La suegra de María José tiene 98 años, vive en Tenerife y esta delicada de salud, tuvo que ingresar en un hospital cuatro días por enfermedad. Cuando iba a salir del centro María José fue a su casa a preparar la vuelta, pero no pudo entrar, alguien había cambiado la cerradura de la puerta. Al llamar al timbre le abrieron unos jóvenes con un perro y un bastón en la mano con el que la amenazaron para que se alejara. De eso hace seis meses. Para no disgustarla le han dicho a la anciana que están haciendo obras en su casa para acondicionarla, cobra una pensión de 400 euros y su hijo que vive en Córdoba se ha visto obligado a pagar 1.400 euros al mes para que viva en una residencia de ancianos. Además, por recomendación de sus abogados sigue pagando el agua, la luz y el gas de la vivienda ocupada porque si deja de hacerlo los okupas le pueden denunciar por acoso.

¿Se imaginan que esta buena mujer de avanzada edad fallezca? Su único heredero tendría que pagar miles de euros del impuesto de sucesiones en Andalucía y su Ayuntamiento canario le cobraría el impuesto de plusvalía municipal a la vivienda, aunque su piso, como todos se hubiese devaluado. Quienes no le ayudan con la fuerza de la ley a recuperar su legítima propiedad si retorcerían la legalidad para cobrarle hasta el último euro de impuestos a sus herederos. Así sobrevivimos en una sociedad tan garantista que se ha olvidado de uno de los derechos fundamentales, el de la propiedad.

Son miles los casos en toda España y el Código Penal les protege, pero su aplicación es papel mojado

Son miles los casos en toda España y el Código Penal les protege, pero su aplicación es papel mojado. El artículo 245,2 penaliza la usurpación de una propiedad, sin embargo, debido a la falta de vivienda pública en España, (aquí solo disponemos del 1,5 %, mientras que en Francia el 17% o en Países Bajos el 32%) ha surgido una corriente jurídica que absuelve al que comete el delito de okupación en la mayoría de casos. En base a que “no perturba el derecho de posesión porque son viviendas vacías” además le asiste el derecho constitucional a una vivienda digna. Los pocos casos en los que se condena, las penas son de 1 a 3 meses, de forma que okupar sale gratis en España.

La plataforma de afectados por la hipoteca y stop desahucios deberían ser los primeros en denunciar la mafia de la okupación como negocio, grupos organizados que engañan con falsos contratos a emigrantes alquilando propiedades okupadas o que pactan desocupar la finca a cambio de miles de euros, convirtiendo el pago de esta mordida en su medio de vida. Esas plataformas ciudadanas de las que salió Ada Colau les meten a todos en el mismo saco y equiparan una familia con niños que no pudo pagar la hipoteca y termina okupando una vivienda vacía de un Banco, con un grupo de jóvenes que montan una plantación de marihuana pagando el recibo de la luz el legítimo propietario del lugar.

Estas plataformas que defienden saltarse la ley para defender el derecho a la vivienda deberían ser las primeras en respetar el derecho a la propiedad. Trasladan al particular la responsabilidad que no realiza la administración pública, y convierten el piso que hemos pagado con años de esfuerzos en vivienda de protección oficial a la fuerza. Se convierten en juez y parte.

Nuria es catalana, transportista y madre de dos hijos, se compró una casa tras años de esfuerzos, aún está pagando la hipoteca. Se fue dos semanas de vacaciones y al volver se encontró la casa okupada. Eso ocurrió hace ya tres años. No ha podido entrar ni a retirar sus pertenencias, lo intentó y los okupas la denunciaron por acoso, incluso consiguieron una orden de alejamiento de ella de forma que la propietaria no puede acercarse a su propia casa.

Ahora vive en casa de sus padres y ha dejado de creer en la justicia.