Estos días, sobre todo desde determinadas formaciones políticas, se han escuchado voces contrarias a la nueva Ley del Cupo vasco y críticas contra nuestro Concierto Económico. Estos reproches, sin apenas razonamiento justificado, no son nuevos. No lo son y responden en gran medida a un desconocimiento tan preocupante como la creencia de que el Gobierno de Iñigo Urkullu utiliza el Concierto para mejorar la vida de los vascos.

Formaciones como Ciudadanos o Compromís, que en las dos últimas elecciones generales concurrió en coalición con Podemos, se han opuesto al Cupo y al Concierto vascos al entender que son injustos e insolidarios con el resto de España. Quizá por ignorancia, o quizá por otros motivos, ni unos ni otros abordan este debate de una manera transparente y realista. Si lo hicieran, los mitos que envuelven a Concierto y Cupo caerían por su propio peso.

El Concierto económico vasco se creó por solidaridad en 1878, cuando un Estado debilitado y necesitado de recursos tras años de guerras acordó que las administraciones vascas le entregasen una parte de los impuestos que pagaba la burguesía. Ahí se creó el Cupo como vía rápida para obtener recursos en un país asolado. Con el tiempo, el Concierto económico no sólo fue amparado por la Constitución del 78, afirmada por el 87% de los españoles. En su disposición adicional primera, que “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”, sino que ha pasado hasta 16 veces por las Cortes y ha registrado el apoyo de la inmensa mayoría de la Cámara.

El Concierto y el Cupo no son un privilegio porque obligan al País Vasco a ser autosuficiente

Consenso a un lado, el Concierto económico, marco que regula las relaciones financieras entre Euskadi y el Estado, y el Cupo, cantidad que Euskadi tiene que pagar cada año al Estado por los servicios que este presta en la comunidad autónoma, no son ni mucho menos un privilegio. No lo son por varios motivos. En primer lugar, porque el Concierto obliga al País Vasco a ser autosuficiente y, por tanto, impide que el Estado salga al auxilio de la comunidad en caso de que esta incurra en mala gestión.

¿Esto qué significa? Que Euskadi no puede recibir rescates de la Hacienda estatal, cifrados en 130.000 millones sólo entre 2012 y 2015, y que el Estado no ayudará al País Vasco mediante el Fondo de Liquidez Autonómica, sino que será la propia comunidad la que deberá solucionar sus problemas. Significa también que de los más de 5.000 millones para las comunidades de régimen común contemplados en los Presupuestos Generales del Estado, Euskadi no podrá tocar ni un solo euro.

Hay más motivos que evidencian que ni Concierto ni Cupo son un privilegio. Y es aquí donde entra en juego la pobre gestión del actual Gobierno vasco de Iñigo Urkullu, así como la de sus predecesores nacionalistas en el cargo.

La gestión de los gobiernos nacionalistas ha dilapidado el peso de Euskadi en el conjunto de España

La Ley Quinquenal del Cupo 2007-2011 establece que el índice de imputación del Cupo del 6,24%, el porcentaje que se debe pagar al Estado por todas las cargas no transferidas a la Comunidad Autónoma Vasca, está “determinado básicamente en función de la renta de los Territorios Históricos en relación con el Estado”. Pero según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en los últimos años la renta relativa de Euskadi respecto al Estado ha sido siempre menor a ese 6,24% que establece la ley del Cupo. Sólo en 2001 y en 2008 el PIB vasco llegó a niveles cercanos al 6,24. En la última década la horquilla se ha movido entre el 6,02 y el 6,1.

Esto quiere decir que la gestión de los gobiernos nacionalistas ha dilapidado el peso de Euskadi en el conjunto de España. Y con todo, el Ejecutivo vasco sigue hoy empeñado en utilizar la principal herramienta del autogobierno vasco, el Concierto económico, para castigar el bolsillo de la ciudadanía vasca y obligarla a pagar más impuestos que en el resto de España. Más Impuesto de Sociedades, más IRPF y más Impuesto de Patrimonio. Si bien muchos se empeñan estos días en retratar el País Vasco como un paraíso fiscal dentro de España, a ellos habría que citarles al analista Ignacio Marco-Gardoqui, que hace bien poco expuso que Euskadi es el único paraíso fiscal del que huyen los ciudadanos para refugiarse en infiernos fiscales limítrofes. “Curioso”, zanjó benévolo.

En tiempos de inestabilidad y efervescencia social, toca no agrietar cuestiones que cuentan con un amplio consenso y toca no brindar espacios de victimismo al nacionalismo. Se apellide este Puigdemont o Urkullu. Albert Rivera debería darse cuenta de ello del mismo modo que el lehendakari tendría que tomar nota de la gestión responsable del Gobierno central, que sin incurrir en injusticias con el resto de España ha dotado de estabilidad económica al País Vasco resolviendo un problema generado por la nefasta gestión nacionalista en Euskadi, la única autonomía que acumula cuatro años de salarios a la baja. La región de España en la que, en lo que va de siglo XXI, todos los sectores han crecido menos que en el resto del país y la que, pese a todo, continúa asfixiada por los impuestos.

Amaya Fernández es la secretaria general del PP vasco.