¿Empiezo con una perogrullada? Como esta: el Gobierno dirige la Administración. Sin embargo, dicha afirmación constitucional (art. 97 CE), tan lacónica y rotunda, es en la actualidad sólo una verdad a medias. La verdad completa no puede olvidar el nacimiento repentino en nuestro país de una institución que, desde su temprana irrupción (finales del siglo XIX) en la democracia norteamericana, está proliferando en los últimos treinta años en Europa occidental. Me refiero a los organismos que en el Reino Unido llevan el nombre de Non-departmental Public Bodies y al otro lado del Atlántico el de Independent Regulatory Agencies. Hablo, cómo no, de las Autoridades Independientes, de unas organizaciones de naturaleza híbrida que, al reducir la capacidad originaria del poder ejecutivo-administrativo, han revolucionado el sistema clásico de la triple división de poderes.

Con la creación de las nuevas Autoridades se procura restablecer el grado de legitimidad democrática perdido por la expansión continua del poder de los partidos. Al menos en España, hoy el Estado democrático es un Estado de partidos que, al dejar en un segundo orden la satisfacción del interés general, se caracteriza por la falta de transparencia ante los ciudadanos, la defensa de intereses personales y el encubrimiento de abundantes casos de corrupción. Naturalmente, la legitimidad política se sigue ganando en las urnas. Sin embargo, la regla de la mayoría, siendo, como es obvio, una condición necesaria para el ejercicio legítimo del poder político, no es un requisito suficiente para rescatar el término  “democracia” del  lenguaje de la farsa y de la ópera bufa. Porque al Gobierno salido de las urnas y del Parlamento debe exigírsele también que sea imparcial.

Al Gobierno salido de las urnas y del Parlamento debe exigírsele también que sea imparcial

En su magnífico ensayo La legitimidad democrática, Pierre Rosanvallon cita los argumentos básicos que informaron los primeros pasos de las Autorités administratives indépendantes entre nuestros vecinos del Norte. Sus ventajas son cuatro: 1) la sustracción a las presiones políticas y la independencia frente al Ejecutivo; 2) la cualidad de imparcialidad; 3) la capacidad para llevar adelante políticas de largo plazo no sometidas a las azarosas circunstancias electorales; y 4) la adopción de medidas coherentes y racionales.

Las cuatro notas expresadas las lleva en sus genes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF), creada en 2013. Dicha agencia, cuando el Gobierno no le pone la zancadilla, ejerce la función capital de verificar el cumplimiento efectivo de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del país. Los informes de la AIReF (preceptivos pero no vinculantes) requieren de la colaboración obligatoria de todas las Administraciones Públicas, que deben someter al control de la Autoridad, antes de su aprobación, sus proyectos presupuestarios. Como es fácil de comprender, la existencia de la AIReF significa una intromisión en las facultades fiscales de todos los poderes públicos, desde un pequeño municipio hasta la cúspide del Estado. Pero sólo los más ingenuos observarían al Mariano Rajoy de 2013, con su mayoría absoluta en el Parlamento, como un fiel imitador de Ulises, el héroe que voluntariamente pidió a sus compañeros que lo ataran al mástil de la embarcación para evitar el naufragio oculto detrás del bello canto de las sirenas.

La existencia de la AIReF significa una intromisión en las facultades fiscales de todos los poderes públicos

En España el poder no se autolimita espontáneamente. Ni siquiera cuando se lo pide de rodillas el interés general. En realidad, la comadrona de la AIReF fue la Unión Europea. Después de la modificación (igualmente forzosa), en septiembre de 2011, del artículo 135 de la Constitución, la Unión necesitaba incrustar en el tablero español un peón de brega independiente del Gobierno que le alertara de los posibles desvíos (por no decir desvaríos) presupuestarios. La suspicacia, el recelo y el estado de sospecha de Bruselas sobre la disciplina fiscal que se estila a este lado de los Pirineos son continuos y permanentes. ¿Los extranjeros nos odian y tienen envidia de nuestros logros, como diría el general Millán Astray? ¡Quia! Replico aquí la penúltima gacetilla económica. La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas ha alcanzado en enero de 2017 su máximo histórico: después de subir en el primer mes del año 9.213 millones, ya asciende a la suma de 1,114 billones de euros (el 99,75% del PIB).

Según su norma fundacional (Ley Orgánica 6/2013), toda la información que necesita la AIReF para realizar su trabajo se centraliza y vehicula a través del Ministerio de Hacienda. Esta forma de acceso a la información tiene carácter preferente. Lo que no impide que la Autoridad presidida por José Luis Escrivá pueda recabar los datos y documentos que necesita de manera directa, dirigiéndose sin intermediarios a las Administraciones afectadas. La “mediación” preferente atribuida por ley a Hacienda no pasa ningún test de racionalidad, si de lo que hablamos es de proteger la legitimidad que sólo da la imparcialidad.

El “filtro” del Ministerio de Hacienda sólo se explica como un sabotaje contra la Autoridad Independiente, como un  intento de aislar con un cortafuegos la efectividad de la obligación gubernamental de ser veraz, entre otras cosas porque dicha obligación puede quedar vacía de contenido y a merced del ministro del ramo gracias a las órdenes que puede aprobar a su libre albedrío respecto a la documentación a entregar a la AIReF. Además, sabiendo cómo se las gasta el titular actual del Departamento, la regulación legal de la Autoridad vale tanto como encargar a un pirómano que apague el incendio que él mismo ha provocado. Cristóbal Montoro ha escalado el Everest de la fama, entre otras muchas razones, por sus severas reprimendas y sus justificados sermones a muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, reos convictos y confesos del pecado de irresponsabilidad fiscal. La Ley de 2013 nos obligaba entonces a formular esta pregunta: ¿se aplicaría Montoro la misma novela ejemplar que un día sí y el siguiente también recita a sus alumnos?

La “mediación” preferente atribuida por ley a Hacienda no pasa ningún test de racionalidad

La respuesta no era muy difícil  El 8 de abril de 2016, la AIReF emitió un comunicado en el que denunciaba la falta de los datos necesarios para elaborar su informe anual sobre previsiones macroeconómicas y el Programa de Estabilidad 2016-2019. Fue su primer reconocimiento de que el género literario de la picaresca española sigue vivo, coleando y es el arte favorito del sistema de partidos nacional, ese sistema que predica con gallardía “soy un truhán, soy un señor” y que inigualablemente personifica el ministro Montoro. Hay quien dice que fue el Teatro de la Zarzuela su lugar de inspiración para redactar sus órdenes ministeriales, que constituyen una aplicación adaptada a los tiempos  del famoso imperativo histórico: “hagan ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los reglamentos”.

Una Ley redactada premeditadamente de manera confusa para favorecer al Gobierno (como es el caso de la Ley Orgánica 6/2013) se merece un desarrollo reglamentario que esté a su altura. La Orden HAP/1287/2015, de 23 de junio, contenía tres artículos (2, 5 y 12) que fungían como la carabina de Ambrosio para evitar y frustrar la comunicación directa entre la AIReF y las distintas Administraciones Públicas que garantiza el conocimiento exacto, por la Autoridad Independiente, del estado real de las cuentas públicas. Vigilando esa relación íntima siempre comparecía Montoro (Ambrosio) y su Ministerio (la carabina)  para disuadir a la pareja de que fuera más allá de lo que los dictados de la moral pública (esa convención interesada y engañosa de los partidos políticos) aconsejan según las circunstancias de tiempo y lugar.

El ministro de Hacienda no ha tenido otro remedio que pisar el freno y meter a toda prisa la marcha atrás

No obstante, sometido a la presión de una acción judicial instada por la AIRef (y a un pescozón que luego mencionaré), el ministro de Hacienda no ha tenido otro remedio que pisar el freno y meter a toda prisa la marcha atrás. Así que hace unos días se ha publicado en el BOE una Orden de retroceso que desactiva las pésimas intenciones de la carabina de Ambrosio y permite -¿por cuánto tiempo?- a la AIReF desarrollar su independencia y ejercer sus funciones constitucionales. Tampoco en esta ocasión ha existido espontaneidad alguna por parte del Gobierno de la nación, que nuevamente ha sido silbado –con el banderín señalando su posición de fuera de juego- por los árbitros europeos.

En efecto, otra Orden de Montoro, publicada en el BOE el pasado 16 de marzo, ha derogado los tres preceptos puestos en entredicho por la Comisión Europea. La Comisión, mediante un informe de 22 de febrero de 2017, acusaba al ministro de Hacienda español de maniatar a la AIReF y cerrar a gusto del Gobierno la llave de paso de su independencia. Aunque el ministro, en un ademán vergonzante, sostiene que la derogación se debe, no a un criterio ético de ajuste a la legalidad, sino a un argumento instrumental de “oportunidad”.

Montoro ya ha interpretado todas las versiones posibles del barroco “alguacil alguacilado”. Por eso, y como el ministro es insaciable, todavía se le ve joven, probablemente tiene más repertorio teatral y quizás aún no nos ha ofrecido lo mejor de sí mismo, yo le recomiendo que cambie de género. Después de la picaresca, los sueños de Quevedo, la zarzuela y su magistral caracterización de El Tempranillo, ¿qué tal, para driblar otra vez a Bruselas, un poco de retórica latina? Algo en la línea de la Primera Catilinaria ciceroniana. Seguro que eso le permitiría al ministro ganar tiempo mientras espera la próxima reclamación europea. Por ejemplo: “Quo usque tandem abutere, Cristoforos Montorus, patientia nostra?