La decisión del tribunal de la Audiencia Nacional de llamar a declarar a Mariano Rajoy como testigo en el juicio sobre la primera etapa del caso Gürtel asesta un golpe formidable a la figura política del presidente del Gobierno. Y no precisamente por el hecho de que tenga que aportar su testimonio ante el tribunal que juzga la presunta financiación ilegal de su partido, sino por las connotaciones políticas que la oposición le ha colgado a la espalda cinco minutos después de que el presidente del tribunal comunicara a la sala de viva voz esta decisión. A partir de ese instante, Mariano Rajoy ha sido tratado como partícipe y, por lo tanto, culpable de los desmanes cometidos, siempre presuntamente, por el Partido Popular en aquellos tiempos de billetes, vino y rosas.

El juicio político y la condena a Rajoy son ya un hecho si observamos las reacciones producidas en los ámbitos de la oposición -no sólo la de izquierdas- y en una parte muy importante de los medios de comunicación. Y a este hecho tiene necesariamente que someterse, o resignarse,  el presidente porque no tiene vuelta atrás.

La pena de una parte de la opinión pública ya ha sido dictada sin esperar a la cautela ni a la prudencia exigibles en este caso porque hay que insistir en que estamos hablando del presidente del Gobierno de España, es decir, de un señor que representa a nuestro país y nos representa, les guste a algunos o no, a todos nosotros. En ese sentido, el de la pena de la opinión pública, es en el que el jefe del Ejecutivo tiene que prepararse a cargar desde ayer con el estigma que inexorablemente comporta quedar tan próximamente obligado, por decisión de los jueces, a esclarecer cuestiones como el cobro de comisiones a empresarios a cambio de posteriores adjudicaciones por parte de responsables del PP, a explicar si estaba enterado de que el destino de esas comisiones era la ‘caja B’ del partido o si sabía que ese dinero se utilizaba después para financiar campañas electorales en determinados ayuntamientos.

Pero, desde el momento en que Pedro Crespo, el número dos de la trama Gürtel, declaró que "los secretarios generales del PP conocían perfectamente lo que hacía Bárcenas”, no había que ser un lince para prever la posibilidad de que la acusación popular sí podría ahora ver atendida por el tribunal su tercera solicitud de que se llamara a declarar como testigo a quien fue vicesecretario de ese partido de 1990 a 2003 y su secretario general entre 2003 y 2004. Y eso a pesar de que Bárcenas señaló que fue Mariano Rajoy quien dio la orden en el año 2003 de “romper” con las empresas de Gürtel que operaban bajo al paraguas de Francisco Correa.

El impacto político causado por la decisión del tribunal ha sido formidable y por eso sus efectos durarán por lo menos hasta que el presidente preste su testimonio

Este es un proceso por el que va a desfilar la crema y la nata del antiguo Partido Popular. Pero casi todos los que comparezcan como testigos en este juicio están ya fuera de la actividad política y por esa razón la actual cúpula del PP podía argumentar hasta ayer que se están juzgando hechos que corresponden al pasado del partido y que su presente dista mucho de esa escena de banquillo que se está desarrollando ante los tribunales. Eso fue hasta ayer porque desde ayer el hoy del Partido Popular ha sido traído en la persona de Mariano Rajoy hasta las puertas de la sala de la Audiencia Nacional. Y esa es una oportunidad que la oposición no va a dejar pasar sin sacarle hasta la última gota del jugo que pueda destilar. Por eso, el impacto político causado por la decisión del tribunal ha sido formidable y por eso sus efectos durarán por lo menos hasta que el presidente preste su testimonio en fecha aún por determinar.

A partir de ahí, el presidente del PP y también del Gobierno debería asumir con entereza y la máxima deportividad un golpe tan contundente sin intentar descalificar a las acusaciones ni mucho menos sugerir maliciosamente que el tribunal ha caído en la "ingenuidad" de pisar el cepo que, por motivaciones exclusivamente políticas, los abogados de la acusación popular han puesto a los pies de los magistrados. Nada de eso va a evitar que el presidente preste su testimonio y, sin embargo, aproxima a los dirigentes del PP a las posiciones de quienes, cuando un procesamiento les afecta a ellos o sencillamente no les gusta, se aprestan a acusar a la Justicia española de estar politizada. En cuanto la cúpula de la calle Génova cometa ese error, y ayer estuvo a una milésima de milímetro de cometerlo sin remedio, se estará sumando a quienes están dispuestos a desacreditar a los jueces, es decir a la Justicia, lo cual es tanto como poner una bomba en los cimientos del estado de derecho.

El presidente del Gobierno debería asumir con entereza y la máxima deportividad un golpe tan contundente sin intentar descalificar a las acusaciones

Mucho cuidado, pues, con caer en esa tentación en pleno estado de consternación o de indignación por lo sucedido, porque en España hay asuntos de la máxima trascendencia política a los que se están enfrentando los tribunales con las exclusivas armas de su leal criterio a la hora de interpretar y aplicar en consecuencia la ley. Y en las que el país se juega su futuro. No hay jueces politizados, o engañados por los astutos abogados de la acusación popular -como ha insinuado ayer el señor Martínez-Maillo sobre el tribunal que ha llamado a Mariano Rajoy a prestar su testimonio- y otros jueces impecablemente limpios, exquisitamente formados e insobornablemente honestos, que son los que juzgan y dictan sentencias sobre otros asuntos sobre los que pende el destino de España.

En otras palabras, los dirigentes del PP que hablan en nombre de su presidente deberían tener la absoluta precaución de no caer a la altura de un Artur Mas o un Francesc Homs porque, de ser así, habríamos perdido todos muchas cosas pero ellos y su partido habrían perdido la razón en la defensa de la ética pública, además de la cara y la vergüenza. Rajoy debe afrontar el trago con la misma actitud con la que en diciembre de 1976 Torcuato Fernández Miranda, entonces presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, muñidor del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno y autor de la Ley para la Reforma Política, afrontó la agresión de un  grupo de falangistas furibundos que en plena calle le gritaban a pocos centímetros de la cara mientras trataban de derribarlo al suelo:"¡¡¡No queremos Monarquía, ni Juan Carlos ni Sofía!!!". Fernández Miranda no perdió ni por un momento la compostura mientras pedía a su aterrorizada mujer que secundara su actitud: "¡La prestancia del cargo, la prestancia del cargo!", le repetía. Algo parecido debería acompañar hoy al presidente del Gobierno en esta travesía.

En última instancia, y a salvo del hecho incontestable de que la oposición va a aprovechar la ocasión para deteriorar  su fortaleza intentando hacer caer sobre Rajoy todo el peso político de la presunta corrupción del PP en los años en que fue su secretario general, hay que decir que si el presidente del Gobierno es víctima de alguien, antes que de nadie lo es de un partido, algunos de cuyos miembros se comportaron en aquel tiempo como auténticos depredadores del dinero público. Y ese partido es el suyo.