Un juez federal del estado de Maryland ha emitido este martes una orden preliminar con la que impide al multimillonario Elon Musk, al frente del Departamento de EEUU encargado de los recortes de gasto público, continuar con el desmantelamiento de la agencia para la ayuda al desarrollo del país (USAID). La orden considera que el cierre de la agencia es "probablemente inconstitucional", y exige que se den pasos para permitir que los trabajadores de la agencia vuelvan a ocupar su sede de Washington DC, que recuperen sus emails y ordenadores, inclusive todos aquellos que fueron puestos en excedencia. La decisión llega después de que otros jueces federales hayan obligado a la Administración a readmitir a miles de trabajadores que han sido despedidos a lo largo de las últimas semanas.

El juez de distrito Theodore D. Chuang ha determinado que los más de dos docenas de empleados de USAID llevan razón en sus demandas, en las que acusan a Musk de asumir el poder de las agencias federales de un modo "sin precedentes en la historia de Estados Unidos" y recalcan que, en su opinión, según la Constitución eso solo puede hacerlo alguien que haya sido elegido por el presidente y confirmado por el Senado como "oficial de los Estados Unidos", es decir, como pasa con todos los secretarios de los diferentes departamentos del Gobierno. En ese sentido, Cheung concluye que estas acciones están impidiendo que sean los representantes electos del país, congresistas y senadores, quienes decidan el cierre de una agencia.

Aun así, hay que esperar una decisión definitiva del juez, pero por el momento ha ordenado tanto la preparación del regreso de los empleados y que los empleados del DOGE no vuelvan a participar en nuevas reducciones de plantilla o ceses de contratos.

"El hombre más rico del mundo, que también fue quien más aportó a la campaña de reelección del presidente, está desmantelando el poder ejecutivo poco a poco", ha dicho el Fondo Estatal para los Defensores de la Democracia (SDDF, por sus siglas en inglés), una organización que asegura buscar preservar la democracia en EEUU y que ha coordinado y presentado estas demandas contra el presidente en todo el país. Según el grupo, los padres de la Constitución crearon las confirmaciones del Senado precisamente para "evitar un espíritu de favoritismo" que pudiera resultar de "personajes no aptos" con ánimo de ejercer demasiada autoridad.

Elon Musk y su equipo han intentado, y en algunos casos conseguido, acceder a datos y sistemas del funcionamiento del Gobierno a los que está prohibido que accedan ciudadanos sin permiso expreso, de nuevo según la demanda. Y, en los casos en los que han encontrado oposición por parte de los funcionarios u otros trabajadores públicos, le equipo de Musk ha amenazado con despidos, aseguran los demandantes. Por eso, según el juez, queda claro que el empresario no es un mero asesor del presidente, como han argumentado desde la Administración. El magistrado señala publicaciones del propio Musk en X, su red social, donde dice que tiene "el firme control" del DOGE, el departamento estatal encargado del gasto público, así como otros en los que dice que había metido a la agencia USAID "en la trituradora de madera".

El Gobierno estadounidense ha cancelado el 83% de los programas de la agencia Usaid, lo que en la práctica supone su desmantelamiento. Además, la Administración Trump está negociando con congresistas para enviar a los mil contratos restantes al Departamento de Estado.