La Fiscalía General del Estado ha ordenado a las fiscalías provinciales de Cataluña que tomen declaración como imputados a todos los alcaldes (712 según la AMI) que han ofrecido las dependencias municipales para participar en el referéndum ilegal del 1 de octubre por posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. En caso de negarse a comparecer, la Fiscalía conmina a los fiscales para que acuerden la detención de los ediles, oficiando para ello a los Mossos.

La CUP, que cuenta con 30 alcaldes, ya ha ha hecho saber que desobedecerá la orden. Para el partido de Anna Gabriel ya ha comenzado el Mambo.

En el escrito firmado por José Manuel Maza se especifica que "a la vista del número de municipios afectados, se procederá a dar preferencia en la tramitación a las diligencias que afecten a los Ayuntamientos de mayor volumen de población". Curiosamente, los dos ayuntamientos de mayor población que han ofrecido sus instalaciones para poner urnas el 1-O tienen alcaldes de ERC y de Podemos: Sabadell y Badalona. Sin embargo, ambas ciudades no están inscritas en la AMI (Asociación de Municipios por la Independencia) porque están gobernadas por coaliciones de varios partidos cuyos concejales se negaron a ello. Por tanto, las primeras que serán requeridas serán las alcaldesas de Girona (Marta Madrenas) y la de San Cugat del Vallés (Mercé Conesa), ambas del PDeCAT. Con el añadido de que esta última es presidenta de la Diputación de Barcelona y uno de los pesos pesados del partido de Carles Puigdemont.

Los alcaldes de ERC y el PDeCAT acudirán a declarar, aunque para explicar al juez que "seguirán al lado del Parlament y del Govern". Ambos partidos han convocado una protesta el sábado en la Plaza de Sant Jaume (Barcelona).

La determinación de Maza ha sido clave en la estrategia del gobierno. La Fiscalía se ha convertido en la punta de lanza para impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre

La decisión de acudir ante el Fiscal evita que los Mossos tengan que detener a los alcaldes de ambas formaciones. La CUP, por tanto, ha fracasado en su intento de sumar a la rebelión a la mayoría de los ediles de Cataluña. La desobediencia de ERC y el PDeCAT tiene límites y con la decisión de acudir ante el fiscal marcan una clara línea de separación con a los antisistema. Tanto los alcaldes de ERC como los del PDeCAT quieren seguir en política después del 1 de octubre.

La decisión de Maza ha sido valiente y es consecuente con sus escritos de la semana pasada, las querellas contra los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament y la orden para que la policía judicial (Mossos, Policía y Guardia Civil) haga todo lo que esté en su mano para evitar el referéndum.

El Estado se ha puesto en marcha y nadie lo va a parar. A diferencia de otras ocasiones, como, por ejemplo, el 9-N, el gobierno ha decidido ver el órdago independentista y el escrito de Maza es una prueba de ello.

La determinación del Fiscal General ha sido clave para inclinar la balanza en el gobierno hacia las posiciones menos complacientes con los independentistas. Fue el propio Maza quien propuso a Rajoy la intervención de la Fiscalía como punta de lanza de una estrategia jurídica en la que el papel del Constitucional se circunscribe al de tribunal de garantías.

El paso que se acaba de dar es decisivo y tiene el riesgo evidente de dar oxigeno a los que juegan la baza del victimismo. No digamos a la CUP, que tendrá la oportunidad de movilizar a sus bases contra la "estrategia represora del Estado". Pero no había otra opción. El Estado no puede renunciar a sus obligaciones para mantener la legalidad aunque ello suponga tener que algunos bailen el Mambo.