Hay determinados temas sobre los que no es necesario ser un experto para poder opinar. De hecho, es mejor abordarlos desde el sentido común. Por ejemplo, la educación. ¿Puede haber alguien que dude sobra la bondad de llegar a un acuerdo entre todos los partidos políticos en materia de educación? Seguro que no. Un marco educativo estable para veinte años y que sea de ámbito nacional tal vez hubiera impedido la delirante manipulación sufrida en determinadas zonas. Otro caso bastante claro y de actualidad las últimas semanas es la financiación autonómica, concretamente el Concierto vasco.

Es un marco legal que regula las relaciones tributarias entre el Gobierno de España y el País Vasco. Su origen se remonta a las guerras carlistas, en el siglo XIX y está recogido por la Constitución del 78. Determina que cada una de las Diputaciones vascas recoge todos los impuestos, posteriormente le pagan al Estado una cantidad en función de la solidaridad autonómica más una contraprestación por los servicios que la Administración Central presta en su territorio en virtud de competencias no transferidas, por ejemplo, defensa o política exterior. Es lo que se conoce como el Cupo vasco.

Para el período 2017-2021 la cifra son 1.300 millones. Ese número es magia, un acuerdo político de Montoro con el Gobierno Vasco que no se sabe muy bien de dónde sale, como han manifestado en repetidas ocasiones diversos expertos independientes. En definitiva, se tiene la cifra y, a posteriori hay que vestirla de sesudos cálculos para justificarla. En esto me basaba al principio para defender que en determinadas circunstancias el sentido común es la mejor vara de medir.

Con este sistema, uno de los territorios más ricos mantiene una posición privilegiada en términos de financiación

Con este sistema se da la paradoja que uno de los territorios más ricos mantiene una privilegiada posición en términos de financiación comparado con el resto de Comunidades Autónomas.  Por ilustrarlo con números, obtenidos de FEDEA, el País Vasco y Navarra obtienen unos 4.000 euros por habitante mientras que la media del resto de Comunidades Autónomas es de 2.354. Estas cifras se calculan homogeneizando las competencias y teniendo en cuenta las características demográficas de las distintas regiones.

De esos polvos vienen estos lodos. Un modelo educativo que es modificado en cada cambio de color del gobierno y que no incluye unos contenidos comunes mínimos para todo el país. Un sistema de financiación autonómica absolutamente asimétrico y no equitativo. Se aprueba el concierto vasco ahora, separado del acuerdo de financiación del resto de Comunidades Autónomas, que se hará el año próximo.

Es anacrónico que en el siglo XXI nos escudemos en las guerras carlistas para mantener determinados privilegios. O que algunas autonomías se arroguen el concepto de históricas, no tengo muy claro en base a qué. Porque si apelamos a la historia, podemos conceder a Asturias inmunidad fiscal en concepto de agradecimiento por ser la génesis del Reino de España al iniciar la Reconquista. O a Burgos por el Cid Campeador, o a Toledo por ser la ciudad de las tres culturas, o a Córdoba por ser la capital de Al-Ándalus.

Según el artículo 14 de la Constitución española, los españoles son iguales ante la ley. Si eso es así, es obligación de los políticos velar por su cumplimiento y, si no, que lo cambien, que bien que se pusieron de acuerdo para modificar la Constitución en un fin de semana no hace mucho tiempo. Iguales es un término muy amplio, donde, entre otros conceptos se incluye educación, financiación autonómica, pero también impuestos. Es flagrante ver las diferencias entre territorios en el impuesto de sucesiones por poner un ejemplo. Naturalmente esa igualdad no es contradictoria con la preservación de las propias identidades de cada territorio. Uno de los aspectos más bonitos de España son las enormes diferencias entre las diferentes zonas tanto a nivel geográfico como culinario o social. Mantengamos nuestro arraigo.

Al final, el problema es el de siempre, que en este país no hay políticos con talla y valentía suficiente para tomar medidas, nos domina la demagogia, lo políticamente correcto y nadie se atreve a cambiar el statu quo. La democracia española es mayor de edad, así que si los que nos han gobernado los últimos treinta años no se atreven a hacer lo que hay que hacer que vengan otros. Atrevámonos a ser iguales pero diferentes, seamos solidarios. Suerte.

Kike González es exidirector de Renta Variable de Ahorro Corporación