Existen pocas cuestiones más evidentes en Economía que el hecho de que la autarquía y el aislamiento sólo generan pobreza. Por eso, desde un punto de vista estrictamente económico, la eventual e hipotética secesión de Cataluña no es una buena noticia, ni para los propios catalanes, ni para España, ni para Europa. Pero además, cuando se desciende de la abstracción hacia la secesión que están propugnando los separatistas, la conclusión es bastante más demoledora.

En primer lugar, la economía descansa en las instituciones y en el Estado de Derecho. Una parte del separatismo catalán ha estado vendiendo una Cataluña independiente como un paraíso de políticas reformistas y mercados abiertos. La realidad, de momento, está siendo todo lo contrario, como cabía esperar de una autonomía cuyo gobierno no se ha distinguido, precisamente, por una mayor limpieza y calidad de sus instituciones. Pero para despejar cualquier duda, vale con echar un vistazo a ley de “transitoriedad jurídica y fundacional de la República”, bodrio jurídico que liquida el Estado de Derecho y la Separación de Poderes.

Que una Cataluña independiente fuese a tener instituciones más democráticas y de más calidad es una simple estafa"

Incluso, sin tener que leer nada, sólo el comportamiento de la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de la mayoría separatista, indica el respeto “inconmensurable” al Reglamento del propio Parlament, a los derechos de la oposición, que además representa a más catalanes que la mayoría parlamentaria de Junt pel sí y la CUP, al Consell de Garanties Estatutaries… a las Instituciones y a la Legalidad, en suma. Que una Cataluña independiente fuese a tener instituciones más democráticas y de más calidad es una simple estafa.

Sin embargo, la estafa más evidente es el famoso eslogan secesionista de que “España nos roba”. En primer lugar, hay que partir del hecho de que los territorios no pagan impuestos, sino que lo hacen los ciudadanos. Por otra parte, las leyes fiscales y presupuestarias que se aplican en Cataluña, más allá de lo que ha ido decidiendo el Parlament, no son distintas en Cataluña. Además, son precisamente los grupos de Convergencia y Esquerra Republicana de Cataluña, los que durante más tiempo han condicionado a los gobiernos del PP y el PSOE.

Más allá de eso, lo cierto es que los economistas separatistas alegan con muy escaso rigor, unas fantasiosas “balanzas fiscales” que darían un déficit fiscal de 16.000 millones de euros a Cataluña respecto del resto de España. Esto supondría, según la maquinaria propagandística de los separatistas, que el primer día de la separación de España, el ministro de Hacienda dispondría de una caja repleta con la que afrontar cualquier gasto. Esto, por supuesto, es radicalmente falso.

Si hubiese secesión el resultado es que la nueva nación comenzaría con recortes y con subidas de impuestos"

Según los últimos datos de las “cuentas públicas territorializadas” de 2014, la diferencia entre ingresos imputables a Cataluña y gasto realizado allí por la Administración Central arroja una diferencia de 4.000 millones de euros a favor de Cataluña. El resto del supuesto “saldo” hasta 10.000 millones corresponde a repartir el déficit de la Administración General del Estado en función de la población -aproximadamente Cataluña tiene un 16% de la población española- produciendo un 20% del PIB. Evidentemente, en caso de separación, esta “neutralización del déficit”, o este déficit de la Administración General del Estado repartido, no es dinero en caja. Si hubiese secesión, como la Generalitat tuvo un déficit de más de 5.000 millones de euros en 2014, el resultado es que la nueva nación comenzaría con recortes y con subidas de impuestos. Ni siquiera podría financiar el déficit, aunque fuese menor que el actual de España, porque las emisiones catalanas llevan fuera de los mercados desde 2010 y se consideran bono basura en la actualidad.

Además, cualquier separación, incluso no siendo traumática -y ésta lo sería y mucho- conlleva unos costes de ruptura muy importantes al terminar con economías de escala. Pensemos simplemente en el coste de garantizar la defensa partiendo de cero. Por otro lado, la “Agencia Tributaria de Catalanya” no tiene la información, los censos, el personal ni el sistema informático capaz de gestionar los grandes impuestos estatales. Esto no sólo es una afirmación mía, sino que lo admitió el propio “Consell Asessor per la Transició Nacional” en sus informes. Este hecho supondría, que en caso de secesión, el fraude fiscal se dispararía y la recaudación tardaría muchos años en volver a los niveles actuales.

Por último, las pensiones catalanas no estarían precisamente aseguradas en caso de independencia. Como ocurre en casi todas las CCAA, lo que se ingresa por cotizaciones de las empresas es inferior al gasto por pensiones, también en Cataluña. Aunque el ex conceller Mas-Collell afirmaba que el resto de España pagaría las pensiones catalanas, y que la Generalitat cobraría las cotizaciones, no hacen falta ningún tipo de conocimientos económicos para saber que eso no ocurriría en ningún caso en el mundo real.

La primera derivada de este hecho es que los bancos en Cataluña no recibirían financiación del Banco Central Europeo"

La tercera gran estafa del secesionismo es la estafa europea. Si Cataluña se independizase, saldría inmediatamente de la Unión Europea. Esta afirmación es un puro hecho: es lo que señalan los Tratados y lo que han afirmado los dirigentes de las Instituciones Europeas. La primera derivada de este hecho es que los bancos en Cataluña no recibirían financiación del Banco Central Europeo. Esto llevaría a que si Cataluña quisiese seguir utilizando el euro como moneda, simplemente, se quedaría sin financiación. Las consecuencias de emitir su propia moneda, sin respaldo alguno, también serían que nadie la aceptaría. Por supuesto, la independencia y la salida de la Unión Europea llevarían a dificultar enormemente los intercambios comerciales.

En fin, la secesión supondría un desastre económico para Cataluña. Para España, el coste también sería enorme, aunque algo menos grave: por una parte, estamos hablando del 80% de la actividad económica frente al 20%, y por otra, las instituciones económicas y las leyes seguirían en marcha en el resto de España y no en Cataluña.

Todo el “Procés per la independencia” no es más que un engaño, que ya ha tenido un coste enorme y que incluso puede ser mayor. En suma, estamos ante una estafa, como lo son los llamamientos al voto de los no nacionalistas en la antidemocrática e ilegal consulta de hoy. Por eso, hay que devolver la voz a los catalanes con urnas de verdad, es la única forma de acabar con la estafa. Cuanto antes se vuelva a las leyes y a la Democracia de verdad, menor será el coste de una estafa, que ya ha salido demasiado cara en términos de convivencia a los catalanes y al resto de los españoles.

Francisco de la Torre Díaz es diputado y responsable de Hacienda de Ciudadanos.