Lo sucedido ayer en el Congreso con la no aprobación del decreto-ley  del Gobierno para la liberación de la estiba en cumplimiento de una exigencia de la Comisión Europea ha puesto ante los ojos de todos la evidencia de que la vida de esta legislatura está en las exclusivas manos del PSOE. Pero, dado que la vida futura del PSOE está en las exclusivas manos de quien gane la carrera por la secretaría general del partido, resulta que la vida de este Gobierno está en manos de lo desconocido.

Ayer se comprobaron varias cosas. Una, que el supuesto aliado del Ejecutivo, Ciudadanos, actúa de un modo aparentemente errático aunque en realidad sea del todo coherente con un único propósito subterráneo: evitar pagar ningún precio por su apoyo al gabinete de Mariano Rajoy, lo cual le lleva a ponerse de perfil en cuanto atisba que éste va a perder la partida. Por lo tanto, ningún respaldo testimonial aunque suponga, como supuso ayer, dejar al Gobierno a los pies de los caballos no sólo ante la opinión pública sino ante la Unión Europea.

Ayer se quebró gravemente la imagen de estabilidad de la que ha venido gozando el Ejecutivo español ante las instancias comunitarias y a eso ha contribuido, entre otros,  el partido de Albert Rivera. Porque el argumento de Ciudadanos para justificar  su abstención -después de haber anunciado primero que votaría que no y después que votaría que sí, para finalmente refugiarse en el "no sabe/no contesta"- no pasa el mínimo examen de rigor:  dicen que han retirado el apoyo al decreto-ley porque el Gobierno no ha accedido a aplazar una semana la aprobación de la medida. Impresionantemente frívolo argumento, habida cuenta de que las negociaciones entre estibadores, patronal y Gobierno llevan abiertas más de un año y habida cuenta de que el ministro de Fomento no va a modificar el contenido de ese decreto ley y espera que sean los sindicatos los que acepten las, por otra parte, espectaculares condiciones que se les ofrecen.

Rivera ha demostrado ser un socio poco fiable para un Gobierno que creyó que podría jugar con el ratón a gusto de sus conveniencias

No, la razón de la deslealtad de Ciudadanos para con sus supuestos socios tiene mucho más calado que la simpleza de la semana de más o de menos de negociación recomendada por ellos. Lo que buscaban los del partido naranja, y han conseguido, era, además de ponerse de perfil en un asunto que pintaba mal, contribuir a que el Gobierno probara las hieles de la minoría y fuera muy consciente de que debe comportarse de otra manera con ellos para que, de esa manera, puedan ofrecer ante la opinión pública esa imagen de fuerza política sólida y relevante de la que ahora carecen. Albert Rivera ha demostrado ser un socio poco fiable para un Gobierno que se equivocó ampliamente al creer que podía jugar con el ratón a gusto de sus conveniencias. Lo de ayer fue muy grave y tendrá, si la tiene, una muy difícil compostura.

La segunda cosa que se comprobó fue la patética debilidad y la profunda división existente en el Partido Socialista que tuvo su demostración en el comportamiento del propio grupo parlamentario: mientras una parte de su bancada aplaudía entusiasmada a los estibadores situados en las gradas de invitados que celebraban puño en alto la derrota del decreto-ley, la otra parte asistía inmóvil al episodio del que no ignoraban su gravedad, y no sólo por sus consecuencias económicas. El PSOE es rehén de su futuro incierto y a esa incertidumbre no ha sido capaz de oponer su reclamado perfil de alternativa de gobierno y ha optado, por miedo, por precaución, por situarse en el terreno de los partidos gamberros que no lanzan su mirada más allá de la punta de sus zapatos.

Ayer el PSOE se puso a la altura baja de los demás partidos de la oposición con representación parlamentaria y dos de los candidatos a la secretaría general, especialmente Susana Díaz, perdieron la oportunidad de presentarse ante sus potenciales y añorados votantes como los líderes de un socialismo de nuevo responsable y de nuevo capacitado para disputarle al PP en unas futuras elecciones la primogenitura política y el espacio de gobierno. Y eso por una razón que tiene poca o ninguna justificación: la advertencia socialista de que sólo respaldarían el decreto gubernamental si contaba previamente con el acuerdo de los sindicatos. Eso era tanto como ponerle una pistola en la sien al Gobierno porque constituía una invitación, o más bien un empujón, a los estibadores para que no cerraran acuerdo alguno en la insensata esperanza de que un ministro ahogado cediera más allá de lo que la Comisión Europea habría tolerado y les ofreciera mejores condiciones laborales y pusiera todavía más dinero encima de la mesa para las suntuosas jubilaciones ofrecidas.

El PSOE ha propiciado el fracaso de las negociaciones y ha rematado la faena votando en contra de la convalidación del decreto

La conclusión es que el PSOE ha propiciado el fracaso de las negociaciones y ha rematado la faena votando en contra de la convalidación del decreto-ley que ampliaba hasta el límite de lo posible las condiciones impuestas por la Comisión Europea, con lo que eso supone para la imagen de la España del siglo XXI como el viejo país de boina y pandereta con que nos vieron durante demasiados años en esa Europa de la que formamos parte. Y ha sido evidente la intención de ambos partidos de no contribuir a la solución del problema porque no han hecho propuesta alguna de mejora del decreto  y porque tampoco han pedido que se tramitara como proyecto de ley, lo que habría permitido que tanto uno como otro introdujeran en el texto las enmiendas que hubieran considerado oportunas.

Por lo que se refiere a las exigencias de los estibadores, aceptadas en buena medida por un Gobierno asfixiado por la necesidad y por la falta de tiempo, sólo decir que constituyen un insulto a tantos y tantos trabajadores españoles que han sufrido las consecuencias de la crisis y que no han gozado de la red espectacular de garantías laborales y ofrecimientos económicos que a los sindicatos de la estiba, el único sector  en España que no está abierto a la libre contratación, les han parecido tan insuficientes como para llevar al Gobierno y al país a deteriorar su imagen internacional de una manera tan grave, amén de obligar a todos los españoles a pagar las enormes consecuencias económicas de su injusta e insolidaria intransigencia.

Y un  detalle añadido: tanto en las filas de  Ciudadanos como en las del Partido Socialista hay relevantes miembros que no dan crédito a lo sucedido y están tan escandalizados como avergonzados porque son conscientes de que ambos partidos han jugado con fuego hasta provocar el incendio. Y aunque todavía queda en el tiempo de descuento una última oportunidad para apagarlo, el espectáculo que ya ha ofrecido el Parlamento español es irremediablemente lamentable.