Mariano Rajoy despejó las dudas sobre lo que iba a hacer su gobierno ante el reto soberanista, tras la declaración de independencia de Cataluña llevada a cabo ayer, un poco de tapadillo y con marcha atrás. El requerimiento al presidente de la Generalitat para que diga si se produjo, en efecto, una declaración unilateral para la creación de una república catalana, pone en marcha los mecanismos para la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En el plazo de unos días, Carles Puigdemont debe contestar a ese requerimiento, aunque el conseller de Presidencia y portavoz del gobierno catalán ya ha adelantado que el compromiso adoptado ayer en el Parlament es irrenunciable.

Albert Rivera había reclamado reiteradamente en las últimas semanas al presidente del gobierno la aplicación del artículo 155 como la vía más efectiva para frenar la escalada ilegal del independentismo. Por tanto, la decisión del gobierno colma los deseos de Ciudadanos y consolida la unidad de acción de este partido y el PP respecto a Cataluña.

La gran incógnita era qué iba a hacer Pedro Sánchez si Rajoy le ponía en la tesitura de apoyar esa medida que, hasta ahora, nunca se ha puesto en práctica y que puede tener graves consecuencias para la autonomía de Cataluña.

Lo más importante es que Cataluña no ha roto el consenso. Rivera logra que se aplique el 155 y Sánchez la puesta en marcha de la reforma constitucional

Una cosa estaba clara: si el PSOE no apoyaba esa medida, el gobierno no podía llevarla a cabo. La clave para la resolución del conflicto en Cataluña no es otra que la unidad de los tres grandes partidos comprometidos con la defensa de la Constitución.

En el Partido Socialista ha habido un debate intenso sobre ese asunto. No hay más que recordar que Margarita Robles, portavoz parlamentaria del PSOE, llegó a afirmar que su partido nunca apoyaría la aplicación del 155.

Sin embargo, las tensiones surgidas en los últimos días, sobre todo a raíz de la reprobación de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a cuenta de la actuación de Policía y Guardia Civil en la jornada del 1-O, han forzado a Sánchez a una clarificación total sobre su posición respecto a Cataluña.

El líder del PSOE ha jugado bien sus cartas. Sabía el valor que tenía su apoyo al gobierno en este difícil trance y ha obtenido a cambio de su respaldo el compromiso de Rajoy de abrir el debate sobre la reforma constitucional en un plazo de seis meses. Sánchez logra así una baza política incuestionable de cara a un posible adelanto electoral: ha roto el inmovilismo de Rajoy respecto a la reforma de la Carta Magna, en la que el PSOE quiere llevar adelante su propuesta de estado federal.

Por otro lado, ha conseguido cerrar la herida abierta entre la vieja guardia y algunos de los barones (empezando por Susana Díaz) respecto a su equidistancia en la resolución del problema de Cataluña.

Lo mejor de lo que ha ocurrido durante esta mañana es que se ha mantenido el consenso entre los tres partidos que representan a una amplísima mayoría del Congreso (254 diputados) en la forma de abordar el problema político más importante al que se ha enfrentado España en los últimos 40 años.