Pedro Sánchez ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para solicitarle que revise de manera urgente si Israel está cumpliendo con su acuerdo de asociación con la Unión Europea en lo referido al respeto de los derechos humanos, y que si constata que no es así proponga las medidas adecuadas.

En la carta, que está firmada también por el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, ambos se declaran profundamente preocupados por el deterioro de la situación en Israel y en Gaza, y apuntan que esta petición se hace en el contexto del riesgo de la catástrofe humanitaria aún mayor que supone la amenaza inminente de operaciones militares israelíes en Rafah, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Gaza desde octubre de 2023. La ampliación de la operación militar israelí en la zona de Rafah supone, según expresan en la carta, una amenaza grave e inminente que la comunidad internacional debe afrontar con urgencia.

Además, piden no perder de vista la imperiosa necesidad de aplicar una perspectiva política para poner fin al conflicto y abogan por la aplicación de la solución de los dos Estados como única manera de garantizar que "este ciclo de violencia no se repita". Según ellos, la Unión Europea tiene la responsabilidad de actuar para que esto sea una realidad, en coordinación con las partes y la comunidad internacional, incluso mediante una conferencia internacional de paz, como acordó el Consejo Europeo el 26 de octubre.

Si la Comisión estimara que se está incumpliendo el acuerdo y hace alguna propuesta, ésta podría debatirse en la cumbre de líderes europeos prevista en Bruselas para los próximos 21 y 22 de marzo, según han indicado fuentes del Gobierno a la Agencia EFE.

Por otro lado, los dos presidentes han reiterado su condena total a los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre, y exigen la liberación inmediata e incondicional de los rehenes restantes. Ambos remarcan que Israel tiene derecho a defenderse de tales ataques pero siempre en consonancia con el derecho internacional, que impone la obligación de garantizar la protección de los civiles.