La Unión Europea trata de salvaguardar sus relaciones con Marruecos resistiéndose a publicar íntegramente el informe jurídico sobre las consecuencias para Bruselas de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que tumbó en octubre los acuerdos agrícola y pesquero entre los Veintisiete y Marruecos por incluir el Sáhara Occidental, un territorio no autónomo y pendiente de descolonización, y no contar con el consentimiento del pueblo saharaui.

Así lo ha denunciado Vicent Marzà, eurodiputado de Compromís, a quien se le ha proporcionado un documento mutilado, en un momento en el que tanto Marruecos como estados miembro como Francia y España tratan de presionar para alterar las sentencias y buscar atajos para rubricar nuevos acuerdos con la monarquía alauí. "Quiero compartir con todos vosotros la censura que nos ha impuesto el Consejo de la Unión Europea. Nos ha censurado el acceso a documentación clave para el pueblo saharaui", ha lamentado Marzà en su cuenta de X, anteriormente Twitter.

"Se han borrado las partes más importantes de un informe jurídico que debería decir cómo afrontan una sentencia histórica que da total libertad a Sáhara Occidental para definir cómo van a utilizar sus recursos y que no se deje a Marruecos decidir cómo se utilizan los recursos del pueblo saharaui ante la presión de Francia y España, sobre todo dentro de la Unión Europea", denuncia el político valenciano mientras muestra cómo partes enterar del informe han sido eliminadas. Figuran en el texto entregado al eurodiputado bajo el aviso de "deleted" (eliminado).

Borrado lo mollar

"La Comisión Europea no está negociando con el pueblo saharaui. Por eso hemos solicitado esta documentación a la que tenemos derecho a acceder y nos la han censurado. Pero no quedará así. Llegaremos hasta el final para acompañar en la lucha por su libertad al pueblo saharaui", advierte el representante de Compromís en Estrasburgo.

El Consejo de la UE alega que el borrado de dos párrafos busca impedir un “perjuicio para la protección de las relaciones internacionales” así como para “el asesoramiento jurídico” de la UE, según recoge El Diario. El borrado afecta a "la parte mollar en la que establece las medidas que podría adoptar el bloque comunitario en respuesta a esa sentencia", subraya el periódico. De hecho, las partes eliminadas afectan a lo inmediatamente posterior al párrafo que establece que "la ejecución de las sentencias puede adoptar distintas formas”.

El pasado febrero trascendió que el Gobierno español junto al francés presionó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para modificar las sentencias y allanar así el camino para obtener el consentimiento del pueblo saharaui que exige la corte comunitaria. La justicia europea desestimó los intentos de adulterar los fallos de los que el ministro de Exteriores José Manuel Albares jamás informó a la prensa o en sus comparecencias en el Congreso de los Diputados. En declaraciones a El Independiente, tanto representantes del Frente Polisario como de su equipo legal han reconocido que no se han producido aún conversaciones con la Unión Europea tras las sentencias.

Intentos de sortear la sentencia

El punto de discordia por el que batalló la Comisión con el respaldo de Moncloa y el Elíseo está referido al término pueblo y población. La sentencia menciona "el pueblo saharaui" como propietario de los recursos naturales del Sáhara Occidental frente a la población actual del Sáhara ocupado que Marruecos ha ido alimentando con sus nacionales procedentes de territorio marroquí.

El 24 de octubre de 2024, menos de tres semanas después de la sentencia del Tribunal, la Comisión de la UE presentó solicitudes al Tribunal para que "rectificara los párrafos anteriores de cada sentencia, los mismos párrafos que aclaran que la población del Sáhara Occidental, que tiene derecho a dar su consentimiento en virtud de su derecho a la autodeterminación, ha sido desplazada en su mayoría". "La Comisión alegó que estos párrafos contenían inexactitudes y declaró que no está claro si la mayoría del pueblo saharaui vive realmente fuera del territorio. La solicitud, que contó con el apoyo de los gobiernos de Francia y España, no se había hecho pública hasta ahora", denunció en febrero Western Sahara Resource Watch, un observatorio ubicado en Bélgica que denuncia la ocupación de la antigua colonia española por Marruecos.

El intento de modificar el articulado de la sentencia en beneficio de los intereses de Marruecos se hizo con total oscurantismo. La Comisión Europea no comunicó a los parlamentarios de la UE, en las audiencias que tuvieron lugar durante el otoño de 2024, que había solicitado al Tribunal de la UE que revisara párrafos clave de las resoluciones sobre comercio y pesca. Tampoco el titular de Exteriores español, José Manuel Albares, o el de Agricultura y Pesca, Luis Planas, lo mencionaron en sus repetidas declaraciones públicas sobre este asunto.

De hecho, los representantes de la Comisión dijeron a los parlamentarios de las comisiones de Comercio Internacional, Pesca y Agricultura que todavía estaban analizando las sentencias. Una versión que también repitió el Ejecutivo español mientras mostraba su intención de preservar sus "buenas relaciones" con Marruecos. "Claramente, la Comisión simplemente estaba ganando tiempo mientras esperaba los resultados de sus esfuerzos por socavar los derechos del pueblo saharaui", denuncia Sara Eyckmans, de Western Sahara Resource Watch.

El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió dos sentencias en las que concluía que tanto el Acuerdo Comercial Preferencial UE-Marruecos como el Acuerdo de Pesca UE-Marruecos son inaplicables en el Sáhara Occidental, ya que la población del territorio no había dado su consentimiento. El tribunal los declaró nulos.

En las sentencias, el Tribunal añadió párrafos aclaratorios en los que se establece que existe una diferencia entre la «población» del Sáhara Occidental y el «pueblo» del Sáhara Occidental, que es el que tiene derecho a la autodeterminación. «Ese pueblo, que en su mayor parte ha sido desplazado, es el único titular del derecho a la autodeterminación con respecto al territorio del Sáhara Occidental. El derecho a la autodeterminación pertenece a ese pueblo, y no a la población de ese territorio en general, de la cual, según las estimaciones proporcionadas por la Comisión en la audiencia ante el Tribunal de Justicia, solo el 25 % es de origen saharaui», dictaminó el tribunal.