La Fiscalía de Bélgica actuó en la práctica como un aliado de Puigdemont

La actitud de la Justicia belga en el caso de Carles Puigdemont y otros cuatro ex consellers fugados para eludir su posible detención sorprendió tanto en la Audiencia Nacional como en Tribunal Supremo. Las fuentes consultadas coinciden en señalar su "perplejidad" ante lo que consideran una vulneración del espíritu que llevó a la creación de la Euroorden (Orden Europea de Detención) en junio de 2002 y que tenía como fin sustituir el procedimiento de extradición -complejo y burocrático- por otro más rápido basado en los principios de "confianza recíproca" entre los Estados miembros de la UE.

"Lo que ha hecho la Justicia de Bélgica ha sido tratar la petición de extradición de España como si hubiese procedido de Uganda o Corea del Norte, al poner en duda que aquí se respetan los derechos humanos", afirma un magistrado del Alto Tribunal.

Las luces de alarma respecto a la actitud de la Justicia belga se encendieron cuando el pasado 19 de noviembre la Fiscalía de aquel país remitió un escrito a la Audiencia Nacional preguntando sobre las condiciones de las cárceles españolas y pidiendo información, entre otras cosas, sobre los sanitarios, las duchas o la calidad de la comida (menos mal que la respuesta se produjo antes de conocerse las quejas de Josep Rull sobre las hamburguesas de Estremera). En su escrito, la Fiscalía belga advertía de que "sólo referirse a la confianza mutua -el elemento nuclear de la Euroorden- no será suficiente en este procedimiento".

Días después de esta petición -que las fuentes consultadas califican de "humillante"-, la Fiscalía belga transmitió a la Fiscalía española que no apoyaría el delito de prevaricación como uno de los motivos para reclamar la extradición. ¡Y ello teniendo en cuenta que es la propia Fiscalía de Bélgica la que teóricamente representa los intereses de España ante el juez de Bruselas!

Posteriormente, la Fiscalía transmitió que la rebelión -principal delito por el que se reclama la extradición- no se concibe en Bélgica cuando los posibles autores son autoridades públicas, que es el caso de Puigdemont, Antonio Comín, Lluis Puig, Maritxell Serret y Clara Ponsatí. Además, se informó de que la malversación sólo tiene encaje en el Código Penal de Bélgica cuando los investigados han trasferido dinero de las arcas públicas a sus bolsillos, pero no cuando el dinero público ha sido utilizado para fines distintos a los consignados.

Además de remitir un cuestionario humillante sobre la situación de las cárceles españolas, la Fiscalía belga advirtió de que no apoyaría el delito de prevaricación y de que la rebelión y la malversación no tienen encaje en el Cógido Penal

Así las cosas, cuando la causa instruida por la juez Carmen Lamela contra el ex president de la Generalitat y los cuatro ex consejeros huidos más los investigados que se encontraban en prisión (Junqueras, Turull, Romeva, Bassa, Rull, Forn, Mundó, Sánchez y Cuixart) recaló en el Tribunal Supremo, la cuestión a dilucidar fue la siguiente: mantener la petición de extradición con el riesgo de que, de ser concedida, sólo permitiera juzgar a los huidos por un delito de desobediencia; o bien, renunciar temporalmente a ella, a la espera de que los fugados, como miembros de listas electorales que concurren a los comicios del 21-D, regresen a España como "parece ser su intención" (señala el auto del pasado 5 de diciembre en el que el juez Pablo Llarena acuerda retirar las órdenes de europeas de detención contra los cinco huidos a Bélgica) para poderles juzgar por los mismos delitos que al resto de los investigados.

"Lo que el Supremo no se podía permitir era que al principal partícipe de la rebelión -Puigdemont- no se le pudiera ni siquiera interrogar por ese delito, al que sí han tenido que responder otros investigados de menor relieve", apunta un magistrado.

Los magistrados de la Audiencia y el Supremo y la Fiscalía se quejan de que Bélgica haya ignorado la esencia de la Euroorden: "Han tratado la petición de extradición como si la hubiera hecho Uganda o Corea del Norte"

La Justicia belga ha roto unilateralmente una buena relación de cooperación con la Justicia española. La Audiencia Nacional -que investiga delitos de terrorismo y crimen organizado- ha tramitado siempre con celeridad las numerosas peticiones de extradición que procedían de Bélgica. "Hemos tramitado muchas veces peticiones cuyos formularios ni siquiera venían traducidos, lo cual es obligatorio", se queja un fiscal.

El 'caso Puigdemont' reabre un conflicto que parecía zanjado en el seno de la Unión Europea. Los magistrados de la Audiencia y el Supremo, así como los miembros de la Fiscalía, han trasladado sus quejas al Ministerio de Justicia por lo que consideran una intolerable falta de reciprocidad por parte de Bélgica.

Sin duda, los asesores de Puigdemont conocían a la perfección los entresijos de la Justicia de Bélgica, que, al igual que el conjunto del país, está dividida entre flamencos y valones. Por esa razón, Paul Bekaert (abogado belga de Puigdemont) recomendó a sus defendidos que solicitaran un juez que hablara neerlandés (lengua mayoritaria entre los flamencos, entre los que el independentismo catalán cuenta con ruidosas simpatías).

Pero, la retirada de las órdenes de detención no sólo tiene que ver con el principio de que la depuración de responsabilidades en los delitos que se les imputan a los encausados debe llevarse a cabo "de manera unificada", sino también por un sentido de "dignidad jurídica". La Cámara del Consejo de Bruselas, donde se ha tramitado la extradición de Puigdemont y los ex consellers, a pesar de su rimbombante nombre, no es más que la sede de los juzgados de primera instancia. "El Tribunal Supremo no podía permitirse que una instancia de rango muy inferior le enmendara la plana", concluye un magistrado.