Mariano Rajoy se resistió como gato panza arriba a comparecer como testigo en la Audiencia Nacional para responder sobre la trama Gürtel. Era la primera vez que un presidente de gobierno en ejercicio tenía que responder ante un tribunal. Felipe González y Adolfo Suárez lo hicieron por los casos GAL y Banesto, respectivamente, pero cuando ya habían abandonado la Moncloa.
Su resistencia a acudir a la Audiencia no sólo estaba motivada por el hecho de sentar un mal precedente, sino porque la corrupción ha sido el verdadero cáncer para el PP y Rajoy siempre ha pretendido poner una línea roja respecto a todo lo que tiene que ver con Gürtel: fue un asunto del pasado, durante mi mandato se echó a Correa, etc.
A pesar de que Moncloa alegó razones de seguridad para evitar el trago al presidente, la Sección Segunda de lo Penal rechazó la petición (con el voto en contra de Ángel Hurtado) argumentando que el testigo no acudía como presidente, sino como "un ciudadano español" más.
El gobierno se movió a todos los niveles, incluso recurriendo a los buenos oficios del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Pero no hubo forma. Y es que la Justicia tiende siempre a ser independiente.
Echando mano de sus cualidades como opositor Rajoy dedicó mucho tiempo a preparar su comparecencia, que se produjo el pasado 26 de julio y que se prolongó durante casi dos horas. A pesar de que no salió mal parado, el presidente comentó después a un miembro de su equipo que había pasado por uno de los peores momentos de su dilatada vida política. "Espero no tener que volver a pasar por esto", se lamentó.
Las nuevas normas de la Audiencia Nacional provocan una alteración en el tribunal que ha de juzgar el caso de los 'papeles de Bárcenas' que reduce casi a cero la posibilidad de que tenga que declarar el presidente
A veces, la suerte viene a compensar las limitaciones del poder. Y eso es lo que ha ocurrido en la Audiencia Nacional con el tribunal que ha de juzgar el engorroso asunto conocido como papeles de Bárcenas. Este sumario, mucho más que el caso Gürtel, apunta directamente al presidente. Allí se encuentran reseñados, aparte de supuestos pagos en B al Partido Popular por parte de conocidos empresarios, supuestos pagos de sobresueldos en B a dirigentes del partido, incluso cuando ya eran miembros del gobierno durante la etapa de José María Aznar.
¿Le apetecía a Rajoy tener que volver a sentarse frente al tribunal para responder por esos oscuros tejemanejes? No hace falta que respondan.
La instrucción, llevada a cabo por Pablo Ruz, estableció como una de sus nucleares conclusiones que el PP se habría financiado durante dieciocho años a través de una Caja B. El sustituto de Ruz, José de la Mata, acordó la reapertura del sumario el pasado mes de febrero, lo que aleja en el tiempo el comienzo del juicio oral, que, siendo optimistas, no tendrá lugar hasta dentro de un año.
Sin embargo, lo que acaba de suceder en la Audiencia ha resultado ser una bendición para el presidente del gobierno. En principio, la composición del tribunal que habría de juzgar el caso de los papeles era la misma que ha juzgado la primera época de Gürtel: Angel Hurtado, José Ricardo de Prada y Julio de Diego. Resulta lógico pensar que si ese tribunal ya acordó la comparecencia como testigo en la primera de las causas, con mucho mayor motivo (porque afecta directamente a su gestión) lo habría hecho en la segunda. Y, aunque Luis Bárcenas ha cambiado de estrategia jurídica y, por tanto, de opinión y de versión sobre los hechos, no me negarán que no merecería la pena ver al ex tesorero y al presidente del gobierno explicar con qué se correspondían aquellas anotaciones a mano.
Las fuentes consultadas en la Audiencia coinciden en señalar que las posibilidades de que Rajoy tenga que volver a declarar como testigo en este macrocaso de corrupción son próximas a cero
Pero, según una propuesta de reorganización de la Audiencia, con el visto bueno de su Sala de Gobierno, el tribunal que juzgará el caso de los papeles ya no será el mismo. La presidenta del tribunal será la presidenta de la Sección Segunda (a la sazón impulsora de la reorganización), María José Rodríguez Duplá, como suele decirse, de tendencia conservadora. El único magistrado que permanecerá en su puesto será José Ricardo de Prada, reconocido progresista. El ponente de la sentencia será Juan Pablo González, que hace diez años ocupó un puesto en el CGPJ a propuesta del PP. Esta relevante circunstancia se produce porque, según las normas de reparto, a González le ha correspondido hacerse cargo de las causas cuyo número termina en 6. Y, mira por dónde, el sumario de los papeles de Bárcenas termina en 6.
Las fuentes consultadas en la Audiencia coinciden en señalar que las posibilidades de que Rajoy tenga que volver a declarar como testigo en este macrocaso de corrupción son próximas a cero. "¿Ha habido contubernio?", pregunto. "No, ha sido cuestión de suerte", me contestan. Hasta ahora sólo sabíamos que al presidente le había tocado el reintegro de Navidad. Ahora sabemos que, en la Audiencia, le ha tocado el gordo.
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