Al igual que para los líderes independentistas, para la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, el Gobierno de Rajoy adolece de falta de “voluntad política” en la llamada cuestión catalana. Según ella, esa falta de voluntad política se observa en la negativa de Rajoy a acordar con Puigdemont la celebración de un referéndum sobre la secesión de Cataluña, con el objetivo de evitar que la Generalitat lo convoque igualmente de forma unilateral. Parece evidente que el defecto de Rajoy para Montero y compañía no es que carezca de voluntad política, sino que no esté dispuesto a hacer la voluntad de Puigdemont, es decir, que tenga su propia voluntad política. Deshagamos de una vez este entuerto. ¿Tan difícil es de entender que en una sociedad abierta y democrática no existe una sola, sino múltiples voluntades políticas que deben convivir y relacionarse entre sí desde el respeto al marco de convivencia que son la Constitución y las leyes democráticas de las que nos hemos dotado entre todos?

Montero le exige a Rajoy diálogo para acordar el referéndum que reclama Puigdemont, un extraño diálogo en el que el punto de partida es el mismo que el de llegada y en el que el Gobierno de España debería aceptar con resignación el papel de mero convidado de piedra que le tienen reservado los nacionalistas y Podemos. Lo que la situación requiere, en todo caso, es un diálogo institucional leal y sincero. Pero para que exista un diálogo de ese tipo es imprescindible que todas las partes hablen el mismo lenguaje político, que compartan una ortografía, una gramática y un vocabulario, es decir, unas normas. Y en una democracia constitucional esas normas están contenidas en la Constitución, que es el código que permite articular el diálogo. Pues bien, partir de la negación de uno de los pilares fundamentales de ese código consensuado entre todos en 1978 -la unidad de soberanía del pueblo español- no parece la mejor manera de iniciar un diálogo.

Enfrascarnos en una discusión sobre sujetos de soberanía sólo nos llevaría a un callejón sin salida, a la parte irresoluble del mal llamado problema catalán

Plantear la conversación sobre la base de la negación de ese principio constitucional -exigiendo un referéndum en el que solo votemos una parte de los españoles, los catalanes, sobre una cuestión que sin duda nos afecta a todos- es imposibilitar el diálogo, neutralizar de entrada los potenciales acuerdos. Ello es así no tanto porque el actual Gobierno del PP o las actuales Cortes Generales no tengan la voluntad de facilitar el referéndum que exigen los partidos independentistas y Podemos, sino porque se trata de una pretensión que no está en sus manos sino en las del conjunto del pueblo español.

De todas maneras, enfrascarnos en una discusión sobre sujetos de soberanía sólo nos llevaría a un callejón sin salida, a la parte irresoluble del mal llamado problema catalán, que en cualquier caso sería el principal problema español. Esa discusión solo puede generar frustración y un sentimiento recíproco de agravio entre catalanes, y entre nosotros y el resto de los españoles. Por ello creo que es engañosa la pretensión de resolver la cuestión de una vez para siempre mediante soluciones binarias de sí o no, o incluso de sí o sí. ¿Por qué no buscamos, entre todos, acuerdos posibles? ¿Por qué no exploramos con lealtad recíproca soluciones relativas, necesariamente imperfectas pero que puedan ser asumidas por una mayoría de catalanes y de españoles no catalanes?

Si los independentistas perdiesen el referéndum, estaríamos abocados al neverendum, la repetición constante hasta que salga el resultado deseado

¿Realmente creen Iglesias, Montero y compañía que un referéndum solucionaría algo? En el seno de una sociedad abierta y plural como la catalana, en la que la inmensa mayoría nos sentimos tanto catalanes como españoles, la fe de algunos en el referéndum como solución política definitiva es digna de mejor causa. Teniendo en cuenta la situación de la sociedad catalana, lo único que podría conseguir un referéndum de autodeterminación, aparte de polarizarla, sería un cambio de perspectiva, que pasásemos de hablar de la cuestión catalana en España a la cuestión española en Cataluña. Eso, en el caso de que los independentistas lo ganasen, porque si lo perdiesen, entonces estaríamos abocados al neverendum, la repetición constante del referéndum hasta que salga el resultado deseado, hasta que por fin se consume “la voluntad política”. Un gran avance, ¡sí, señor!

“Esta situación no va de lo que quiere un gobierno u otro; esto va de lo que quieren los catalanes y las catalanas, que son los ciudadanos, los que detentan la soberanía”, dice Montero. Es probable que Montero quisiera decir que los ciudadanos “ostentan” y no que “detentan” la soberanía, pues detentar significa en cualquiera de sus acepciones retener y ejercer un poder de forma ilegítima y no parece que fuera eso lo que quería decir la portavoz de Podemos.

Cuestiones filológicas al margen y pasando por alto la incorrección lingüística de la corrección política, la pregunta es ineludible: ¿los españoles no catalanes y las españolas no catalanas no son ciudadanos y ciudadanas, no ostentan también la soberanía junto con los catalanes y las catalanas? ¿De verdad creen que “esta situación”, que afecta a la integridad territorial del Estado y a la continuidad misma de la comunidad política, no va de lo que quieren el conjunto de los españoles?