El plan secreto del gobierno de Boris Johnson sobre las consecuencias de un Brexit sin acuerdo ha dejado de serlo. La llamada Operación Yellohammer (Martillo Amarillo) prevé que habrá caos, disturbios y desabastecimiento en caso de que el Reino Unido salga de la Unión Europea de forma abrupta.
En Gibraltar se sufrirán colas de más de cuatro horas durante meses y falta de alimentos y medicinas, según el documento de cinco páginas hecho público el miércoles por la noche a instancias del Parlamento británico.
El plan, que plantea "el peor escenario razonable", señala que se esperan subidas de los precios de alimentos y combustibles, escasez de medicinas y desórdenes públicos en todo el Reino Unido. Las conclusiones son similares a las anunciadas por The Sunday Times en agosto, que el gobierno de Boris Johnson desmintió. Entonces se hablaba de "plan base", es decir, lo que se espera, no el peor cuadro posible.
Ahora Boris Johnson ha tenido que hacer público este plan hasta ahora secreto por la presión del Parlamento británico. Fue una de las votaciones que perdió el primer ministro británico en las cinco sesiones que celebró la Cámara de los Comunes antes de su cierre temporal hasta el 14 de octubre. Mientras el Gobierno dilataba sus conversaciones con la Unión Europea, aceleraba los preparativos para una salida sin acuerdo.
De acuerdo con este plan, la zona más sensible será el Canal de la Mancha. Hasta un 85% de los camiones no están preparados para las aduanas que impondrá Francia.
"La falta de preparación unida al espacio limitado en los puertos franceses podría reducir el flujo de transporte entre un 40% y un 60%... La situación puede prolongarse más de tres meses", dice el texto.
Los camiones tendrían que esperar "entre un día y medio y dos días y medio a traspasar" los 12 kilómetros entre Calais y Dover. Estos retrasos afectarán al suministro de medicinas, especialmente aquellas que no se puedan almacenar. El aporte de alimentos frescos se vería reducido.
Francia ensaya la semana próxima cómo será si el Reino Unido pasa a ser un país tercero, sin acuerdo comercial con la UE, el próximo 1 de noviembre. Entre el 17 y el 24 de septiembre habrá pruebas en el Eurotúnel y los puertos de Calais y Dunkerque, según ha publicado La Vanguardia.
Para las autoridades francesas la clave será el recurso a la "frontera inteligente", es decir, el recurso a la tecnología digital para acelerar los trámites aduaneros. Solo por el puerto de Calais pasan cada año cuatro millones de camiones.
Habrá menos disponibilidad de productos frescos y medicinas, lo que provocará un incremento de los precios en alimentos y combustibles. A su vez, se verán afectadas las transacciones financieras.
En el documento se reconoce que quienes más sufrirán el impacto de este Brexit sin acuerdo serán "los grupos con menores ingresos". Es decir, aquellos a quienes los defensores del Brexit aseguran que beneficiará "recuperar el control".
El plan señala que se darán protestas y contraprotestas en todo el país, por lo que será precisa una mayor movilización policial. Habrá desórdenes sociales.
Impacto en la economía de Gibraltar
Según el plan del Gobierno Johnson, "los controles en la frontera con España van a dar lugar a interrupciones en el suministro de bienes, medicinas, transporte de residuos... Habrá retrasos de más de cuatro horas durante al menos cuatro meses, lo que afectará al movimiento de trabajadore, residentes y turistas".
Si esta situación se prolonga en la verja, como prevé el documento, "va a impactar de forma adversa en la economía del Peñón". Habrá distorsiones en el flujo de datos y servicios.
En el documento el Gobierno de Boris Johnson critica la falta de preparación de las autoridades gibraltareñas. "No han tomado las decisiones necesarias para invertir en infraestructuras de contingencia y preocupa que no se haya aprobado toda la legislación precisa par un Brexit sin acuerdo, lo que daría lugar a vacíos legales".
A lo que el Gobierno de Boris Johnson se ha negado de momento es a publicar los whapp y mensajes privados de los asesores del primer ministro, entre ellos de Dominic Cummings, el Rasputín del 10 de Downing Street. Alude a la necesaria protección de la privacidad de los datos de sus empleados para no obedecer al Parlamento británico. Cummings fue el artífice de la campaña del Brexit y es ahora quien maneja los hilos del Brexit sin acuerdo.
Controversia judicial
La batalla contra Boris Johnson emprendida por quienes rechazan un Brexit sin acuerdo va dos a uno de momento. El tribunal de Belfast ha dictaminado este jueves que la suspensión temporal solicitada por el primer ministro británico es legal y no pondría en riesgo los acuerdos de paz de Irlanda del Norte, conocidos como Acuerdos de Viernes Santo.
Coincide la decisión con la que adoptó el tribunal de Londres. Entre quienes avalaban esta demanda para que se declarara ilegal la interrupción de las sesiones parlamentarias durante cinco semanas estaba el ex primer ministro conservador John Major.
Sin embargo, el tribunal escocés dijo, tras una apelación, que este cierre temporal durante cinco semanas no se atiene a derecho. El Supremo ha de emitir su sentencia definitiva la semana próxima.
Es legal y habitual que el Parlamento interrumpa sus sesiones (en inglés, prorrogation) para iniciar el nuevo curso político, que se abre con el discurso de la Reina, en el que la soberana lee la hoja de ruta del gabinete. Sin embargo, desde junio de 2017, tras las elecciones anticipadas convocadas por la entonces primera ministra Theresa May, no se cerraba temporalmente el Parlamento debido a la crítica situación que afronta el país con el Brexit.
Lo que preocupa sobre el cierre parlamentario es su duración, cinco semanas, algo insólito y más en estas circunstancias. Limita mucho la acción del Parlamento, que, sin embargo, se ha puesto las pilas y en cinco sesiones asestó cinco sonoras derrotas en votaciones sobre el Brexit a Boris Johnson.
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