Con la presentación de la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República los políticos independentistas siguen dibujando a placer su país de fantasía, demostrando su escaso compromiso con la realidad y haciendo aportaciones definitivas al derecho internacional. La proposición de ley constituye un salto cualitativo en el concepto de autodeterminación, pues con ella los catalanes no solo nos determinaríamos a nosotros mismos sino que, ya puestos, determinaríamos el nuevo orden mundial desde el Parlament. Se trata de una auténtica ley de leyes universal que a todos obliga, aunque emane de un Parlamento autonómico en contra de su norma institucional básica, el Estatut, que exige mayorías cualificadas para la toma de decisiones de especial trascendencia.

Dice la proposición de ley que, una vez consumada la separación de forma unilateral, los catalanes podremos mantener la nacionalidad española junto con la catalana. Estaríamos así ante el primer tratado unilateral de doble nacionalidad, pues el Estado español resultante de una secesión hecha contra su ordenamiento constitucional tendría que aceptar por fuerza la exigencia de las autoridades del flamante Estado catalán. Curiosamente, los separatistas se amparan en la Constitución que pretenden demoler, la española de 1978, para justificar su pretensión de que los ciudadanos de la improbable república catalana podríamos optar por la doble nacionalidad, porque la Constitución dice que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Es decir, primero nos la saltamos y acto seguido corremos a cobijarnos a su sombra.

Olvidan los proponentes que eso valdría para los catalanes que optásemos por preservar la nacionalidad española y no adquirir la catalana, pues el Estado español no podría privarnos de nuestra nacionalidad y dejarnos como apátridas. Pero en ningún caso tendría por qué valer para los catalanes que decidiesen adquirir la nacionalidad catalana, pues el riesgo de apatridia quedaría en teoría conjurado. El artículo 11.3 de la Constitución española prevé que el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con países que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España, por lo que digamos que ese artículo no parece especialmente redactado para el caso de un país constituido mediante una declaración unilateral de independencia que supone una violación flagrante de la Constitución.Además, la Constitución es modificable y, en el caso de una secesión a la brava, sería lógico que el Estado españollamodificase para evitar tener de sopetón siete millones de españoles viviendo en el extranjero.

Ni España ni ningún Estado mínimamente relevante reconocerá nunca una independencia declarada mediante un acto contrario al orden constitucional

Por suerte, hay una cuestión previa a todo lo anterior: ni España ni ningún Estado mínimamente relevante reconocerá nunca una independencia declarada mediante un acto contrario al orden constitucional de un Estado miembro de la UE, es decir, necesariamente democrático. Así pues, pase lo que pase en las próximas semanas, los catalanes seguiremos siendo españoles y Cataluña seguirá formado parte de España y de la UE, que seguirá considerándola una comunidad autónoma española.

Pero no contentos con maniatar a lo que quede del Estado español tras la declaración unilateral de independencia, los proponentes de la ley también impondrían a la UE la admisión como miembro de pleno derecho del Estado catalán.¿Que los Tratados de la UE exigen la unanimidad de los Estados miembros para la entrada de un nuevo Estado en la Unión? ¡Bah! Pues habrá que modificar los Tratados para dar cabida al nuevo Estado constituido mediante una declaración unilateral de independencia y un proceso que contraviene los principios básicos del Estado de derecho. Seguro que, además de España, países como Alemania, Italia o Francia están deseando legitimar un escenario que cuestiona sus respectivos ordenamientos constitucionales, basados también en la unidad de soberanía, y pone en jaque el proyecto de integración europea.

La presentación de esta suerte de ley suprema universal, a la que están sujetas todas las cosas, ha propiciado el debate sobre otros aspectos de la improbable secesión que los proponentes han tratado con la misma frivolidad que el de la nacionalidad española o el de la integración en la UE. Resuelven con idéntico diletantismo todas y cada una de las cuestiones que se les presentan. El PIB catalán no caería tras una independencia unilateral, porque nuestros principales socios comerciales, que son sobre todo otras comunidades autónomas españolas, no alterarían en absoluto sus hábitos de consumo pese a nuestra manifiesta deslealtad. Tampoco el comercio con la UE se vería afectado a pesar de nuestra autoexclusión. Y si no, siempre podríamos recuperar la teoría de la conspiración planetaria contra Cataluña, culpando a los demás de todos nuestros males.

Cada vez hay más catalanes hartos de este agotador proceso y convencidos de que Cataluña necesita urgentemente un Gobierno no nacionalista

También hemos conocido la pretensión de echar de Cataluña al Ejército español y ahora resulta que, según el propio Puigdemont, ¡crearíamos nuestro propio ejército!, otra estructura de Estado. Pero ¿se han molestado en mirar por encima lo que cuesta crear un ejército ex novo? Con una deuda astronómica y las dificultades crediticias derivadas de la unilateralidad, para organizar unas fuerzas armadas ciertamente frágiles (infinitamente inferiores a las españolas, desde luego) tendríamos que afrontar un gasto de salida de al menos 5.000 millones de euros para comprar lo más grueso (vehículos, buques y aviones), y eso teniendo en cuenta que en los Estados tecnológicamente más avanzados el gasto en material militar e I+D+i suele ser cerca de un 25% del total.

El resto va a personal, infraestructuras y órganos de Mando. Todavía recuerdo el día que Oriol Amat, economista de cabecera y diputado del Juntspel Sí, me dijo textualmente: “En el capítulo de las estructuras de Estado, incluida la defensa, todo suma un poco menos de 4.000 millones de euros”. Así de fácil. Basta con informarse un poco hablando con expertos en defensa para saber lo que cuesta una fragata o un escuadrón de cazabombarderos, y constatar de nuevo la inconsistencia de quienes se empeñan en hacer estados en el aire.

No sé si los independentistas, aferrados al poder y aterrados ante las urnas de verdad, las de unas elecciones autonómicas, conseguirán el 1 de octubre repetir el 9-N, pero tengo claro que cada vez hay más catalanes hartos de este agotador proceso y convencidos de que Cataluña necesita urgentemente un Gobierno no nacionalista. Y si no, al tiempo.