De todas las mentiras que este martes dijo Carles Puigdemont, expresidente del gobierno autonómico catalán, la única novedosa es que no había ido a Bélgica a pedir asilo. Lo niega porque, de momento, parece que no se lo han concedido. Es más, a juzgar por las palabras del viceprimer ministro belga (“cuando declaras la independencia, mejor te quedas junto a tu pueblo”) parece que Puigdemont es una visita molesta, de esas que llegan a deshoras a contarte sus problemas y sin intención aparente de marcharse en breve.

La cuestión jurídica sobre si cabe derecho al asilo en el caso de Puigdemont es, sin duda, interesante, pero no tanto como la cuestión política, a mi modo de ver. Pensemos en las consecuencias de que lo pidiera por el canal oficial y se le concediera. Todos los políticos con ánimo sedicioso de Europa sabrían que siempre les quedaría Bruselas. Y no estoy pensando sólo en quienes planteen desafíos independentistas (el fracaso de los golpistas será una impagable vacuna en los estados miembros), sino en políticos populistas xenófobos como los que han mostrado comprensión y apoyo a Puigdemont.

Dudo que Bélgica quiera convertirse en santuario para lo peor de la política

Por ejemplo el ministro belga de Inmigración, Theo Francken: anti-inmigración, claramente xenófobo y con querencias filonazis. Políticos así podrían, llegado el momento, ignorar las leyes de su país: está en su naturaleza. ¿Y si uno de ellos pidiera asilo en otro país europeo para evitar la acción de la justicia? Sentar un precedente con Puigdemont no parece lo más inteligente.

No es una hipótesis impensable. Nacionalistas y populistas se sitúan por encima de la ley y se encomiendan siempre a fantasmales mayorías sociales. Y tipos así los hay por toda Europa. De modo que dudo que Bélgica, o cualquier otro país, quiera convertirse en santuario para lo peor de la política del continente, que tan bien representa Puigdemont.

Como vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos, doy fe de que la Unión es un espacio muy exigente para los estados miembros. Y es evidente que nuestro país cumple todas las exigencias tanto como el que más. El expresidente tendrá en España un proceso altamente garantista, justo y con todos sus derechos. Si resulta condenado, siempre podrá recurrir, en su caso, y si hubiera base (que lo dudo), antes las instancias comunitarias. Es la hora de rendir cuentas.

Beatriz Becerra es vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo y eurodiputada del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE).