![La 'Brigada Aranzadi' pasa a la reserva](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2017/02/Puigdemont_opi-656x368.jpg)
Carles Puigdemont.
La situación política en Cataluña conduce de forma inexorable a un enfrentamiento con el Estado. El independentismo está estancado y no logra superar el 50% de apoyo entre los votantes. La coalición de Junts pel Sí (JPS) naufraga, víctima del chantaje constante y a veces vergonzante de la CUP (como se ha podido comprobar en la campaña contra el conseller de Sanidad). Los republicanos de ERC son los únicos que están sacando provecho de la situación y, por tanto, no son partidarios de repetir la coalición con el PDC (antigua Convergència). Por la izquierda, los comunes (nuevo partido impulsado por Ada Colau y Xavi Domènech) aspiran a convertirse en primera fuerza política, mientras el PSC parece que frena su desplome. En el centro derecha, Ciudadanos se desinfla y el PP se acomoda en la irrelevancia.
La CUP aprobó los presupuestos de Puigdemont con el único objetivo de que no hubiera adelanto electoral y tuviera que cumplir su promesa de convocar un referéndum de autodeterminación. El presidente de la Generalitat ha reiterado que no fallará a sus votantes.
A diferencia de otras ocasiones, el Gobierno está convencido de que, ahora sí, la cosa va en serio. La filtración de las afirmaciones del senador Santiago Vidal ha sido un aviso. Pero la caída del juez independentista no ha detenido el pulso, sino que ha enconado aún más el enfrentamiento. El secretario de Hacienda de la Generalitat, Luis Salvadó, ha declarado a la emisora Rac1 que el próximo 1 de julio se activará el programa Espriu, con capacidad para gestionar los impuestos de los ciudadanos de Cataluña.
También a diferencia de otros momentos, es la derecha soberanista la más interesada en el enfrentamiento con el Estado. La comparecencia de Artur Mas ante el Tribunal Superior de Cataluña el próximo lunes, donde tendrá que responder ante la acusación de desobediencia al Tribunal Constitucional por la organización del referéndum farsa del 9-N, se pretende convertir en el punto de inflexión de ese reto a la legalidad. El ex presidente de la Generalitat calificó, en la entrevista que concedió el pasado martes a Carlos Alsina en Onda Cero, de "persecución por motivos políticos" la actuación de la Fiscalía, que pide para él 10 años de inhabilitación.
Mas, que ha vivido como alma en pena desde que abandonó la Casa dels Canonges, ahora quiere recuperar su protagonismo y se ofrece a liderar la coalición independentista si Puigdemont cumple su palabra y abandona.
El Gobierno tiene diseñado un plan para impedir el referéndum, bajo la batuta del Ministerio del Interior y el CNI
El nacionalismo siempre ha utilizado con maestría el victimismo y el proceso judicial en marcha le ha dado un argumento de peso para volver a movilizar a la sociedad catalana contra la supuesta "agresión de España".
Al independentismo le interesa esa tensión, adelantar la convocatoria del referéndum para forzar al Gobierno a tomar medidas que puedan ser interpretadas como una respuesta antidemocrática. En ese contexto, según sus cálculos, la victoria soberanista sería aún más amplia de la que alcanzó en las elecciones de 2015.
Es un juego peligroso, porque el Estado no se va a quedar quieto ante un desafío de esas proporciones. "Buscan el conflicto y tendrán una respuesta", afirma un miembro del Gobierno.
El Ejecutivo tiene diseñado un plan, que incluye un protocolo de actuación, en el que se contemplan todas las alternativas, incluida la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La Operación diálogo auspiciada por Sáenz de Santamaría se da ya por fracasada. La Brigada Aranzadi, como se conoce al grupo de abogados del Estado que se ha ocupado de la estrategia frente a Cataluña, ha pasado a la reserva. El protagonismo pasa ahora al Ministerio del Interior y al CNI. Dice mi interlocutor: "No buscamos la bronca, pero no nos vamos a quedar quietos. Si se incumple la ley, responderemos".
Nos aproximamos a unos meses de alta tensión. La irresponsabilidad de algunos políticos puede generar un clima de enfrentamiento en el seno de la propia sociedad catalana que no se ha conocido desde los inicios de la Transición.