Alta tensión en Washington. El juez de distrito James E. Boasberg ha sentado este lunes en el banquillo a la Administración de Donald Trump -de forma física se ha sentado su abogado defensor, el letrado del Departamento de Justicia Abhishek Kambli- para determinar si el Gobierno estadounidense desobedeció el sábado una orden del mismo juez que buscaba detener el proceso de deportación de cientos de venezolanos a El Salvador. Pero a lo largo de la audiencia, el magistrado no ha conseguido que el representante gubernamental aporte detalles sobre su comportamiento de este pasado fin de semana, con lo que ha exigido al Gobierno que recopile los datos exigidos y los facilite al juzgado antes del mediodía del martes.

El sábado, el Gobierno de Donald Trump envió más de 200 personas, algunos sospechosos de pertenecer a una banda criminal llamada Tren de Aragua, a El Salvador. Lo hizo pese a que el propio juez Boasberg había emitido una orden que exigía parar esos vuelos de deportación, con la que buscaba que los aviones se diesen la vuelta. Sin embargo, la Casa Blanca mantiene que como la orden llegó cuando los aviones ya estaban en aguas internacionales el juez no tenía jurisdicción sobre los mismos, y siguió adelante. Esa decisión de ignorar la orden de un juez ha disparado la tensión entre el poder ejecutivo y el judicial, después de semanas de tira y afloja porque diferentes jueces han tratado de revertir decisiones de Trump, y en varias ocasiones la Administración ha considerado que la justicia no puede interferir en las acciones del presidente. En otras, ha hecho oídos sordos.

Por el momento, el juez ha dejado claro que no busca determinar si el Gobierno de Trump tenía derecho a enviar a los migrantes a El Salvador, sino que se centrará en la cronología de los hechos, es decir, en qué sucedió y a qué hora para así poder decidir si el Gobierno violó su decisión del sábado. También ha asegurado que no tomará una decisión al respecto este mismo lunes, sino que exigirá recibir más información antes del mediodía del martes y la próxima audiencia se celebrará el viernes, también a mediodía.

El enviado de la Administración Trump, Abhishek Kambli, se ha negado a contestar a la pregunta de cuántos aviones salieron de Estados Unidos con deportados este fin de semana, y se ha centrado en recalcar que el Gobierno no desobedeció ninguna orden judicial, pero sin aportar detalles. El abogado ha insistido en que la única información que está autorizado a desvelar, incluso a un juez, es que ni se ignoró ni desobedeció la orden, porque cuando los aviones despegaron no existía tal orden. Y que no puede decir más por "motivos de seguridad nacional", ha asegurado, según ha contado el New York Times, que ha accedido a la declaración.

Antes de que tuviese lugar la audiencia, el Departamento de Justicia pidió cancelarla, afirmando que no podría facilitar más información sobre el incidente, pero el juez Boasberg denegó la petición.

Entre los detalles que el juez ha pedido conocer están cuántos aviones salieron el fin de semana de Estados Unidos hacia El Salvador llevando a deportados, cuándo despegaron y aterrizaron, bajo qué autoridad se trasladó a esas personas -que no han tenido derecho a un juicio, y ni siquiera están acusados formalmente de ningún delito en EEUU-. También ha pedido que la Administración explique cuánta gente cree que está bajo el paraguas de la ley del siglo XVIII que Trump ha invocado para llevar a cabo estas deportaciones, que solo se había usado tres veces hasta el momento en toda la historia de Estados Unidos y siempre en periodo de guerra, lo que justifica las deportaciones de extranjeros sin juicios.

El punto de fricción entre la Casa Blanca y el juez parece ser en qué momento se emitió su orden. El Departamento de Justicia, que en la audiencia ha representado a la Administración Trump, argumenta que el magistrado dictó una orden verbal desde su estrado que no consideraron definitiva, y que la orden escrita no se emitió hasta una hora después, cuando los aviones ya estaban en el aire. Para conocer la verdad, los abogados de la acusación, la organización sin ánimo de lucro American Civil Liberties Union (ACLU), han exigido al Gobierno que publique declaraciones juradas con los detalles de los vuelos

Camino de una "crisis constitucional"

A la salida de la audiencia, el abogado de la acusación Lee Gelernt ha expresado su preocupación por que la Administración desobedezca a sabiendas una orden judicial, y ha dicho que cree que el país está hoy "un paso más cerca de una crisis constitucional". "Creo que estamos muy cerca", ha dicho ante los medios de comunicación. Después, por escrito, ha recalcado que "nada" de lo que ACLU ha oído esta tarde "ha aliviado" sus preocupaciones. "Realmente, ha reforzado nuestras preocupaciones acerca de que podría haberse violado la orden de un juzgado federal. La Administración parece directamente estar diciendo al juzgado federal que le deje hacer en paz", ha lamentado.

Por su parte, la Casa Blanca se ha abstenido de comentar la audiencia, aunque a lo largo del lunes recalcó que el Gobierno no había desobedecido la orden de ningún juez, porque ese juez no tenía potestad para mandar al presidente en asuntos de política exterior. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también ha asegurado que los aviones solo podían obedecer órdenes en suelo estadounidense, y no después, e insistió en que "había dudas" de que una orden verbal de un juez tenga "el mismo peso" que una por escrito. "Nuestros abogados son quienes deben preguntar y contestar esas preguntas en el juzgado", dijo.