El saharaui Al Hussein al Bachir Ibrahim huyó a España en una patera el 11 de enero de 2019. Temía ser arrestado, torturado, encarcelado o asesinado por su activismo. Tres días después compareció ante un tribunal español. Solicitó asilo alegando ser estudiante universitario y activista de derechos humanos y defender el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. En un proceso exprés, apenas seis jornadas después de llegar a España fue deportado a Marruecos. Comenzó entonces un calvario carcelario sobre el que acaba de pronunciarse la ONU.

“La privación de libertad de Al Hussein al Bashir Ibrahim es arbitraria, ya que es contraria a los artículos 9 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y corresponde a las categorías I y II”, señala el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria pide a Marruecos en una decisión hecha pública esta semana. Su caso fue desempolvado el pasado septiembre, cuando varias decenas de saharauis pidieron asilo y protección internacional tras aterrizar en el aeropuerto madrileño de Barajas.

"Liberación inmediata"

La ONU señala que, ante tales hechos, “la medida adecuada consistiría en liberarle inmediatamente y concederle el derecho a obtener reparación, en particular en forma de indemnización, de conformidad con el derecho internacional”. Insta, asimismo, al “Gobierno de Marruecos a que garantice una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias de la arbitraria privación de libertad de Al Bashir Ibrahim y a que adopte las medidas necesarias contra los responsables de la violación de sus derechos”.

A su llegada a España, el joven -también conocido como Hisham Amadour- manifestó que sus amigos, llamados “Grupo de El Uali” o “Grupo de Estudiantes”, habían sido perseguidos por las autoridades marroquíes. Dos de los integrantes del grupo, alegó, habían sido asesinados por las fuerzas de seguridad marroquíes. El juez ordenó su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Hoya Fría (Tenerife), pero, en su lugar,  fue escoltado por funcionarios del Ministerio del Interior, dirigido desde 2018 por el magistrado Fernando Grande-Marlaska, hasta Las Palmas, donde fue obligado a tomar un vuelo hacia Marruecos.

A su regreso a Marruecos, fue detenido inmediatamente por la policía de fronteras marroquí en la ciudad de Nador. Posteriormente fue trasladado a Casablanca antes de recalar en Marrakech, donde fue retenido para ser interrogado sobre sus actividades políticas y sometido a palizas durante un período de 48 horas, antes de ser presentado ante el discal del Rey el 21 de enero de 2019. Actualmente cumple doce años de prisión por formar parte del citado grupo y estar presuntamente involucrado en el asesinato de un joven marroquí, un cargo que él considera fabricado. Ha protagonizado huelgas de hambre para denunciar su situación y el maltrato entre rejas.

Para Moussayih Brahim, ex preso político saharaui y miembro del citado grupo, la decisión del grupo de trabajo de la ONU “concluye de manera inequívoca que su detención en una prisión marroquí constituye una detención arbitraria, basándose en las irregularidades procesales cometidas por las autoridades marroquíes tras su entrega por parte de España en el otoño de 2019; las prácticas de tortura a las que fue sometido durante su detención en una comisaría marroquí; la sentencia de 12 años impuesta en un juicio que no cumplió con los estándares mínimos de un proceso justo conforme al derecho internacional; y las condiciones deplorables de detención que padece actualmente”.

El sufrimiento de una familia

“Representa un avance en favor de la verdad y la justicia, sino también porque fortalece las legítimas demandas de la sociedad civil saharaui, que denuncia de forma constante la situación del pueblo saharaui en su conjunto, y de manera particular la de los presos políticos saharauis”, apunta Brahim en declaraciones a El Independiente. “Este grupo de personas continúa siendo objeto de múltiples violaciones de derechos fundamentales, como el derecho a las visitas familiares, a la educación y a la atención médica. A ello se suma el sufrimiento que enfrentan sus familias. Por ejemplo, la familia de El Hussein se ve afectada por su traslado forzoso a una prisión situada a más de 333 kilómetros de su lugar de residencia, cuando existe un centro penitenciario a tan solo 6. Su madre, que padece una insuficiencia renal aguda diagnosticada tras la detención de su hijo, se ve imposibilitada de visitarlo, lo que agrava aún más el sufrimiento tanto del preso como de su familia”, agrega.

El grupo de la ONU exonera a España de la detención arbitraria en territorio nacional y señala que se le proporcionó traductor y abogado. Según el abogado del activista, Mads Andenas, “si bien el organismo de la ONU no consideró que la detención en España fuera ilegal, el regreso de Hussein a Marruecos, sin una evaluación individualizada de sus necesidades de protección, plantea serias preocupaciones sobre el derecho a solicitar asilo y las obligaciones de España en virtud del derecho internacional de los refugiados”. El grupo insta, no obstante, a España a que reconozca su papel en la cadena de acontecimientos que condujeron a la detención ilegal de Hussein y a que adopte todas las medidas diplomáticas disponibles para apoyar su liberación.

Para el comité noruego de apoyo al Sáhara Occidental, “la opinión del organismo de la ONU refuerza la creciente preocupación internacional con respecto a la persecución sistemática de defensores de derechos humanos saharauis por parte de Marruecos”. El también abogado de Hussein, Tone Sørfonn Moe, “la última decisión del organismo de la ONU expone la naturaleza sistemática de las represalias contra los jóvenes saharauis y los defensores de los derechos humanos, subrayando la necesidad de una intervención urgente para proteger a la próxima generación de defensores de los derechos humanos en el Sáhara Occidental”.