Las universidades estadounidenses ceden a las presiones de Trump para no perder dinero público

La Universidad de Columbia anunció este viernes que prohibirá que los manifestantes lleven máscaras en su campus y que protesten en edificios académicos, que revisará sus procesos de expulsión de alumnos y que creará una nueva "definición de antisemitismo". También revisará todos sus programas que hablan de Oriente Próximo bajo la supervisión de un vicerrector que controlará tanto el contenido como las contrataciones de profesores. 

La universidad de la Ivy League ha decidido ceder ante las demandas del presidente estadounidense, Donald Trump, porque de lo contrario se arriesga a perder financiación y becas que considera imprescindibles para su supervivencia. La Administración de EEUU anunció hace unas semanas que cancelaría los 400 millones de dólares que otorga anualmente a Columbia como castigo por cómo había gestionado las protestas de sus estudiantes contra la guerra de Gaza, un castigo que impactaría tanto en sus investigaciones científicas como en los alumnos que reciben becas para estudiar. Pero poco después, el Gobierno anunció qué debía hacer la institución si quería recuperar esa financiación, y para la universidad pesó más salvar todos los proyectos en marcha en sus laboratorios que mantener su modelo y sus normas intactos.

Columbia no está sola: universidades de élite americanas como Stanford, Harvard, la de Michigan y la de Pensilvania, entre otras decenas de ellas, también están siendo objeto de investigaciones federales por las que podrían afrontar castigos similares. En el caso de la Universidad de Pensilvania, la Administración ha amenazado con cancelar los 175 millones de dólares en fondos federales por permitir a una mujer trans participar en un equipo femenino de natación.

Ante posibilidad de perder financiación para becas y contratos, Columbia ha decidido ceder ante las peticiones más importantes de la Administración, lo que para muchos supone un precedente peligroso. Y la Universidad de Michigan, una de las universidades públicas más prestigiosas de todo el país, ha anunciado que eliminará sus programas de diversidad, equidad e inclusión, y que prohibirá que se utilicen estos conceptos en las admisiones, en premios y en notas. Como otras instituciones de educación superior del país, con sus movimientos ambas esperan conseguir que el Gobierno las deje continuar con su trabajo en paz, pero han decepcionado a muchos con sus decisiones.

“Es un día triste para Columbia y para nuestra democracia”, ha dicho Jameel Jaffer, director del Instituto Knight First Amendment de Columbia, un centro independiente que vela por el derecho a la libertad de expresión a través de la investigación y la educación. Los críticos piensan que la dirección de la universidad ha puesto en venta su libertad académica y que las amenazas de retirada de financiación son ilegales porque violan su derecho a la libertad de expresión, así como que nada justifica que el Gobierno ponga en riesgo tantas investigaciones en curso, pero sobre todo no lo justifica sus acusaciones de antisemitismo. Asimismo, muchos consideran esta una rendición peligrosa porque podría llevar a que la Casa Blanca ahora apunte a cualquier otra institución que recibe fondos públicos, de colegios a hospitales o empresas, confiando en que también cambiará lo que no les gusta.

En el caso de Columbia, otros de los cambios que ha anunciado son más profundos: contratará a una nueva empresa que se encargará de la seguridad en el campus, y que tendrán permitido arrestar y expulsar a gente del recinto; adoptará una definición formal de antisemitismo, pese a que se negó a lo mismo en el pasado, y que incluirá el "celebrar la violencia" contra los judíos, así como "aplicar dobles estándares a Israel", y sobre todo modificará el programa de sus asignaturas sobre Oriente Medio. 

Aun así, no cumple con todo lo que pedía la Administración: el Gobierno también exigió a la universidad que el Departamento de estudios sobre Oriente Próximo debía estar supervisado por una persona ajena a la universidad, lo que se conoce como academic receivership, una opción que solo se utiliza cuando se considera que un departamento universitario no es capaz de gobernarse a sí mismo como es debido.

La Universidad asimismo ha prometido revisar sus posibles sesgos y trabajar para conseguir una "posición de neutralidad institucional". Con todo, no saben si conseguirán financiación de nuevo porque la Administración solo ha dicho que cumplir sus exigencias solo sirve como una "precondición para empezar negociaciones formales" sobre el dinero, y que podría pedir otras reformas "tanto inmediatas como a largo plazo".

Tras estos anuncios, la secretaria de Educación, Linda McMahon, ha dicho que universidad está en el "camino correcto", pero no si recuperará la financiación retirada. El Departamento de Mahon ha sido el encargado de advertir a las universidades de todo el país que si por ejemplo tenían en cuenta la raza a la hora de admitir a una persona tanto como estudiante así como empleada, lo consideraría una violación de las leyes federales, lo mismo a la hora de conceder becas o de repatir el alojamiento en el campus.

La presidenta de Columbia, Katrina Armstrong, opinó tras dichas declaraciones que los cambios serían buenos para la universidad "y que estos esfuerzos conseguirán "hacer que cada estudiante, miembro de la facultad y del equipo se sientan seguros y bienvenidos en nuestro campus". "La manera en la que se ha retratado a Columbia y a sus estudiantes es una en la que es difícil reconocerse. Tenemos desafíos, sí, pero no nos definen. Siempre nos guían nuestros valores, y la libertad académica, la libertad de expresión, las preguntas abiertas y el respeto van por delante en cada decisión que tomamos", dijo. Unos días después, sin embargo, dimitió de su cargo repentinamente.

Para otras universidades, el Gobierno estadounidense también ha exigido mano dura contra los manifestantes contra la guerra de Gaza, que no permitan que las mujeres trans participen en deportes femeninos y que eliminen todo lo relacionado con las políticas de diversidad, inclusión y equidad (lo que por sus siglas en inglés se conoce como DEI), tanto en el ámbito de las admisiones como en sus programas y vida en el campus. Son cambios que también están adoptando otras instituciones que reciben financiación del Gobierno de EEUU como el Banco Mundial o el Banco Iberoamericano de Desarrollo, y que temen que Trump decida retirar fondos o incluso que saque a su país de estos clubes de países, lo que supondría un duro golpe a su actual modo de vida.

En el caso de la Universidad de Michigan, la institución ha decidido eliminar sus programas de igualdad después de años desarrollándolos en medio de presiones de congresistas conservadores y otros activistas contrarios a este tipo de políticas. Fue el pasado jueces cuando la universidad lo anunció en un email a empleados y alumnos. "Estas decisiones no se han tomado a la ligera", escribió en el email la presidenta de la institución, Santa J. Ono. "Reconocemos que los cambios son importantes y serán un reto para muchos de nosotros, especialmente para aquellos cuyas vidas y carreras se han visto enriquecidas por estos programas, y se han dedicado a estos programas que ahora están virando".

Otras universidades ya habían llevado a cabo cambios antes de que Trump jurase el cargo, conscientes del cambio político y de las presiones que enfrentarían. En diciembre, la Universidad de Michigan despidió a una de las responsables de su programa DEI por las acusaciones de que había hecho comentarios antisemitas, y pese a que miles de estudiantes firmaron un manifiesto en el que aseguraban que creían que las políticas DEI de la universidad habían tenido efectos positivos y debían seguirlos teniendo.

Estas exigencias, que para la izquierda es extorsión por parte del Gobierno, vienen desde hace mucho: la derecha estadounidense lleva décadas pensando que las universidades son las mayores incubadoras de cultura woke y de progresismo, y ganar la guerra cultural es ahora uno de sus principales objetivos. Y en concreto Columbia se convirtió en el símbolo de las protestas propalestinas tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel, aunque también hubo manifestaciones de estudiantes proisraelíes. Las imágenes de los universitarios acampando en el campus dieron la vuelta al mundo, algo que la Administración quiere que no se vuelva a repetir. 

Por eso, retirar el dinero público que mantiene con vida a muchas universidades y otras instituciones que se dedican a la investigación en Estados Unidos es la mejor manera, en la opinión del Gobierno, de hacer que todo esto cambie. “Creo que llevar a las universidades a una recesión hará que se vuelvan disciplinadas” dijo recientemente el activista conservador Christopher Rufo. Tal y como está pasando.