Hace ya varios años que la Guardia Civil sabía que en el ERE de la llamada Faja Pirítica de Huelva, subvencionado por el Ministerio de Trabajo del Partido Popular, de 325 ayudas sociolaborales que otorgaron, 51 de ellas no tenían el requisito de 55 años bonificados. Dicho en román paladino, en las ayudas tramitadas por el Ministerio, concedidas por la presuntamente escrupulosa Administración del Estado, se colaron 51 intrusos.

Este jueves se ha sabido que la juez María Núñez Bolaños ha imputado por ello a dos altos cargos de segundo nivel del Ministerio de Trabajo del Partido Popular. En vista de ello, resulta pertinente formularse determinadas preguntas:

¿Por qué no imputó la juez instructora, no ésta, sino la anterior, en su momento, al Presidente del Gobierno, a los ministros de Hacienda y Trabajo, al Interventor General del Estado y a los subsecretarios de hacienda y de trabajo, de forma análoga a como imputó a dos presidentes de la Junta, siete consejeros y decenas de otros altos cargos? ¿Es que los intrusos perpetrados por la Administración del Estado gobernada por el PP son de mejor condición que otros?

¿Es que los intrusos perpetrados por la Administración del Estado gobernada por el PP son de mejor condición que otros?

En vista de lo que se ha sabido ahora, ¿resulta admisible que el PP continúe siendo acusación popular en las piezas del caso de los ERE o debería ser expulsada inmediatamente?
¿Por qué los peritos judiciales designados por el Interventor General del Estado del Gobierno del PP no observaron en sus informes ninguna irregularidad en las subvenciones financiadas por la Administración del Estado, a pesar de los 51 intrusos de la Faja Pirítica? ¿Acaso las lentes de estos peritos sufren alguna distorsión que sólo les permiten percibir las irregularidades en los expedientes tramitados por la Junta de Andalucía y no en las que incurren los expedientes tramitados por la Administración Central del Estado? ¿A qué obedece este extraño caso de hipermetropía pericial, que les impide ver, precisamente, lo que tienen más cerca?

¿Por qué la juez declaró impertinentes todas las preguntas que los abogados defensores pretendieron formular, en su comparecencia judicial, a estos peritos hipermétropes, sobre las subvenciones de los ERE tramitadas por el Ministerio de Trabajo? En vista de que la gestión realizada por la Administración del Estado ha dado el mismo resultado presuntamente fraudulento que la realizada por la Junta, ¿acaso temía la juez quedar en evidencia ella misma y su ridícula teoría sobre la trama para delinquir de 52 altos cargos de la Junta y por eso prohibió las preguntas?

¿Quién se atreve a responder?

Manuel Gómez Martínez fue interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010 y es uno de los imputados en el caso ERE.