Poco antes del mediodía de ayer conocíamos que el magistrado Llarena retiraba la orden europea de detención para Carles Puigdemont y sus consellers Comín, Puig, Serret i Ponsatí. Se mantiene, eso sí, la orden de detención en territorio español.

Parece claro que Don Pablo Llarena Conde ha querido evitar que la justicia belga le indicara los delitos por los cuales podía perseguir al president y sus consellers. No serían los mismos que en España. Bélgica sólo “extraditaría” por el delito de malversación penado con hasta 12 años de prisión e impedía el juicio por rebelión penado con 30 años.

Los constitucionalistas prefieren la ley y el orden. Y sólo con eso ya no vale

O sea, la primera constatación de la decisión del magistrado Llarena es que en Bélgica no se delinque como en España. Por mucho que casi todos los miembros del Gobierno de Mariano Rajoy, el fallecido fiscal general del Estado y decenas de diputados del PP, Ciudadanos o el PSOE lo hubieran afirmado no es lo mismo ser belga que español. Si eres español puedes ser perseguido por delitos inexistentes en la UE. Para pensar.

Habrá que ver qué decisión toma Puigdemont y sus cuatro consellers. Está claro que cuando pisen territorio español serán detenidos y trasladados al Supremo para ser tomados en declaración. Y parece muy probable que el riesgo de fuga será un potente argumento para su envío a prisión.

Nadie puede sostener bajo ningún concepto que haya candidatos a unas elecciones dichas democráticas en prisión provisional o bajo amenaza de ser privados de libertad. Flaco favor han hecho al problema catalán las continuos llamamientos a la mano dura y al “sin perdón” que los líderes de las llamadas fuerzas unionistas o constitucionalistas llevan meses alentando.

Flaco favor han hecho al problema catalán las continuos llamamientos a la mano dura y al “sin perdón”

¿Y ahora qué? Sorprende observar que les parezca normal competir políticamente con candidatos presos. Sorprende que en los más de diez años que llevamos de crecimiento sostenido del movimiento independentista en Catalunya no haya habido ninguna propuesta seria de entendimiento. Sorprende que sólo se erija la Constitución y el código penal como tablas sagradas a las que obedecer sin chistar. Sorprende que aunque las encuestas sigan dando un resultado de empate técnico entre los dos frentes no reflexionen sobre qué propuesta ofrecen a la mitad de los catalanes.

La noche del lunes Albiol terminaba uno de sus discursos al grito de “a por ellos”. Arrimadas afirmaba que trabaja por construir una alternativa al nacionalismo mientras Iceta proponía una hacienda catalana que recaude todos los impuestos en Catalunya y que provocó una lluvia de chuzos de punta de sus propios compañeros de partido.

Nada nuevo bajo el sol. Seguimos encallados. Ninguna oferta por parte del Estado que pueda recuperar a los miles y miles de independentistas de nueva hornada que desde hace algo más de diez años no paran de crecer.

No se dan cuenta de que con candidatos en prisión o amenazados nada hará cambiar de opinión a quienes los últimos 11 de septiembre, el 9 de noviembre de 2014 o el pasado 1 de octubre, por citar algunos ejemplos, se movilizaron masivamente. Muy masivamente.

Pero los constitucionalistas prefieren la ley y el orden. Y sólo con eso ya no vale.

Carles Fernández es director de Vitamine Media & Marketing