El presidente del Tribunal Supremo estadounidense, el juez John G. Roberts Jr., ha reprendido este martes al presidente del país, Donald Trump, tras llamar "lunático radical de izquierdas" al juez que intentó parar sus deportaciones del sábado a El Salvador y pedir su destitución. "Pedir el impeachment no es una respuesta apropiada a un desacuerdo relacionado con una decisión judicial", ha lamentado Roberts en un comunicado. La decisión es sorprendente porque el líder del Supremo, de vocación conservadora, raramente emite comunicados públicos, pero esta vez ha decidido hacer una excepción.

"Durante más de dos décadas se ha establecido que el impeachment [juicio político] no es una respuesta apropiada a un desacuerdo relacionado con una decisión judicial. El proceso normal de apelación está para ese propósito", ha dicho el juez. Trump, en su mensaje publicado en la mañana de este miércoles, había calificado al magistrado que intentó impedir sus deportaciones de "alborotador y un agitador". "Como muchos de los jueces deshonestos ante los que he tenido que comparecer, debería ser PROCESADO", dijo en un mensaje publicado en su red social, Truth Social, en el que destacó que él fue escogido presidente en las elecciones de noviembre y el juez no. "Solo estoy haciendo lo que los votantes quieren que haga", defendió.

"El lunático radical de izquierdas del juez, el alborotador y agitador que tristemente fue nombrado por Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente - no GANÓ el voto popular (¡por mucho!), no GANÓ EN LOS SIETE ESTADOS CLAVE, no ganó 2.750 a 525 condados, ¡NO GANÓ NADA! YO GANÉ POR MUCHAS RAZONES, EN UN MANDATO ABRUMADOR, PERO COMBATIR LA INMIGRACIÓN ILEGAL PODRÍA HABER SIDO LA PRINCIPAL RAZÓN DE ESTA VICTORIA HISTÓRICA. Solo estoy haciendo lo que los VOTANTES quieren que haga. Este juez, como muchos de los jueces deshonestos ante los que he tenido que comparecer, ¡¡¡debería ser PROCESADO!!! NO QUEREMOS CRIMINALES CRUELES, VIOLENTOS Y DEMENTES, MUCHOS TAMBIÉN TRASTORNADOS ASESINOS, EN NUESTRO PAÍS. ¡HAGAMOS AMÉRICA GRANDE DE NUEVO!", escribió Trump.

Este lunes, el juez de distrito James E. Boasberg sentó en el banquillo a la Administración de Donald Trump para determinar si el Gobierno estadounidense desobedeció el sábado una orden del mismo magistrado que buscaba detener el proceso de deportación de cientos de venezolanos a El Salvador. Ese día, el Gobierno de Trump hizo despegar varios aviones con más de 200 personas, algunos sospechosos de pertenecer a una banda criminal llamada Tren de Aragua, camino a una cárcel que había ofrecido del salvadoreño Nayib Bukele, y lo hizo pese a que el juez Boasberg había emitido una orden que exigía parar esos vuelos de deportación, con la que buscaba que las aeronaves se diesen la vuelta.

Sin embargo, la Casa Blanca mantiene que la orden llegó cuando los aviones ya estaban en aguas internacionales y que por tanto el juez no tenía jurisdicción sobre los mismos, y siguió adelante. Esa decisión de ignorar la orden de un juez ha disparado la tensión entre el poder ejecutivo y el judicial, después de semanas de tira y afloja porque diferentes jueces han tratado de revertir decisiones de Trump, y en varias ocasiones la Administración ha considerado que la justicia no puede interferir en las acciones del presidente. En otras, ha hecho oídos sordos.

Ahora, el juez Boasberg tratará de comprender por qué la Administración desobedeció su orden, para lo que se centrará en la cronología de los hechos, es decir, en qué sucedió y a qué hora. En la tarde del lunes, el abogado del Gobierno, Abhishek Kambli, se ha negó a contestar la mayoría de preguntas del juez exigiendo detalles, insistió en que no se ignoró ni desobedeció ninguna orden y en que no podía hablar más por "motivos de seguridad nacional", según medios que presenciaron la audiencia. Entre los detalles que ha pedido conocer están cuántos aviones salieron el fin de semana de Estados Unidos hacia El Salvador llevando a deportados, cuándo despegaron y aterrizaron, bajo qué autoridad se trasladó a esas personas -que no han tenido derecho a un juicio, y ni siquiera están acusados formalmente de ningún delito en EEUU-.

También ha pedido que la Administración explique cuánta gente cree que está bajo el paraguas de la ley del siglo XVIII que Trump ha invocado para llevar a cabo estas deportaciones, que solo se había usado tres veces hasta el momento en toda la historia de Estados Unidos y siempre en periodo de guerra, lo que justifica las deportaciones de extranjeros sin juicios.

Por el momento, el punto de fricción entre la Casa Blanca y el juez parece ser en qué momento se emitió su orden. El abogado del Departamento de Justicia que en la audiencia representó la Administración Trump argumentó que el magistrado dictó una orden verbal desde su estrado que no consideraron definitiva, y que la orden escrita no se emitió hasta una hora después, cuando los aviones ya estaban en el aire. Para conocer la verdad, los abogados de la acusación, la organización sin ánimo de lucro American Civil Liberties Union (ACLU), exigieron al Gobierno que publique declaraciones juradas con los detalles de los vuelos.

Ahora, el Gobierno debe recopilar los datos exigidos y facilitárselos al juzgado antes del mediodía del martes, hora de la costa este estadounidense (las 17:00 de la España peninsular). La próxima audiencia se celebrará el viernes, también a mediodía.