El terremoto que ayer hizo tambalear los cimientos del PP de Madrid tiene su epicentro en la Puerta del Sol. El origen de la investigación que ha llevado a la UCO (Guardia Civil) a la detención de Ignacio González y de otros once imputados en el curso de la llamada Operación Lezo no proviene de una denuncia de los partidos de la oposición, sino que se se sustenta en un documento presentado por la propia Comunidad de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción en 2015 tras detectar irregularidades en la compra de una sociedad brasileña en la que el Canal de Isabel II habría perdido unos 16 millones de euros.

La pieza clave en esta trama es Edmundo Rodríguez, ex presidente de Inassa (filial del Canal de Isabel II en Colombia), hombre de confianza de González y a quien Cristina Cifuentes destituyó poco después de tomar posesión del cargo al frente de la Comunidad de Madrid.

La detención de González debilita la posición de Esperanza Aguirre, a cuya sombra creció y por quien fue nombrado vicepresidente en 2003 y a la que debe su ascenso a la presidencia de la Comunidad. Aguirre siempre ha defendido la honorabilidad de González, puesta ya en cuestión hace cinco años a cuenta de un ático en Estepona cuya propiedad habría adquirido presuntamente por vías inconfesables.

Pero el seísmo no sólo afecta al viejo PP de Madrid nucleado en torno a Aguirre, sino que ha provocado dos víctimas colaterales: Mauricio Casals (presidente de la sociedad editora del diario La Razón) y Francisco Marhuenda (director del citado diario). El juez Eloy Velasco les acusa de presuntas coacciones a Cifuentes. En teoría, la "intimidación" a la presidenta se produjo para proteger a Rodríguez, que ocupa además un puesto en el consejo de La Razón. Las fuentes consultadas afirman que existen grabaciones telefónicas en las que se pondrían de manifiesto esas presiones a la presidenta de la Comunidad de Madrid. O sea, dinamita para los pollos.

El hecho diferencial es que el origen de la Operación Lezo está en una denuncia de la propia Comunidad de Madrid. La detención de González es una de sus consecuencias

La Operación Lezo (para lo que ha quedado el almirante español que brillantemente defendió Cartagena de Indias del asedio británico en 1741) se produce un día después de que la Audiencia Nacional acordara citar al presidente del Gobierno como testigo en la investigación de la trama Gürtel.

La corrupción vuelve a situar al PP frente al espejo. Mientras que la situación económica confirma su mejora y organismos internacionales como el FMI resaltan la buena gestión, el partido que sustenta al gobierno se muestra incapaz de recoger esa cosecha en forma de apoyo electoral porque los casos que afectan a sus dirigentes siguen ocupando el primer plano de la actualidad.

Sin embargo, en la Operación Lezo, el hecho diferencial es que su detonador ha sido una líder del propio partido. Cifuentes podría haber mirado para otro lado (haberse hecho "la rubia", como dijo en una reciente entrevista), pero decidió actuar en consecuencia con sus convicciones, convertidas en promesas electorales. Si el PP quiere ser creíble debería limpiar debajo de las alfombras, en lugar de tapar la basura para proteger a los compañeros de partido.

Seguramente, Cifuentes pagará tarde o temprano la factura por lo que algunos compañeros consideran una falta de lealtad que, además, ha provocado la imputación de destacados aliados mediáticos. Tampoco será perdonada por Aguirre y mucho menos por González, quien se la tenía jurada desde hace años.

La política se ha convertido en profesión de riesgo. Pero cuando la avalancha de la corrupción amenaza la credibilidad del sistema lo que no valen son los paños calientes, la protección de los nuestros por encima de todo. Un dirigente del PP me confesaba ayer: "A Cifuentes le van a dar duro algunos de los nuestros, pero, en mi opinión, es la campeona de lo que ha ocurrido. ¿O acaso no la nombraron para eso?".