El presidente estadounidense, Donald Trump, ignoró este sábado la orden de un juez que exigía volviesen al país dos aviones con venezolanos acusados de pertenecer a bandas criminales y que iban camino de El Salvador. Según la Administración de EEUU, cuando se conoció la decisión del juez los aviones ya estaban en aguas internacionales y "por tanto" el fallo no tenía efectos. Se trata de una decisión que ha sembrado la polémica y que se produce tras días en los que diferentes altos cargos del Gobierno de Trump han insistido en que los jueces no pueden decirle al presidente qué puede y qué no puede hacer, porque ha sido elegido en el marco de unas elecciones democráticas. Esos mismos altos cargos, como la portavoz del Gobierno Karoline Leavitt, también han sugerido que los jueces no tienen potestad para dar órdenes al presidente porque no han sido elegidos por los ciudadanos.

La decisión ha hecho saltar todas las alarmas entre los críticos de Trump, que hablan de una "verdadera crisis constitucional" por haber desafiado una orden judicial abiertamente, y mantienen que podría llevar al presidente a un proceso político de destitución o impeachment. De su lado, la Casa Blanca dice oficialmente que la orden del juez simplemente llegó demasiado tarde, al mismo tiempo que mantiene que está dispuesta a librar una batalla judicial y a llegar al Tribunal Supremo si es necesario, donde espera ganar porque seis de los nueve jueces que lo componen son conservadores -a tres los nombró el propio Trump-. Sin embargo, altos funcionarios han asegurado a varios medios de comunicación que el fallo del juez llegó a tiempo y se decidió seguir adelante.

El juez de distrito James Boasberg emitió un fallo el sábado para bloquear una orden que el presidente de EEUU había firmado el viernes, con la que pretendía deportar a alrededor de 250 acusados de pertenecer a la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Con su orden ejecutiva, Trump invocaba la conocida como Alien Enemies Act o Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1789 que solo se ha usado de forma extraordinaria y nunca después de la Segunda Guerra Mundial, para llevar a cabo estas deportaciones sin un juicio ni audiencia previa. Al contrario de lo que sucede habitualmente, la firma de esa orden no se comunicó ni publicitó por los canales habituales -comunicados de prensa, publicaciones en redes sociales o en la web de la Casa Blanca-, y no se filtró hasta el sábado por la mañana.

Policías de El Salvador trasladan a supuestos miembros de la banda criminal conocida como Tren de Aragua este domingo, en el aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero, en San Luis Talpa. Fotografía cedida por la Presidencia de El Salvador.

Horas después de conocerse la noticia, activistas hicieron saltar la alarma: había vuelos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés) estaban saliendo de Texas hacia El Salvador, país que había accedido a acoger a presuntos criminales deportados de Estados Unidos. Fue entonces cuando el juez Boasberg ordenó detener las deportaciones y exigió que los aviones se diesen la vuelta en mitad del viaje. "Es una de esas cosas de las que debes asegurarte que se cumplen inmediatamente", dijo el magistrado al Departamento de Justicia, según publicó el Washington Post.

Según ha publicado Axios, en ese momento altos cargos de la Casa Blanca discutieron si debían ordenar el regreso del avión, y si el fallo de un juez aplicaba en aguas internacionales. Finalmente concluyeron que al encontrarse la aeronave fuera del espacio aéreo de Estados Unidos, "la orden no podía aplicarse", y optaron por continuar con las deportaciones. Sin embargo, de forma oficial el Gobierno de Trump no está admitiendo que haya desobedecido al juez, sino que trata de insistir en la necesidad de deportar a los presuntos criminales por su peligrosidad. "Si los demócratas quieren estar a favor de dar la vuelta a un avión lleno de violadores, asesinos y gángsteres a Estados Unidos, es una lucha en la que estamos felices de entrar", ha dicho este domingo Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, a Axios.

Otros no trataron de ocultar que la situación les parecía divertida. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tuiteó la noticia de la orden judicial con un "Uuups... demasiado tarde" y vamos emojis que reían a carcajadas, mensaje que fue retuiteado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Bukele se había ofrecido a encarcelar a los acusados en cárceles salvadoreñas "a un precio justo", según explicó Rubio, situación que "ahorrará dinero" al contribuyente estadounidense. "Una vez más, el presidente Bukele ha demostrado que no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino también un gran amigo de Estados Unidos", dijo el secretario de Estado y jefe de la diplomacia estadounidense en un comunicado.

Trump ha agradecido a Bukele su apoyo y ha culpado al expresidente Joe Biden y su partido de que los supuestos criminales entrasen a Estados Unidos. "Estos son los monstruos que el corrupto Joe Biden y los demócratas de izquierda radical enviaron a nuestro país. ¡Cómo se atreven!", dijo en su red social, Truth Social. El presidente agradeció a El Salvador y en particular a Bukele "su comprensión ante esta horrible situación", que en su opinión "se permitió en Estados Unidos debido a la incompetencia del liderazgo demócrata". "¡No lo olvidaremos!", concluyó.

Para la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, el juez se ha posicionado "con terroristas en lugar de con la seguridad de los americanos", y ha opinado que su orden "desprecia la bien establecida autoridad del presidente Donald Trump y su poder, y pone el cumplimiento de la ley en riesgo".

Por el contrario, varias ONG han rechazado las deportaciones al considerar que no siguen "el debido proceso". Los deportados están siendo "sometidos a un sistema carcelario señalado de abusos por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), alejados de sus familias y sin garantías para su defensa", ha lamentado la organización venezolana Provea, según ha publicado la agencia EFE, insistiendo en que han sido trasladados a un lugar donde "sus derechos no están protegidos, quedan aislados de sus familiares y donde dependen de lo que el Estado salvadoreño decida informar, si es que lo hace". "¿Sobre qué delitos están siendo juzgados? ¿En qué tiempo fueron procesados? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué derecho a la defensa se les garantiza? Estas deportaciones ignoran principios básicos del debido proceso y la defensa legal", ha dicho en un comunicado.