Carles Puigdemont compareció, por fin, a las 17 horas en el Palau de la Generalitat para decir que había contemplado la posibilidad de convocar elecciones anticipadas, pero que no ha podido llevar a cabo esa opción porque no se le han ofrecido suficientes "garantías". Puigdemont no ha hecho explícitas cuáles eran esas garantías, pero ha apuntado claramente a ellas cuando ha culpado al gobierno de "falta de intención en reducir la represión".

Lo que ha pedido el presidente de la Generalitat al gobierno para convocar elecciones anticipadas no sólo ha sido la suspensión previa de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino:  la libertad de los presidentes de la ANC (Jordi Sánchez) y de Òmnium (Jordi Cuixart); la paralización de todos los procesos judiciales en marcha (incluidos los que investigan la organización del referéndum ilegal del 1-0 y que afectan a todos los miembros del Govern y al jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, entre otros), y la retirada de Cataluña de la Policía y la Guardia Civil.

Por tanto, no se trataba de algo tan simple como elecciones a cambio de retirar el 155, sino que la renuncia a la declaración unilateral de independencia Puigdemont la condicionaba a una suspensión efectiva del Estado de Derecho en Cataluña.

Las condiciones exigidas por el presidente de la Generalitat suponían parar procesos judiciales en marcha: liquidar la separación de poderes

Los esfuerzos que han hecho el conseller Santi Vila (PDCat); el lehendakari, Íñigo Urkullu; el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas; el líder del PSC, Miquel Iceta, o la portavoz socialista Margarita Robles para evitar el peor escenario, han sido en vano. Creían que la transacción era más sencilla, no conocían los detalles de la negociación. Detalles que, para Puigdemont, eran tan esenciales como la propia retirada del 155.

Durante toda la mañana se ha mantenido viva la esperanza de que se podía evitar el choque de trenes. A mediodía se filtró incluso la fecha de los comicios: el 20 de diciembre. Margarita Robles me confesó a esa hora: "Estoy feliz".

Pero, a partir de ahí, comenzaron las presiones de los sectores más radicales del independentismo. La CUP, la ANC, Òmnium, e incluso ERC mostraron su desacuerdo con la renuncia a declarar ya la independencia. Todo ello, con la presión de los estudiantes en la calle.

A Puigdemont le llamaron "traidor" desde esos sectores. La ANC amenazó con lanzar a sus huestes contra él si no declaraba la república independiente.

Si Rajoy hubiera aceptado pasar por el aro, el Estado de Derecho habría sufrido la mayor humillación desde la recuperación de la democracia

Después de haber dado el paso hacia adelante y de haber levantado expectativas de que se podía recobrar la normalidad en Cataluña, dio marcha atrás. Eso sí, culpando al gobierno de falta de voluntad de diálogo. "Han preferido el ¡A por ellos!, en lugar de ¡Con ellos!", dijo el president en su comparecencia. Culpar exclusivamente al gobierno del fracaso que supone esta situación de bloqueo y que aboca a un enfrentamiento institucional y social sin precedentes es una monumental irresponsabilidad.

Puigdemont dice hablar en defensa de la "dignidad" de los catalanes, pero olvida que al plantear sus inaceptables condiciones como irrenunciables está atacando la dignidad de todos los españoles, incluida la mayoría de sus conciudadanos. "¿Puede haber un chantaje mayor?", se pregunta un miembro del gobierno.

Si Rajoy hubiera aceptado pasar por el aro, el Estado de Derecho habría sufrido la mayor humillación desde la recuperación de la democracia. Puigdemont ha querido poner al gobierno contra las cuerdas y, con ello, ha fortalecido la unidad en torno a la respuesta que se dará desde el Estado a este irracional desafío.