La decisión de la juez Lamela de enviar a prisión a todos los ex consejeros del gobierno catalán que no han huido de España es probablemente la que menos convenía al Gobierno y a las fuerzas constitucionalistas por una única razón: porque es posible, aunque tampoco es seguro, que esta entrada masiva en la cárcel, y la que previsiblemente se producirá dentro de nueve días con todos, o con la mayoría, de los miembros de la Mesa del parlamento catalán, encienda los ánimos de los soberanistas y complique mucho el desarrollo de la campaña además de poner en riesgo la probable y tan deseada victoria de los contrarios a la secesión.

Digo que es posible pero no seguro porque también podría producirse la situación contraria: que los soberanistas comprueben no sólo la falsedad palmaria de las promesas que se les han hecho desde hace años a la población en lo que se refiere al reconocimiento internacional masivo de la república catalana -eso les decían- sino la mentira ya dolorosamente comprobada de que las empresas, no es que se fueran a marchar de Cataluña sino que  se iban a pegar para instalarse en el territorio recién independizado. Ahora acaban de toparse de una manera abrupta con la amarga realidad.  Y hoy han podido comprobar en sus carnes que la Justicia en España actúa conforme a sus propios criterios y no tiene en cuenta en absoluto ni las circunstancias políticas ni las conveniencias electorales del Gobierno. En esto se distinguen los Estados de Derecho de las dictaduras o de los países asilvestrados.  Aquí funciona de manera implacable la separación de poderes. Y por si el caso Gürtel y los problemas que está padeciendo y va a padecer aún más el Partido Popular que gobierna en estos momentos no fuera suficiente, aquí tenemos los dos autos de la juez Lamela para demostrarlo.

Todos hemos contenido el aliento al conocer la noticia porque todos tenemos miedo de que se desate un levantamiento por parte de ese sector de la población catalana que ha apoyado hasta ahora el delirio independentista. Pero hay que parar un momento y recopilar todos los delitos cometidos, uno detrás de otro, consciente y deliberadamente, por cada uno de los hoy encarcelados preventivamente y sin condiciones por la juez: han ignorado y han desobedecido las advertencias del Tribunal Constitucional; han ignorado y han desobedecido sus resoluciones y sus sentencias; han vulnerado la Constitución española; han  derogado el Estatuto de Autonomía; han hecho caso omiso de las advertencias de su Consejo de Garantías Estatutarias y de los letrados de su parlamento; han ignorado y conculcado los derechos de los diputados de la oposición; han convocado un referéndum que sabían que era ilegal y han pretendido dar por buenos unos supuestos resultados que no tenían garantía alguna para, como colofón de tanto desmán, terminar proclamando una república catalana independiente.

Nunca unos gobernantes han maltratado el ordenamiento jurídico de su país con tanta saña y premeditación

Nunca unos gobernantes han maltratado el ordenamiento jurídico de su país con tanta saña y tanta premeditación. Y, al final, y para rematar tanto disparate, el que fue su presidente de gobierno se fuga de España, se niega a comparecer ante el tribunal y se permite la suprema insensatez de declarar que él y los consejeros que le acompañan en la huida forman un equipo perfectamente coordinado con los miembros del gobierno que se han quedado en el país y que cada uno de los dos equipos desarrollará unas funciones predeterminadas. O es un ignorante sideral o es de una irresponsabilidad incomprensible. Porque con esa afirmación, el señor Puigdemont ha puesto a la juez Lamela en las manos la redacción del auto en que explica las razones de la medida que ha tomado. Ningún magistrado hubiera podido correr el riesgo de dejar en libertad a unos señores cuyo jefe asegura que van a seguir delinquiendo conforme a un plan organizado. Y eso es al margen de que la juez considere, que en principio parece que no lo considera, que estemos ante un delito de rebelión porque aparentemente se inclina por considerar la sedición como delito más aplicable a los encausados. Pero es que su decisión de hoy no entra en el fondo del asunto: se limita a aplicarles una medidas cautelares  teniendo en cuenta lo anunciado por el presidente en fuga. En una palabra, su señoría ha firmado el auto pero Carles Puigdemont ha llevado personalmente de la mano a todos sus consejeros hasta la entrada de las respectivas prisiones. Todo quedará definitivamente claro cuando el Tribunal Supremo asuma la totalidad de la causa y será entonces cuando sepamos con certeza y con perspectiva a qué atenernos.

Ahora veremos a ver qué pasa en términos políticos pero de lo que no cabe duda es de que el Poder Judicial ha cumplido con su obligación.  Y eso, por muy preocupados que estemos en este instante, debe tranquilizarnos y hacernos sentir que vivimos en un país seguro en la defensa de los derechos y las libertades de todos nosotros.