La ciudad de Madrid podría tener que enfrentar multas de la Comisión Europea de hasta 100 millones de euros semestrales por la mala calidad del aire que respiran sus ciudadanos, fruto de las emisiones contaminantes derivadas, entre otros agentes, del tráfico rodado y de un parque móvil notablemente obsoleto y propulsado principalmente por combustibles fósiles.

Así me lo trasladaba recientemente Javier Cachón, director general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, quien además aludía a una realidad que muchas veces no parece calar en las conciencias, como es el hecho de que la contaminación no atiende a fronteras ni a lindes municipales y por tanto, lo que afecta a una ciudad en términos de calidad del aire es más que probable que acabe afectando, como mínimo, a la conurbación que la rodea.

En España, un 94% de los ciudadanos respiró aire contaminado en 2016, en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y 12 Comunidades Autónomas no elaboraron planes de mejora de calidad del aire, según denunciaba hace ahora un año un Informe Estatal de Calidad del Aire 2016, presentado por la ONG Ecologistas en Acción.

Además, cada año se registran cerca de 27.000 muertes prematuras en España por afecciones derivadas de la contaminación del aire, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), lo que se traduce en un aumento de los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica, que representan entre el 2,8% y el 4,6% del PIB español, unos 46.000 millones de euros, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un 94% de los ciudadanos españoles respiró aire contaminado en el año 2016

A tenor de estos números, no es de extrañar que los gestores de la capital lleven a cabo iniciativas frente a la combustión de los motores que, más o menos impopulares, tratan de paliar las consecuencias de la mala calidad del aire y de evitar que esa espada de Damocles que pende de sus cabezas en forma de multa acabe precipitándose sin remedio sobre las arcas públicas.

Hasta ahora, la Comunidad de Madrid ha sido poco proactiva en tomar las riendas para afrontar un reto como la descarbonización del transporte a nivel de región, dejando que la iniciativa la llevara la ciudad de Madrid como espejo de una conurbación en la que el resto de localidades pudiera mirarse y replicar sus actuaciones.

La cosa no ha sido así y en lo que concierne, por ejemplo, al impulso de la movilidad eléctrica, las localidades que conforman la región han ido tomando, o no, medidas de modo individual e inconexo con el entorno para promover una transformación del parque de combustión hacia las cero emisiones.

Esto ha cambiado recientemente y la Comunidad de Madrid, a través de su consejería de Medio Ambiente y con el impulso de su Comisionado para Ambiente y Clima, Mariano González, ha puesto en marcha una Mesa Regional del Vehículo Eléctrico donde la Administración se encuentra presente a través de sus consejerías de Medio Ambiente, Transporte e Industria, junto con representación del Ministerio de Industria y Energía, el IDAE, el Ayuntamiento de Madrid y la Federación de Municipios de Madrid, y el tejido empresarial a través de las asociaciones sectoriales AEDIVE, que engloba con un centenar de empresas a toda la cadena de valor industrial y tecnológica vinculada al vehículo eléctrico, y ANFAC.

Las decisiones sobre movilidad eléctrica se están tomando de modo individual e inconexo

El despliegue de un mallado coherente y eficaz de puntos de recarga, principalmente rápida, junto a política de incentivos a la compra y campañas de comunicación y sensibilización para la sociedad en general son los tres ejes fundamentales sobre los que se centrarán los avances de esta Mesa territorial madrileña.

Para lograr el éxito ya cuenta con casos ejemplares en otras comunidades autónomas como Cataluña, donde el plan PIRVEC ha supuesto a lo largo de su año de rodadura el impulso necesario para promover la descarbonización del transporte a través de la suma de actuaciones regionales, de normativas locales y de inversiones en vehículo e infraestructura junto con una campaña de sensibilización que ha sabido calar entre la población, las empresas y las administraciones para poder avanzar en la estrategia.

Hora es de que la administraciones regionales y locales asuman su responsabilidad y lo hagan de forma coordinada y conjunta para evitar que las medidas que se tomen de forma aislada para paliar los efectos de un transporte rodado que ha crecido sin control ni planificación durante las últimas décadas, acaben siendo ineficientes y sin sentido.

El aire no entiende de fronteras ni de colores políticos y la salud de los ciudadanos es una riqueza que no debe hipotecarse bajo ningún concepto.