su hijo, las madres de sus compañeros y amigos empezaron a buscar información, y reconocieron a otro en una de las fotos publicadas por Bukele. Los familiares aseguran que sus hijos no son miembros ni tienen vinculación con la banda Tren de Aragua, ni con otras bandas latinas, y que ninguno de los cuatro tienen antecedentes en Estados Unidos ni en su país de origen. "Si hay personas con antecedentes criminales, que los busquen, pero los inocentes no deberían tener que pagar por el resto", ha dicho Mercedes Yamarte, al Washington Post. 

Los cuatro amigos cuyas familias sospechan que están en El Salvador son venezolanos procedentes de Maracaibo y sus nombres son Mervin Yamarte, Ringo Rincón, Andy Javier Perozo y Edwuar Hernández, ha publicado el mismo medio. Sus familias han explicado que la hiperinflación que hacía desaparecer sus salarios en Venezuela, sumada a los apagones energéticos y a la grave crisis del país, hizo que el grupo viajase a Estados Unidos en 2023. Todos tenían -y tienen- hijos, pero se embarcaron en el viaje y entraron en EEUU irregularmente a través de Río Grande, junto con otros miles de venezolanos. Desde entonces, el grupo, que está entre la veintena y la treintena, trabaja en el país: Rincón, para una compañía de telecomunicaciones; Perozo, repartiendo comida a domicilio. Hernández había sido compañero de los anteriores en una fábrica de harina de maíz y tortillas, y al llegar a Estados Unidos decidió compartir casa con ellos.

En un caso similar está el cliente de Lindsay Toczylowski, una abogada con sede en California que trabaja para el Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), que ha hablado con el diario The Guardian. La letrada afirma que su cliente era un activista LGTB que huyó de Venezuela porque estaba siendo perseguido por motivos políticos, y que llegó a Estados Unidos a través de Tijuana. Allí pidió asilo. Ella también afirma que no tiene historial criminal, y cree que ha sido identificado como miembro de la banda por algunos de los tatuajes que llevaba.

“En los 15 años que llevo representando a gente en procedimientos de deportación en Estados Unidos, esto es lo más alucinante que he visto que le pase a uno de nuestros clientes”, ha dicho, frustrada, lamentando la definición que la Casa Blanca ha hecho de los migrantes. Según la portavoz del Gobierno, Karoline Leavitt, los expulsados son “monstruos” que formaban parte de “una de las bandas terroristas más violentas del planeta Tierra”, con lo que su “extracción” supone que “ya no podrán ser una amenaza para el pueblo estadounidense”.

Los defensores de los inmigrantes exigen saber quiénes han sido deportados y por qué. La Administración Trump asegura que Aduanas investigó a todos y cada uno de los deportados enviados a El Salvador para asegurarse de que estaban vinculados a la banda criminal Tren de Aragua, pero las familias insisten en la falta de cargos. Un funcionario del ICE, Robert Cena, ha asegurado a los tribunales que es cierto que "muchos" de los deportados no tienen antecedentes criminales en Estados Unidos, pero cree que eso “no indica que no supongan una amenaza”.

“Creo que han diseñado todo esto para disuadir a la gente de pedir asilo en Estados Unidos”, ha valorado Toczylowski. Y creo que ven los procesos legales necesarios y la habilidad de la gente de ejercer sus derechos constitucionales como un inconveniente para llevar a cabo sus planes. Así que están haciendo todo lo que pueden, signifique romper la ley o no, para conseguir sus objetivos políticos. Y desafortunadamente, clientes como el nuestro son daños colaterales en el proceso de conseguir ese objetivo”.