El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva con la que pide a su secretaria de Educación, la empresaria Linda McMahon, empezar a desmantelar la agencia. Trump no podrá cerrar del todo el Departamento, como había prometido, porque eso requiere de una supermayoría en el Congreso que solo podría conseguir con los votos de los demócratas, pero por el momento pretende reducir esta rama del Estado a su mínima expresión -si los jueces no se lo impiden-. La semana pasada ya despidió a casi la mitad de sus trabajadores.

El cierre del Departamento de Educación ha sido uno de los objetivos del Partido Republicano desde hace décadas, o incluso desde que el expresidente Jimmy Carter lo abrió en 1980, pero ha aumentado en los últimos años. Además, por primera vez, Trump ha trasladado su objetivo de controlar la educación a la universidad, y ha amenazado a varias con retirarles la financiación pública que reciben si no revisan sus protocolos, lenguaje u otro tipo de políticas internas, en un gesto que los profesores temen que altere de forma significativa los contenidos que se enseñan en las aulas.

Pero empecemos por el principio. ¿De dónde viene la obsesión por el Departamento de Educación? Cuando la pandemia del coronavirus obligó a los niños estadounidenses a recibir las clases online a la vez que muchos de sus padres trabajaban desde casa, algunos se fijaron por primera vez en lo que se enseñaba en clase. Y muchos de los que no les gustó lo que vieron presionaron para conseguir tener más voz a la hora de decidir qué contenidos reciben sus hijos, lo que convirtió la educación en un tema central de la campaña del republicano.

Trump ha aprovechado ese movimiento para insistir en la idea de eliminar el Departamento de Educación, que concibe como una cartera dedicada a formar a niños en "ideologías antiamericanas", como califica las cuestiones de raza y de género, y en "odiar" a su país. El contenido de los libros y las clases que reciben los alumnos es ya hoy competencia de los estados, pero el presidente lleva meses repitiendo que es culpa de este Departamento que los colegios estén llenos de profesores "que odian a nuestros niños", y que quiere sustituir por profesionales "que abracen valores patrióticos y que apoyen el modo de vida americano".

Una y otra vez, el magnate ha repetido que los estándares académicos han caído a lo largo de los últimos años y que la agenda "woke" impuesta por la izquierda tiene la culpa, y, en concreto, el Departamento de Educación. En su opinión, si toda la educación del país la gestionasen los estados, el nivel académico de los niños subiría, y por eso -dijo en campaña- estaba "desesperado" por eliminarlo.

"Drenaremos el pantano de la educación gubernamental y pararemos el abuso contra los contribuyentes para adoctrinar a los jóvenes estadounidenses con todo tipo de cosas que no queréis que nuestros jóvenes escuchen", dijo el entonces candidato presidencial en un evento de campaña en Wisconsin el pasado septiembre. Según las encuestas, alrededor de la mitad de los estadounidenses piensan como él y están a favor de cerrar la agencia, aunque el resultado de algunas otras, como una reciente del Wall Street Journal, varía ligeramente y revela que el 60% está en contra de su desmantelamiento.

Este argumento lo liga con el coste que el Departamento supone, sin mencionar ni explicar que, si su intención es mantener los mismos o mejores servicios públicos para los niños y sus colegios, este recorte de gasto estatal se convertiría en un aumento del coste para los estados que ahora debería asumirlo. Trump no menciona esta parte en su argumentario, y se centra en recalcar que el ahorro que supondría. Solo el servicio de ayuda estudiantil del Departamento gestiona alrededor de 1.700 millones de dólares en préstamos que otorga a casi 45 millones de estudiantes.

El presidente ya intentó hace cinco años borrar de un plumazo el presupuesto de dicho Departamento: aprobó una orden que proponía recortarlo en 5.600 millones de dólares, que implicaba la desaparición de 29 programas en total, que incluían programas de extraescolares y actividades de verano para niños vulnerables. La medida no pasó el corte del Congreso, con lo que no vio la luz, algo que podría repetirse en esta ocasión.

Los críticos consideran la iniciativa peligrosa porque la agencia se encarga de programas que garantizan la educación de niños con bajos recursos y con discapacidades, y la inmediatez con la que Trump busca llevar a cabo su desmantelamiento difícilmente permitiría transferir estas competencias a los estados. La idea del presidente es que cada estado gestione todas las competencias de este ámbito, algo en lo que choca con las Federaciones Estadounidenses de Profesores, el segundo mayor sindicato del sector en todo el país.

"Los americanos han votado, estado tras estado, a favor de proteger la educación pública y la financiación de los servicios públicos, y han elegido a los miembros de los consejos educativos que ven la educación pública como un camino hacia las oportunidades", ha dicho su presidente, Randi Weingarten, en un comunicado. "Donald Trump y los congresistas republicanos han dicho que quieren eliminar el Departamento de Educación, que supervisa programas que invierten en colegios con bajos recursos y que ayudan a financiar la educación de alumnos con discapacidades. Pero si escuchasen a lo que dicen los votantes, trabajarían para fortalecer los colegios públicos, no para desmantelarlos".

Las Federaciones de profesores han anunciado que llevarán la medida a los tribunales, y en la misma línea se ha posicionado el Partido Demócrata. El líder de la minoría demócrata en el Congreso, Hakeen Jeffries, ha afirmado este jueves que el cierre del Departamento implicará que "el número de alumnos por clase se disparará, profesores serán despedidos, se recortarán programas de educación especial y la universidad será aún más cara, en un momento en el que el coste de la vida ya es muy alto".

El ataque a la Universidad de Columbia

La educación primaria y secundaria no es la única que la Administración Trump tiene en el punto de mira. La semana pasada, el Gobierno amenazó a la Universidad de Columbia con retirarle 400 millones de dólares anuales en becas y contratos si no cumple una serie de requisitos relacionados con sus procesos de admisión y otras normas, incluido cómo gestiona las expulsiones de alumnos que por ejemplo organicen manifestaciones propalestinas. Son presiones que podrían afectar a un sinfín de otras universidades en todo el país que también reciben fondos públicos.

La universidad de Columbia ha decidido ceder al ultimátum de Trump, y esa decisión está siendo seguida de cerca por otras instituciones educativas. Otras instituciones que están siendo investigadas por antisemitismo son la Universidad de California, Berkeley, la Universidad de Minnesota, la Universidad Northwestern y la Universidad Estatal de Portland. Este mismo jueves, Trump suspendió otros 175 millones de dólares de financiación a la Universidad de Pensilvania, alrededor de un 18% del total de fondos públicos que recibe anualmente, por sus políticas relacionadas con los atletas transgénero.

Al igual que otros organismos que reciben fondos de Estados Unidos como el Banco Mundial, muchas de las universidades están revisando sus documentos públicos y políticas para eliminar o modificar menciones a cuestiones de igualdad y género, de cambio climático o de otros temas que no son bien recibidos por la nueva Administración. En muchos casos, el Gobierno no solo ha obligado a retirar las palabras "diversidad", "igualdad" y "equidad" de sus propios documentos sino que ha exigido lo mismo a instituciones que financia, y en ese sentido hay varias que están llevando a cabo ese ejercicio de autocensura de forma preventiva.

En esa línea, algunos profesores se están preguntando si las clases de historia corren peligro, porque el Gobierno ha expresado su rechazo ante currículums que mencionan la esclavitud "de forma demasiado negativa", entre otros conceptos. Un estudio de Pew Research Center desveló en 2012 que el 26% de los estadounidenses pensaba que las universidades estaban repercutiendo negativamente al país. El año pasado, esa cifra había subido hasta el 45%. Con las tácticas de Trump, que además favorecen a la educación privada, investigadores y profesores creen que Estados Unidos podría retroceder y perder su liderazgo en ciencia e investigación.