Decir hoy que la corrupción es una epidemia que asola nuestro país es una perogrullada, o sea, una afirmación del todo superflua por encerrar una verdad muy evidente. Pero alejémonos de recursos comunes. Olvidemos por un instante las luchas partidistas que nos enfrentan, esas que nos obligan a evitar reconocer los errores y que de modo defensivo buscan pajas mayores en el ojo del contrario. Imaginemos brevemente que en España fuera posible caminar juntos por un bien común.

Claro que esto no es tan sencillo. No nos vamos a acercar a Finlandia (país ejemplar en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional) de la noche a la mañana. La gestión honesta y la ética pública son conceptos alcanzables que requieren un esfuerzo de todos para llegar a ser un pueblo -como el finés- que cumple las reglas, desde los ciudadanos hasta los funcionarios, interiorizando que cada uno de nosotros somos artífices de lo bueno y de lo malo.

La gestión honesta y la ética pública son conceptos alcanzables que requieren un esfuerzo de todos para llegar a ser un pueblo que cumple las reglas

¿Que muchas de las mentes más brillantes de este país estén dedicadas al chanchulleo no preocupa a nadie? A mí sí me preocupa. Y parece que también preocupa en México. Allí se ha legislado recientemente para crear un sistema de gestión que une a un conjunto de autoridades que trabajarán de manera coordinada con el fin de combatir la corrupción. Aquello no ha sido espontáneo, sino el producto de un análisis profundo en la búsqueda de una solución contra esta terrible lacra. La corrupción está debilitando la democracia. En México y en España, países hermanos.

Permítanme la osadía de fantasear con un Sistema Nacional Anticorrupción en España que, de manera homogénea con el mexicano, estuviera integrado por las siguientes autoridades: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (organismo público creado por nuestra Ley 19/2013, de Transparencia), Tribunal de Cuentas, Fiscalía Anticorrupción, Consejo General del Poder Judicial y Comité de Participación Ciudadana. Todo ello gestionado a través de un comité coordinador (formado por representantes de los anteriores) y una secretaría general que le sirva de apoyo.

Seguro que todos los organismos citados les suenan, a excepción del Comité de Participación Ciudadana. Es nuevo. También en México. Es un órgano ajeno completamente a la Administración pública, compuesto por varios ciudadanos corrientes, que será parte de esa estructura que combatirá la corrupción en el país. Un integrante fiscalizador como contrapeso en el entramado institucional, desempeñando el papel más cercano a los ciudadanos.

Así visto, un Sistema Nacional Anticorrupción, que no deja de ser una alianza ética entre ciudadanos y poderes públicos dirigida a perseguir esta lacra, resulta en todo punto y hora necesario.

Finalmente, quisiera aclarar que este sistema carece de competencias ejecutivas. Su fuerza es esencialmente persuasiva y política, bajo la emisión de informes públicos que no tienen carácter vinculante, sino meramente informativo y de recomendación, como si del Defensor del Pueblo se tratase.

Pero su naturaleza no debe ser considerada un síntoma de debilidad. Lo contrario generaría fuertes resistencias y lastraría el proyecto. Así, como institución simbiótica y de consenso, donde ciudadanos e instituciones caminarían juntos por un bien común, promoviendo una dirección unívoca en materia de anticorrupción, podría restaurarse la dignidad de la vida pública y la autoridad social de las instituciones.

No necesitamos más cárceles ni tampoco un sistema penal implacable y vengativo. Los finlandeses nos demuestran que con una legislación benigna pueden transcurrir décadas sin un solo episodio de corrupción. Más bien necesitamos un cambio cultural que normalice caminar juntos por ese bien común. En México, el Sistema Nacional Anticorrupción (en siglas, SNA) se considera un logro inédito en décadas. En España bien podría servirnos de fuente de inspiración.

Rafael Prieto Tenor es abogado y profesor de la Universidad de Málaga en materia de transparencia y anticorrupción.