Tras 319 días de parón político, el nuevo Gobierno tendrá que pisar a fondo el acelerador. Los periodos de aclimatación están reservados para los ministros que afrontan épocas menos convulsas. No es el caso de la que se avecina. En lo político, el gabinete de Rajoy soportará en un Parlamento muy fragmentado las nuevas andanadas del independentismo catalán. En lo económico, el Ejecutivo debe lidiar de forma urgente con un duro ajuste para cumplir con las exigencias de Bruselas, pero también con otros desafíos que salpicarán la legislatura. Buena parte debe asumirlos el flamante ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos. Éstos son algunos de ellos.

Objetivo número uno: reducir el déficit

El Gobierno necesita 5.000 millones para enderezar el equilibrio presupuestario y evitar la reprimenda –paso previo a la multa- de la Comisión Europea. El déficit alcanzará este año el 4,6% pactado y bajará al 3,6% el que viene, cinco décimas por encima del objetivo. Equivalen a 5.000 millones de euros, que el Ejecutivo tendrá que atesorar ingresando más o gastando menos. El reto es tremendo. En 2017, el Ejecutivo no podrá usar con la misma intensidad la herramienta –o más bien, el parche- con la que ha salvado los muebles este año: la subida del tipo mínimo en los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades. Con ella se logrará recaudar 8.300 millones hasta diciembre, pero en 2017 el efecto se atenuará, entre otras cosas, por las devoluciones que debe realizar Hacienda a las empresas. El Gobierno debe buscar otras fórmulas para incrementar los ingresos, de lo contrario tendrá que meter la tijera. Una alternativa siempre dolorosa de cara al electorado y especialmente complicada para un presidente que no tiene mayoría absoluta.

El nubarrón de las pensiones

El debate sobre el complicado futuro de la Seguridad Social siempre ha estado ahí, latente. Pero la fragilidad de sus arcas impide aplicar más prórrogas. En los últimos años, el Ejecutivo ha ido tirando del Fondo de Reserva para pagar con puntualidad las extras de los pensionistas. Pero la hucha no da para más, asfixiada por el cambio de tendencia en el mercado laboral: se crean muchos puestos de trabajo, pero de menor calidad, que generan bajos ingresos por cotizaciones. Al ritmo actual, el Fondo acabará agotándose el próximo año o el siguiente. Sobre la mesa ya hay distintas propuestas para elevar la recaudación. Como cargar a los Presupuestos Generales del Estado los 20.000 millones que cuestan las pensiones de viudedad y orfandad.

El pulso de los interinos

Por si no fuera suficiente con la crisis de la Seguridad Social y la precarización del empleo, el nuevo titular de Trabajo debe lidiar con otra china en el zapato. Las recientes sentencias sobre trabajadores interinos y temporales, que equiparan sus indemnizaciones por despido a las de los contratos fijos, dan una nueva bandera a los sindicatos para reclamar cambios en las reglas del juego del mercado laboral.  La preocupación del Gobierno sobre este asunto es tal, que ya ha solicitado a las comunidades autónomas que auditen sus plantillas y calculen cuánto costaría responder a posibles demandas de trabajadores. Al igual que ocurre con las pensiones, está servido el debate sobre los tipos de contrato que hay, y debe haber, en España.

El agujero de las autopistas

Cuando Ana Pastor juró como primera ministra de Fomento de Rajoy, el problema de las ruinosas radiales de pago ya estaba sobre su mesa. Pastor afronta ahora la legislatura como presidenta del Congreso y el asunto de las autopistas sigue aún en el top de los quebraderos de cabeza del Ministerio. Fracasado el plan de reflotamiento que impulsó Fomento (por la negativa de los promotores a asumir una importante quita), tres de ellas estuvieron a punto de ser liquidadas el mes pasado. Este final habría activado la cláusula de responsabilidad patrimonial, que obliga al Estado a indemnizar a los propietarios. El juez concedió in extremis una prórroga al Ministerio, hasta el próximo 1 de julio. Fomento tiene, por tanto, ocho meses para decidir qué hace con las radiales madrileñas R3 y R5 y la circunvalación de Alicante. De entrada sólo hay dos salidas: negociar de nuevo una quita con las empresas o hallar el modo de explotar las infraestructuras. La tercera es liquidarlas, pero esa alternativa, además de cara, es harto complicada en este momento, porque el Gobierno necesita mucho dinero para cumplir con Bruselas.

El futuro de las nucleares

No es plato de gusto para ningún Gobierno afrontar un tema tan espinoso como el de la energía atómica. Al de Rajoy no le quedará más remedio que hablar de ello con una oposición que, para colmo, aborda el asunto desde perspectivas diferentes. En el Ministerio de Industria aguarda la solicitud de Iberdrola y Endesa para reabrir la central de Garoña. Y en 2017, ambas centrales más Gas Natural Fenosa iniciarán los trámites para ampliar la vida útil otra central (Almaraz), que cumple 40 años en 2020. Ambos casos llevarán el debate al Parlamento. El PP es, de entrada, la única fuerza dispuesta a apoyar la controvertida fuente de energía; aunque su defensa será más o menos férrea en función de la reacción social y el coste electoral que suponga. En frente están casi alineados PSOE, Podemos y Ciudadanos, que abogan por echar el cierre a los 40 años.

La venta de Bankia y BMN

En bastante probable que en 2017 se produzcan movimientos de fusión en el sector bancario. Pero hay algo que sí es seguro: el próximo año el Estado está obligado a desprenderse de BMN y decidir si vende o conserva su participación en Bankia. En el primer caso, no hay alternativa: Rajoy se comprometió con Bruselas a desinvertir en 2017, a cambio del permiso para inyectar dinero público. La opción más factible es la absorción por parte del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri. En el segundo, el Ejecutivo se auto impuso salir de Bankia antes de 2018. Al no haber obligatoriedad, el nuevo gabinete puede pactar con el resto de grupos prolongar la titularidad pública de las acciones. Las cifras respaldan la prórroga. El Estado empleó 22.000 millones en rescatar el banco, de los que ha recuperado 1.300 con la venta de un 7,5% del capital. El problema es que, con la caída en Bolsa, la participación estatal sólo vale unos 6.000 millones. Malvender Bankia, que además está generando buenos resultados con Goirogolzarri al frente, no parece una opción defendible ni para el Gobierno ni para la oposición.

La última legislatura de los mineros

Su actividad tiene poco peso en la economía nacional, pero son todo un símbolo en algunas comarcas. Y pueden causar un disgusto al Gobierno de turno. Éste es el caso de los mineros, que trabajan desde hace meses contando las horas para el cierre definitivo. Las subvenciones encadenadas durante años han permitido que sobrevivan instalaciones en Castilla León, Asturias y Aragón. La Unión Europea concedió una serie de ayudas para amortiguar el impacto de la clausura y puso una fecha límite: 2018. Dado que el negocio es ruinoso sin algún tipo de apoyo público, lo normal es que los propietarios echen el cierre. El problema es el futuro que se avecina para las comarcas mineras, totalmente dependientes del carbón que siempre han comprado las eléctricas. Quedan unos 2.000 mineros en activo. Un cierre patronal no pactado podría poner en la calle de nuevo a los trabajadores. Y a ningún Gobierno le conviene enfrentarse a una marcha negra, como la que le montaron los mineros en 2012 a José Manuel Soria, el antecesor -quién lo iba a decir- de Luis de Guindos en Industria.