El año que termina se ha caracterizado por un gobierno en funciones, huidizo de afrontar temas de protección ambiental, a no ser que fuera para seguir reproduciendo la misma política realizada durante los últimos cuatro años de consecuencias tan negativas. Un gobierno que estaba en funciones para ratificar el Acuerdo de París sobre cambio climático, pero no para dar luz verde al Tratado de Libre Comercio con Canadá (CETA) con un alto coste ambiental y social para Europa, en general, y España, en particular.

Está claro que el planeta no ha estado en funciones durante este año. Y el Acuerdo de París sobre cambio climático entraba en vigor en tiempo récord sin que España hubiera hecho los deberes, a pesar de ser uno de los países más vulnerables a sus impactos.

Pero las principales ciudades del país: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Bilbao han asumido el reto de trabajar para tener urbes más saludables y habitables. También otras como A Coruña, Oviedo, León y Santiago de Compostela se han comprometido con Greenpeace a reducir las emisiones causadas por la movilidad a la mitad en 2030.

El Tribunal Supremo ponía fin a la historia del hotel ilegal de El Algarrobico ratificando que se construyó en suelo no urbanizable. Y tras 22 sentencias favorables a su demolición, ha llegado la hora de que este icono de la burbuja inmobiliaria y su elevado coste ambiental sea demolido y 2017 es, sin duda, el año para hacerlo.

Ha sido el año en que filtramos y dimos a conocer los contenidos de las negociaciones entre la UE y EEUU sobre el acuerdo comercial y de inversión, el TTIP, destapando los oscuros intereses y el papel de las grandes corporaciones a la hora de configurar la agenda comercial de la Unión Europea. Y la ciudadanía tomó conciencia de que las personas y el planeta están por encima de los intereses de unas cuantas multinacionales.

Todos los grupos, salvo el PP, se han comprometido a derogar la normativa que penaliza el autoconsumo, incluyendo el "impuesto al sol"

Hay algunos elementos positivos más, como que todos los partidos políticos del Congreso, salvo el PP, se comprometieron a derogar la normativa que penaliza el autoconsumo, incluyendo el "impuesto al sol" por lo que la política anti-renovable del Gobierno será más difícil de mantener en 2017. Y Endesa ha incluido en su plan estratégico alcanzar un modelo 100% renovable en 2050, aunque las inversiones que prevé a medio plazo no están alineadas con dicho horizonte. Además, ha descartado invertir para mantener abiertas sus térmicas en las que quema carbón nacional, con lo que dichas centrales tendrán que cerrar para 2020.

Pero para ser un gobierno en funciones reacio a tomar medidas de protección ambiental y social ha tenido un largo historial de despropósitos: una subida de la tarifa eléctrica del 25% en seis meses en un contexto de incremento de la pobreza energética; los pequeños inversores en renovables al borde de la ruina, los fabricantes de automóviles con permiso para fabricar coches aún más contaminantes, como premio tras el escándalo Volkswagen, la Ley de Costas, la papelera ENCE con permiso para permanecer 60 años más contaminando la Ría de Pontevedra y España como único país de la UE que permite el cultivo de transgénicos a una escala importante.

Cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, concretar un plan con fecha de cierre para el año 2025 de las térmicas de carbón...

No quisiera terminar si avanzar retos importantes para 2017 como lograr una Ley de cambio climático y transición energética, que planifique el abandono de las energías sucias para llegar a un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable antes de mitad de siglo. Lograr una ley estatal que prohíba el fracking, el cierre ordenado de las centrales nucleares españolas, ejecutar la orden ministerial de cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, concretar un plan con fecha de cierre para el año 2025 de las térmicas de carbón que incluya un plan de cierre justo para la minería de carbón garantizando empleos sostenibles y atajar los crecientes niveles de pobreza energética.

Ha de ser el año del cumplimiento de los objetivos marcados por la Directiva Marco del Agua y del descarte de un nuevo Pacto del Agua que sólo pretende retomar la política de trasvases como el del Ebro y promover nuevos desde el Tajo, el Duero o el Guadiana.

La Ley “Mordaza”, que trata de criminalizar el activismo pacífico limitando la libertad de expresión, información, reunión y manifestación, tiene ser reformada drásticamente o derogada tras la aprobación en el Congreso de una resolución en este sentido.

La implementación de la Política Pesquera Común y normativas asociadas no se puede demorar más y el apoyo por parte del Gobierno a la prohibición total de cuatro insecticidas peligrosos para las abejas a nivel comunitario ha de caer por su propio peso como su apoyo a la prohibición del glifosato en la UE

Mario Rodríguez es director de Greenpeace