El horror, el asesinato masivo, indiscriminado, con el objetivo de lograr la máxima repercusión mediática, que es el fin de todo atentado terrorista, no sólo ha conmocionado a toda la población de Cataluña, sino que va a tener un efecto indudable en un escenario político marcado por el referéndum del 1-O.

Hay un primer efecto evidente. Durante los próximos días, tal vez semanas, la prioridad de la Generalitat será la gestión del atentado y la investigación de los hechos (todavía no se sabe con certeza quién fue el conductor de la furgoneta de la masacre en La Rambla). Para lo que será necesaria la máxima colaboración de los Mossos con las Fuerzas de Seguridad españolas y con el CNI.

Sería una frivolidad reiniciar la campaña por el referéndum cuando los ciudadanos están aún preocupados por su seguridad y, al mismo tiempo, se constata que Cataluña es el principal foco de yihadismo en España y en el sur de Europa.

Los independentistas temen que el 1-O devenga en un sonoro fracaso, vista la evolución de las encuestas, que muestran un desinfle progresivo y continuado del secesionismo. Ya hemos explicado (El bucle catalán y el miedo al ridículo) como la decisión de no tramitar la ley de Referéndum adoptada por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el pasado 16 de agosto, mostraba, por un lado, la división del bloque soberanista (la convivencia imposible entre el PDeCAT y la CUP), y, por otro, la necesidad de acercar lo más posible ese desafío a la legalidad a la fecha de la Diada como un elemento de movilización de masas.

Aunque no quieran reconocerlo, el atentado ha alterado los planes de los independentistas. La prioridad ahora es la seguridad de los ciudadanos

La finta de Forcadell sorprendió al propio gobierno. Rajoy convocó el Consejo de Ministros extraordinario del pasado miércoles no para analizar la situación del aeropuerto del Prat, sino para adoptar una decisión clara y rotunda si la Mesa del Parlament daba luz verde a tramitar la ilegal ley de Referéndum.

De hecho, el problema de Cataluña centró gran parte de la reunión del gabinete, en la que se criticó la declaración del día anterior realizada por el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, en el sentido de que el gobierno había descartado ya la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Al ministro portavoz se le comminó a que desautorizara a Hernando sin dejarle a los pies de los caballos. Por ello, cuando fue preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo, Íñigo Méndez de Vigo reiteró que el gobierno contemplaba todas las opciones posibles para abordar el reto secesionista con contundencia y proporcionalidad.

La agenda del independentismo contemplaba una ofensiva mediática y política para calentar la Diada, como trampolín para llegar al 1-O con sus partidarios plenamente movilizados. Un sanguinario comando terrorista ha desbaratado esos planes. O, al menos, los ha retrasado justo en un momento crucial.

Carles Puigdemont se apresuró a declarar en Onda Cero, al día siguiente del atentado, que lo ocurrido en Barcelona y Cambrils no alteraba su agenda independentista. Pero él sabe que eso no es así, como lo sabe todo el bloque soberanista y como lo sabe también el gobierno.

Rajoy, aleccionado de forma dramática por lo ocurrido tras el 11-M, ha hecho una inteligente gestión del atentado. No sólo se presentó el mismo día de la masacre en Barcelona, acompañado por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, sino que trató directamente con el rey don Felipe VI sobre la conveniencia de su presencia en la ciudad para acudir al acto de homenaje a las víctimas celebrado el pasado viernes en la Plaza de Cataluña.

Es más, Interior ha dado instrucciones precisas a sus portavoces y a los mandos policiales para que no se cuestione la actuación de los Mossos. La consigna es: máxima colaboración y puesta en valor de la profesionalidad del cuerpo policial que depende de la Generalitat.

La prioridad ahora es la seguridad y la detención de todos los implicados en la matanza. El gobierno no va a cometer el error de mezclar el atentado con el referéndum. Al menos, de forma explícita.

Pero, aunque nadie quiere hablar de ello porque sería políticamente incorrecto, la fotografía de la plana mayor del gobierno y del Rey junto a Puigdemont y Ada Colau no le viene nada bien a un movimiento que basa su exigencia de ruptura en la desafección de España hacia Cataluña.

Seguramente, los independentistas convencidos no cambiarán de opinión sobre los beneficios que supondría para sus ciudadanos una Cataluña separada de España, pero la inmensa mayoría de los catalanes se habrán planteado estos días las ventajas que tiene pertenecer a un Estado que vela por su seguridad y de mantener los lazos con una comunidad que, de forma unánime, se ha sentido profundamente afectada por el dolor provocado por la barbarie terrorista.