El Pacto Fiscal propuesto por Artur Mas en 2012 cuando era presidente de la Generalitat fue rechazado de plano por el ya entonces presidente Rajoy “por ser contrario a la Constitución”. El mes pasado el PNV reconseguía una meteórica actualización del Concierto Económico y del llamado cupo vasco por mayoría aplastante en el Congreso. Sólo Ciudadanos y Compromís votaban en contra.
¿Es la económica la principal causa del auge del independentismo en Catalunya? No, pero ha pesado claramente en la evolución hacia ese espacio político de miles de catalanes. El maltrato percibido ante la falta de infraestructuras fundamentales o el mal estado de las existentes, la sensación de aporte desmesurado a la caja común del Estado, la escasa capacidad de autogestión de la riqueza generada o el perpetuo ataque vía Tribunal Constitucional a leyes propias con tipos impositivos asociados, han sido imprescindibles para tejer la telaraña en la que estamos atrapados.
Lo que no se puede admitir es que sólo con dinero se reducirá un sentimiento nacido en muchos cuando el Congreso y el Constitucional se “cepillaron” el Estatut
Se puede deducir entonces que el constitucionalismo podría proponer una nueva forma de relación económica con Catalunya para intentar reducir al secesionismo creciente. Cosa distinta sería que fuera factible ya que como varios presidentes de comunidades autónomas han señalado, reducir el aporte de Catalunya a la caja de solidaridad impediría políticas sociales o de promoción económica en sus tierras. Políticas sociales, dicho sea de paso, a menudo mejores que las ofrecidas en el noreste peninsular.
Efectivamente, soy de los que piensan que hace bastantes años que el Gobierno de España no ofrece ninguna solución práctica y comprensible a la mayoría de los catalanes.
Mientras se siga tratando a Catalunya como al resto de comunidades autónomas el problema persistirá. Se impone un trato bilateral. Esta semana, el Ministerio de Economía que lleva semanas dirigiendo la política económica de la Generalitat tras la intervención de sus cuentas, cifraba, a través del Departament de Economía, el déficit fiscal de Catalunya con el Estado en 2014 en 16.570 millones de euros, un 8,4% del PIB catalán.
Esta cifra es una losa insalvable. Catalunya no dispone de suficiente presupuesto para desarrollar las políticas económicas y sociales que demanda su sociedad. Esta es una afirmación que cuenta con una asombrosa y excepcional mayoría: Patronal, sindicatos, asociaciones, partidos políticos, medios de comunicación, analistas económicos…
La fórmula de financiación implantada en el País Vasco o Navarra si fuera aplicable en Catalunya se traduciría en un aumento inmediato y sustantivo del presupuesto además de inocular el virus de la duda a bastantes independentistas sobrevenidos. Pero lo que no se puede admitir, ya que demostraría una capacidad de análisis escasísima de lo que acontece en Catalunya, es que sólo con dinero se reduciría un sentimiento nacido en muchos hace más de una década cuando Congreso y Constitucional se “cepillaron” el Estatut de Catalunya votado por una gran mayoría de catalanes.
Ahora, además de euros hacen falta respeto, compromiso certero y cesión de soberanía.
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