ETA ha anunciado que, a partir del 8 de abril, informará a la justicia francesa de la situación de los zulos donde todavía conserva una parte de su arsenal. Dicen que es el "desarme definitivo". La organización terrorista lleva cinco años sin matar y su capacidad operativa y logística está bajo mínimos.
¿Cómo debemos interpretar este gesto? En primer lugar, hay que resaltar que la decisión se produce de forma incondicional. Hace años, ETA trató de negociar con el gobierno español un pacto que se reducía a una simple oferta: paz por presos, o armas por presos. Pero la dirección de la diezmada organización sabe que ese planteamiento ya no es posible. "Si alguien de ETA llamara, nadie se le pondría al teléfono", señala una fuente de la lucha antiterrorista.
Por tanto, el fin último de este movimiento es puramente simbólico. Trata de demostrar a la sociedad vasca y a la opinión pública que su disposición es buena, tal vez con la intención de que el gobierno pueda tener también un gesto en su política penitenciaria. Le planteo esa posibilidad a mi fuente: "La política antiterrorista no va a cambiar. Es ETA la que tiene el problema, no el gobierno, ni las fuerzas de seguridad".
Sin capacidad operativa, el problema de ETA son sus presos. Hay un núcleo duro liderado por Txapote e Iñaki Bilbao que no renuncia a continuar con la lucha armada.
Y el problema para ETA, en efecto, se llama "presos". Aclaremos lo que ocurrió en el origen de la banda. Hubo una división del trabajo: unos militantes se dedicaron a la política, otros a la lucha armada. Con el paso del tiempo, estos últimos han acabado en un 99% en prisión, condenados a largas penas, mientras que los primeros han rehecho sus vidas o bien son cargos públicos en representación de una izquierda abertzale que ahora defiende la independencia vasca desde las instituciones. Es lógico que los primeros se sientan decepcionados por unos compañeros que les miran por encima del hombro y sólo se acuerdan de ellos en fechas señaladas y cada vez más distantes.
El grueso de la nómina de ETA está entre rejas y lo componen unos 160 condenados. De ellos, la inmensa mayoría lo que quiere es salir cuanto antes y poder reiniciar una vida normal, dentro de lo que cabe. Por ello ya no rechazan los beneficios penitenciarios ni ninguna de las posibilidades que se les ofrecen para acortar el cumplimiento de sus penas.
Hay, eso sí, un núcleo duro, gente a la que le quedan todavía muchos años de maco y que tienen a sus espaldas un largo historial de asesinatos.
Ese núcleo está compuesto por unos 40 presos (todos ellos en cárceles de Andalucía), liderados por matones reputados como Francisco Javier García Gaztelu (alias Txapote), responsable, entre otros, del asesinato de Gregorio Ordóñez, o Iñaki Bilbao, el etarra que amenazó durante su declaración en la Audiencia Nacional al juez Andreu: "Si te pillo te voy a matar".
Los dirigentes de ETA en libertad saben que no van a poder estar a la altura de lo que este grupo de irreductibles espera de ellos. Y por esa razón dilatan el final de la organización. Es como si estuvieran llevando a cabo una disolución a cámara lenta.
Es precisamente el comunicado de disolución de la banda lo que las fuerzas de seguridad esperan para poder decir, por fin, que la amenaza de ETA ha desaparecido para siempre. Ese comunicado llegará algún día, que se decidirá en clave interna. Afortunadamente, hace ya años que la organización terrorista activa más antigua de Europa ya no tiene capacidad para provocar terror y ni siquiera miedo. Ese es un éxito de la democracia española (y de las fuerzas de seguridad) que no valoramos en su justa medida.
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