“Mi vecino dijo que había soñado que yo intentaba matarlo. No me quiere [en la comunidad], por eso me acusó”, relata Fawza, residente del campo de Gnani. Cientos de mujeres como Fawza, en su mayoría mayores, en el norte de Ghana han sido condenadas al destierro dentro de su propio país por acusaciones infundadas de brujería, denuncia este lunes Amnistía Internacional en un detallado informe que reúne sus testimonios de violencia y marginación.

La organización de derechos humanos documenta cómo estas mujeres, en su mayoría empobrecidas, enfermas o simplemente “diferentes”, han sido víctimas de una práctica que, pese a su arraigo cultural, ha derivado en una forma sistemática de persecución y violencia. “Me negué a que el jefe [de la aldea] se casara con ninguna de mis hijas. Un día, un niño se puso enfermo en la comunidad y el jefe me acusó”, comenta Fatma, residente del campo de Kukuo.

Marcadas de por vida

El informe Marcadas de por vida: Cómo las acusaciones de brujería conducen a violaciones de los derechos humanos de cientos de mujeres en el norte de Ghana expone cómo estas acusaciones —a menudo desencadenadas por un sueño, una enfermedad o una muerte en la comunidad— son utilizadas como excusas para expulsar, atacar o incluso asesinar a mujeres que no se ajustan a los estereotipos de género o que gozan de cierta autonomía.

Muchas de las víctimas han tenido que huir a campos informales donde viven bajo condiciones precarias, sin acceso adecuado a comida, agua potable, atención médica ni vivienda digna. “Las acusaciones de brujería y los abusos relacionados vulneran los derechos de cada persona a la vida, la seguridad y la no discriminación”, afirmó Michèle Eken, investigadora de Amnistía Internacional. “Esta práctica ha causado un sufrimiento incalculable y sigue sin recibir una respuesta contundente del Estado”.

Tidal reside en el campo de Gnani desde 2012. | Amnistía Internacional

Más de 500 mujeres

En los campos de Kukuo y Gnani, Amnistía documentó más de 500 personas desplazadas por estas acusaciones, en su mayoría mujeres de entre 50 y 90 años. Sus relatos evidencian una realidad alarmante: ser mujer, mayor y pobre en ciertas zonas de Ghana puede bastar para ser acusada de brujería y perderlo todo. Fawza, una de las residentes, fue expulsada después de que su vecino afirmara haber soñado que ella intentaba matarlo. Fatma fue señalada por negarse a casar a sus hijas con el jefe de la aldea.

“El gobierno ghanés ha fallado en su deber de proteger a estas mujeres”, lamenta Marceau Sivieude, director regional interino de Amnistía para África Occidental y Central. “No solo las ha dejado en condiciones infrahumanas, sino que tampoco ha investigado ni sancionado los ataques”.

Las mujeres acusadas de brujería no tienen un lugar seguro al que huir salvo unos campos, vigilados por líderes religiosos, en las regiones del norte y el nordeste de Ghana, que tienen ya más de un siglo de antigüedad

Sin sanidad ni techo

Aunque los campos ofrecen albergue, las condiciones de vida son poco adecuadas. Alimata tiene problemas con su alojamiento: “Tengo mi propia habitación aquí, pero hay que arreglar el tejado. Cuando llueve, cae agua a través del tejado”. Una residente de unos 80 años del campo de Kukuo no ha podido mantenerse desde que huyó de su aldea: “Echo de menos mucho [mi casa]. Lo tenía todo. Cosechaba nueces de karité. Ahora, si no me da de comer alguien, ¿cómo comería?”.

El gobierno no ha garantizado el acceso a alimentos suficientes, una vivienda segura y agua potable en los campos. Los servicios de salud también son insuficientes para las mujeres que tienen problemas de salud graves o en curso. Las oportunidades de subsistencia son limitadas y no hay ningún programa gubernamental de ayuda para las víctimas de acusaciones de brujería.

Yamina vive desde hace cinco años en el campo de Kukuo. | Amnistía Internacional

“Como la gente en los campos no puede valerse por sí misma, las autoridades tienen la obligación de protegerlas y ayudarlas. Pero hasta ahora no lo han hecho”, declaró Marceau Sivieude, director regional interino de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.

Pese al interés reciente del Parlamento en reactivar un proyecto de ley para penalizar las acusaciones de brujería y proteger a las víctimas, Amnistía señala que los esfuerzos son insuficientes si no van acompañados de una campaña nacional sostenida contra los estigmas culturales que alimentan esta forma de violencia de género. La creencia en la brujería está arraigada en varias comunidades. "Limitarse a penalizar las acusaciones de brujería no resolvería el problema. Aunque las ONG y el gobierno local han puesto en marcha algunas iniciativas de sensibilización, éstas no son suficientes para combatir de forma integral los estereotipos ligados a las acusaciones de brujería", subraya la organización.

Los testimonios señalan la inacción del Estado a la hora de establecer un entorno propicio para que se hagan investigaciones y enjuiciamientos penales de los ataques relacionados con la brujería. Esto, a su vez, contribuye a la recurrencia de las acusaciones y abusos relacionados. Al no proporcionar un marco legal específico para abordar esta práctica nociva, las autoridades ghanesas incumplen su obligación de proteger a las víctimas.

“Las autoridades deben aprobar legislación que penalice expresamente las acusaciones de brujería y los ataques rituales, y que incluya medidas de protección para posibles víctimas”, señala Genevieve Partington, directora de país de Amnistía Internacional Ghana y miembro de la Coalición contra Acusaciones de Brujería, asociación creada tras el linchamiento de una mujer de 90 años en julio de 2020.