Escudriñan las redes sociales en busca de las pruebas de la participación de sus dueños en acciones militares en la Franja de Gaza. Y vigilan los movimientos de los reservistas y los soldados cuando concluye su servicio militar o viajan al extranjero en busca de vacaciones. Su misión es, una vez abandonado Israel, presentar cargos por crímenes de guerra en los tribunales de los países elegidos para su escapada.

En un año de vida la Fundación Hind Rajab, una organización establecida en Bélgica, ha firmado varios miles de denuncias contra soldados y reservistas israelíes implicados en la guerra en Gaza, una operación militar que en 17 meses ha segado la vida de más de 50.000 palestinos e herido a decenas de miles convirtiendo el enclave en un páramo inhabitable, reducido a montañas de escombros.

El soldado israelí denunciado en España.

"Poner fin a la impunidad israelí"

“La fundación se creó en 2024 y tiene su sede en Bruselas. La fundación es el brazo legal del movimiento 30 de marzo. Fue creada por varios abogados y activistas que se unieron para lograr un impacto en el fin de la impunidad israelí en relación con los crímenes de guerra y las violaciones de los derechos humanos en Palestina, en particular en la Franja de Gaza”, relata en conversación con El Independiente un portavoz de la organización, que exige anonimato.

Durante este último año y medio, los miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel han recurrido a TikTok, Instagram, YouTube y otras plataformas de redes sociales para mostrar su trabajo en Gaza. Los clips muestran con crudeza voladuras de edificios entre el júbilo de los uniformados; el saqueo de las viviendas o la exhibición de la ropa interior de sus otrora propietarios, obligados a un interminable vía crucius de éxodos internos en la Franja bajo incesantes bombardeos.

“Nuestro equipo de investigación monitorea internet y las redes sociales para recopilar evidencias de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Nuestro equipo legal luego construye un caso basado en esta evidencia y lo presenta ante la Corte Penal Internacional (CPI) o los fiscales locales pertinentes”, señalan a este diario desde la fundación. Las demandas incluyen fotografías, vídeos y datos de geolocalización.
Soldados israelíes en una casa gazatí.

Un caso en España

En España el único caso presentado hasta la fecha se registró el pasado enero. La Fundación Hind Rajab y la Comunidad Palestina en Cataluña presentaron una denuncia legal urgente por crímenes de guerra contra el sargento Mori Keisar, miembro de las Fuerzas de Defensa Israelíes aprovechando que se hallaba de vacaciones en Barcelona. Keisar, detallan los denunciantes, pertenece a la Brigada Givati, Batallón 435, Compañía Mitzvait, Pelotón Retek. Se le acusa a  Keisar de "genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra durante la operación militar israelí en Gaza". La demanda judicial se apoya en numerosas pruebas recogidas entre enero y marzo de 2024. Figuran, por ejemplo, el uso militar de viviendas civiles; el ataque a escuelas de la ONU; la demolición de viviendas propiedad de civiles; disparos indiscriminados o desplazamiento forzoso de miles de gazatíes.

Hasta la fecha, sin embargo, el caso español no ha registrado avances, muestra de los obstáculos que separan a la fundación y su cacería del éxito. “Hasta ahora no se ha producido ninguna detención, ya que los soldados israelíes han sido sacados de contrabando de los países en los que presentamos una denuncia”, admiten. “Sin embargo, el último caso en Brasil demostró que no estamos tratando de crear una forma simbólica de acción legal, sino que estamos procediendo con vigor y realmente creemos que estos casos eventualmente conducirán a la justicia. Estamos solo en el comienzo de nuestra batalla legal”, deslizan.

La fundación debe su nombre a Hind Rajab, una niña palestina de cinco años asesinada por el ejército israelí, que en enero de 2024 atacó el vehículo en el que huía junto a su familia del norte del enclave. También murieron los paramédicos que acudieron a socorrerla. Una investigación reveló que Rajab y cinco miembros de su familia fueron blanco de 335 balas del ejército israelí. La pequeña se ha convertido en un símbolo de las violaciones cometidas.

Desde la entidad que trata de mantener viva su memoria persiguiendo a los soldados israelíes señalan que el mayor desafío a su labor es “la reacción del gobierno israelí para auxiliar a los soldados de estos países”. “Aunque esto suena como una admisión de los crímenes, está fuera de nuestro control prevenir tales comportamientos. Sólo las fuerzas del orden de los países donde hemos presentado denuncias pueden tomar medidas contra ellos y los animamos a hacerlo”, replican.

Hasta ahora no se ha producido ninguna detención, ya que los soldados israelíes han sido sacados de contrabando de los países

En total, la fundación ha firmado en este año y media hasta 8.000 demandas. “Hemos presentado un caso contra 1000 soldados en la Corte Penal Internacional en octubre de 2024, y decenas de casos en todo el mundo, algunos de los cuales hemos comunicado, como Brasil, Chipre, Argentina o Suecia, y otros no”, desvelan quienes manejan con discreción el número de voluntarios implicados en la tarea de revisión de las redes sociales en busca de nuevos casos e incluso los procedimientos llevados a cabo.

La fundación mantiene casos contra funcionarios estatales, altos mandos y soldados de menor rango. Los tribunales nacionales pueden enjuiciar los delitos internacionales en virtud del principio de jurisdicción universal, que permite a un Estado procesar a personas por delitos internacionales graves, independientemente del lugar donde se haya cometido el delito o de la nacionalidad de la víctima o del autor. No obstante, las normas de jurisdicción universal varían según el país. De momento, la mayor esperanza se centra en los uniformados con doble nacionalidad.

“La mayoría de los países tienen la tendencia a decir: 'este no es nuestro problema, vayan a otro lado, vayan a la Corte Penal Internacional o vayan al propio Israel'”, admiten desde la fundación. “Estamos intentando entrar en ese debate con ellos, intentando convencerlos, intentando educarlos sobre el hecho de que tienen jurisdicción. Es importante seguir haciéndolo porque necesitamos cambiar la mentalidad de los fiscales y jueces, y eventualmente también de los políticos en muchos países del mundo en cuanto a cómo ven el derecho internacional”.