My deal or no deal. He ahí el dilema. El primer ministro británico, Boris Johnson, va a presentar este sábado ante el Parlamento el acuerdo que ha alcanzado con los Veintisiete como la última posibilidad de que el Reino Unido salga de la Unión Europea de manera consensuada.

El presidente saliente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, también ha dicho que en su opinión, no debería haber más prórrogas. Sin embargo, los jefes de Estado y de Gobierno no han querido dar un portazo y descartar categóricamente más retrasos.

Boris Johnson apuesta de todas formas por la salida consensuada el 31 de octubre. Si los Comunes rechazan su propuesta, el sábado temblará el suelo en Westminster y el choque institucional será descomunal porque el primer ministro se resiste a pedir más tiempo, aunque está obligado por la ley Benn, aprobada por el Parlamento.

Según la BBC, el Acuerdo de Boris Johnson es en un 95% igual que el que pactó su antecesora, Theresa May, que fue rechazado tres veces el Parlamento británico. La principal novedad es que la controvertida salvaguarda (alineamiento regulatorio con la UE) se aplica solo a Irlanda del Norte, no a todo el Reino Unido. Y además requiere el consentimiento de la comunidad norirlandesa.

Las claves de este plan remozado son las siguientes:

Irlanda del Norte. Todo el Reino Unido deja la unión aduanera. Es decir, puede establecer relaciones comerciales con terceros países. Legalmente, Irlanda del Norte permanece en el territorio aduanero del Reino Unido, pero en la práctica estará en la unión aduanera, alineada con la Unión Europea.

Control de fronteras. La frontera entre la Unión Europea y el Reino Unido se sitúa en el Mar de Irlanda y así se evita que haya límites terrestres, como estipulan los Acuerdos de Viernes Santo con los que se puso fin a la violencia en Irlanda del Norte en 1998.

El negociador en jefe de la UE, el francés, Michel Barnier, que probablemente se haga cargo de la negociación de la relación futura, en caso de que haya luz verde del Parlamento el sábado, ha subrayado que la prioridad ha sido "la paz y los ciudadanos" de Irlanda y de Irlanda del Norte en esta nueva fase de negociación.

Queda descartado que se establezcan controles entre las dos Irlandas. Los registros han de realizarse al entrar en Irlanda del Norte. Habrá de establecerse en el futuro un sistema de control aduanero online.

Las tasas sobre algunos bienes que sean objeto de comercio se pagarán si proceden de Gran Bretaña y llegan a Irlanda. En el caso de que se transporten de Gran Bretaña a Irlanda del Norte recuperan la tasa. No habrá registros en equipajes en el caso de viajes de particulares ni a los envíos de materiales entre personas. El control lo realizarán funcionarios británicos en los puertos norirlandeses pero la UE tiene derecho a contar con personal que vigile el proceso.

Cláusula de salida. La Asamblea Parlamentaria de Irlanda del Norte puede decidir cuatro años después de que entre en vigor el acuerdo (en diciembre de 2020) su salida por mayoría cualificada de todos los grupos políticos, no solo de los unionistas. De esta manera, los unionistas del DUP carecen de poder de veto. Sus fuerzas en la Asamblea de Belfast están muy igualadas con los nacionalistas del Sinn Féin (28 frente a 27 escaños, cada uno) y los nacionalistas apoyan el Acuerdo como un mal menor.

Si rechazaran estas medidas, dos años después dejarían de aplicarse, pero un comité conjunto de británicos y europeos habrá de fijar qué pasos habría que adoptar. Si lo aprobaran por mayoría más uno, seguiría vigente otros cuatro años más.

En caso de un apoyo relevante de toda la comunidad, se mantendrá ocho años, o hasta que entre en vigor un acuerdo para la futura relación entre la UE y el Reino Unido. Este apoyo relevante sería de un 60% o más de los miembros de la Asamblea, incluido al menos un 40% de los representantes de cada comunidad.

El IVA. En Irlanda del Norte se aplicará el IVA vigente en la UE para bienes, no para servicios. Se permite que en Irlanda del Norte tenga un IVA diferente del resto del Reino Unido, cuando se trate de un mínimo comunitario. También se recomienda que sea el mismo que en Irlanda para evitar contrabando ventajas en uno u otro punto de la isla.

Relación futura. La declaración política destaca que el Reino Unido y los Veintisiete se marcan como objetivo lograr un pacto exento de aranceles. Ya no se incluye una cláusula en la que se instaba al Reino Unido a alinearse con la UE en áreas clave. Hay temor a que intente atraer al mundo de los negocios con rebajas impositivas.

La factura de Salida. El primer ministro británico, Boris Johnson, amenazó en la campaña en favor de la salida de la UE con no pagar lo que se estipularía por el Brexit. Sin embargo, ahora ha mantenido el compromiso ya suscrito por May de liquidar las cuentas pendientes, lo que supone que el Reino Unido habrá de pagar unas 39.000 millones de libras esterlinas (unos 45.000 millones de euros), y lo hará en plazos. Ya no contribuirá al presupuesto de 2021-2027.

Derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos británicos en la Unión Europea (un millón aproximadamente) y los europeos en el Reino Unido, según ha señalado Michel Barnier, "podrán seguir como antes". El Reino Unido se compromete a respetar los derechos de trabajo, estudio, residencia, asistencia sanitaria y reunificación familiar durante el periodo transitorio, hasta diciembre de 2020. La UE actúa de forma recíproca con los británicos en los 27 países. Unos y otros se beneficiarán durante décadas del derecho de libre circulación. En España residen casi 400.000 británicos.

Como residentes en el Reino Unido se han registrado ya 115.700 ciudadanos españoles, que se han registrado en el programa de asentamiento creado por el gobierno británico. Los europeos residentes en el Reino Unido tienen de plazo hasta diciembre de 2020 para realizar este trámite, que consiste en demostrar su identidad, su residencia en el Reino Unido y su certificado de penales. Los españoles son la quinta nacionalidad por número de solicitantes.

Europeos se han registrado ya 1.860.200 ciudadanos. El 61% de las 1.524.000 solicitudes procesadas han recibido el estatuto de asentados (se da a todos los que llevan cinco años residiendo en el país) y el 38% preasentado (los que llevan menos de cinco años y pueden pedir el estatus de asentados al cumplir esos cinco años). Solo se han rechazado dos solicitudes.

Derecho de veto sobre Gibraltar. El Acuerdo de Retirada incluyó, a solicitud del gobierno español, una declaración de la Comisión Europea y de los Veintisiete en la que dejaba claro que el acuerdo se aplica a Gibraltar con el visto bueno de España. Es decir, España tiene poder de veto en lo que concierne al Peñón en los acuerdos futuros que suscriba la UE.

También se mantienen los cuatro memorandos de entendimiento que firmaron el gobierno español y el británico en noviembre de 2018. Tratan sobre derechos de los trabajadores que cruzan la frontera a diario, cuestiones medioambientales, cooperación policial y aduanera, y sobre el precio del tabaco.