El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha escrito a sus trabajadores recordándoles que están obligados a cumplir con las medidas que se aprueben relacionadas con la inmigración, y que la ley federal les “prohíbe resistirse, obstruir o no cumplir de cualquier otra manera con las órdenes relacionadas con la inmigración legal”. La carta hace referencia a los planes de Trump de llevar a cabo la mayor deportación masiva de la historia de Estados Unidos, orden a la que el Gobierno entiende que muchos empleados públicos podrían intentar oponerse. Serán los fiscales y otros empleados del Departamento de Justicia quienes deberán investigar y procesar a esos funcionarios que no cooperen con las órdenes del presidente.

La carta, que ha publicado en primer lugar el Washington Post, es solo una muestra de las medidas que ya está tomando el Gobierno de Donald Trump para asegurarse de que los empleados públicos cumplen con lo que les pide. Porque lo contrario, se les advierte, constituiría un crimen que podría acarrear años en prisión. El email recoge ejemplos concretos: no aportar toda la información sobre el estatus migratorio de una persona sería un delito que llevaría a la cárcel, lo mismo que encubrir a un migrante que está en Estados Unidos de forma ilegal. Ese tipo de acciones, cuando se detecten, se comunicarán como “urgentes” a la dirección del Departamento para que tome medidas contundentes, pese a que los expertos insisten en que es legal negarse a aplicar estas leyes por cuestiones morales.

Los empleos de los funcionarios de Justicia dependen de que cumplan con las órdenes, amenaza Trump, pero quienes ya han perdido sus trabajos son los trabajadores de los programas de diversidad, equidad e inclusión (conocidos como DEI en EEUU, por sus siglas en inglés). Después de que el presidente firmase el lunes una orden ejecutiva al respecto, desde este miércoles a las cinco de la tarde todos están en excedencia y sus oficinas, cerradas. En los próximos días, serán despedidos o recolocados en otras áreas, detalla un memorándum enviado por la Oficina de Gestión de Personal a los afectados. También desaparecerán todas las páginas webs, redes sociales y otras formas de comunicación de dichos programas.

Según la orden de Trump, estos programas de igualdad “han dividido a los estadounidenses por raza, han malgastado el dinero de los contribuyentes y han dado lugar a una vergonzosa discriminación”. El Gobierno advierte de que habrá “serias consecuencias” para todos aquellos que en los próximos diez días no avisen de cualquier intento de ocultar a empleados relacionados con estos programas o con contratos activos. En esa misma línea Trump también firmó el lunes que Estados Unidos solo reconoce dos géneros, masculino y femenino, como el ala más extrema del Partido Republicano le pedía. Hace solo unas semanas, una congresista consiguió presentar una iniciativa para que la única representante trans de la Cámara no pueda usar los baños de mujeres. 

Con estos decretos, el presidente de EEUU que asumió el cargo este lunes busca desmantelar la agenda de Joe Biden, y por eso el día de su toma de posesión y en el estadio de baloncesto de Washington Capitol One Arena firmó una orden ejecutiva que tumbó 78 decretos del expresidente. Sus críticos advierten que es política-espectáculo (como también lo es que decidiese tirar al público el rotulador con el que la había firmado), porque muchas de las medidas firmadas no pueden aprobarse por decreto, y van a encontrarse con problemas en los tribunales. Pero el mandatario prefería mostrar al mundo en su primer día en el cargo que él cumple con las promesas que hace, y eso incluía dejar sin efecto órdenes que exigían a los trabajadores públicos promover la diversidad en sus plantillas y entre las personas que accedían a sus programas, en pro de la igualdad y la equidad. 

El ahorro de Elon Musk

Todos estos movimientos y decisiones con el objetivo de prescindir de empleados públicos o de someterlos a las nuevas directivas llegan antes de que se haya puesto en marcha el recién creado departamento para reducir el gasto público, o Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), que dirigirá el multimillonario Elon Musk. En un primer momento, no estaba previsto que fuese una rama del gabinete de Trump, puesto que Musk es el máximo ejecutivo de varias compañías que o bien se benefician de contratos públicos o bien están siendo o han sido investigadas por el Gobierno, pero por el momento consta que se le dará acceso a todo tipo de datos sobre el funcionamiento del Estado y las operaciones de las agencias federales, y ya tiene correo de la Casa Blanca. 

El fundador y líder de Tesla y SpaceX ha prometido recortar el gasto público en 500.000 millones al año, y en ese proyecto iba a acompañarle el también multimillonario emprendedor y candidato a las primarias republicanas del año pasado Vivek Ramaswamy, que finalmente ha dado un paso al lado para presentarse a gobernador de Ohio. Sin embargo, la realidad es que su salida también tiene que ver con importantes diferencias con Musk, según varios medios estadounidenses que han entrevistado a personas cercanas a los planes de ambos. Los choques eran tales que la semana pasada decidieron que Musk se encargaría de la parte tecnológica y de gasto, y Ramaswamy a la regulación y a la situación administrativa. Pero las tensiones seguían surgiendo y el empresario de Ohio ha terminado apartándose.

Con todo, no está claro cuánto tiempo puede durar Musk cerca de Trump. El círculo cercano del presidente lleva meses advirtiéndole de que no es uno de los suyos, e incluso lo ha insultado en público, y Musk no ha eludido el enfrentamiento. El último rifirrafe público tuvo lugar este miércoles, cuando Musk criticó el enorme programa que Trump anunció en la tarde del martes para construir infraestructura para desarrollar inteligencia artificial.

La iniciativa está financiada por Softbank, Oracle y la empresa detrás de ChatGPT Open AI, que han prometido invertir 100.000 millones de dólares en construir centros de IA este año y otros 400.000 a lo largo de los próximos cuatro. Cuando se produjo el anuncio, Musk escribió en X, su red social “realmente no tienen el dinero” y “SoftBack tiene mucho menos que 10.000 millones. Tengo buenas fuentes”. En respuesta, el CEO de OpenAI, Sam Altman, le respondió: “No llevas razón, como sin duda sabes. ¿Quieres venir a visitar el primer centro que ya está en marcha? Esta es genial para el país. Me doy cuenta de que lo que es bueno para el país no siempre es lo que es mejor para tus empresas, pero espero que en tu nuevo puesto pongas a Estados Unidos primero la mayoría de las veces”.