El victimismo independentista alcanzó este lunes un nuevo momento de clímax: agentes de la Guardia Civil custodiaron el traslado de 44 obras de arte desde el Museo de Lleida al Monasterio de Sijena (Huesca). El ex presidente Puigdemont se apresuró a agitar a las masas desde su cuenta de Twitter, calificando el hecho de "golpe de Estado" y "expolio a Cataluña". Los chicos de Arran (juventudes de la CUP) montaron una cadena humana -100 personas- que trató de impedir el cumplimiento de la orden judicial y se las tuvieron con los Mossos que, en esta ocasión, sí cumplieron con su obligación. Un funcionario de segundo nivel y rimbombante cargo, el director de Servicios Territoriales de Cultura de la Generalitat en Lleida, un tal Josep Borrell (nada que ver con el ex presidente del Parlamento Europeo), no tuvo reparos en invadir competencias ajenas al insinuar que los aragoneses que viven en la Franja pueden sufrir las consecuencias en la atención sanitaria que reciben en territorio catalán.

No ha habido dirigente independentista que se precie que no le haya atribuido la ejecución de una sentencia que se produjo en abril de 2015 a la aplicación del artículo 155 (que lleva menos de dos meses en vigor). Y es que, en plena campaña electoral, todo lo que sea hablar de los ataques a Cataluña tiene su buena parroquia.

Pero, ¿por qué no acudimos a los hechos?:

El Monasterio de Sijena fue fundado en 1118 por la reina Doña Sancha, esposa del rey de Aragón Alfonso II, que lo puso bajo custodia de la Orden femenina de San Juan de Jerusalén (Orden de Malta). Fue el primer y más importante archivo de la Corona de Aragón, y llegó a albergar uno de los patrimonios artísticos más importantes de la Edad Media (como pone de relieve el bien fundamentado auto de la juez del Juzgado de Instrucción 1 de Huesca, Carmen Aznar Plana).

A partir del siglo XIX, el Monasterio entró en decadencia y las monjas procedieron a la venta de algunas de las obras de arte para poder subsistir. Vendieron su retablo mayor -pintado por el Maestro de Sijena- al pintor y académico oscense Valentín Carderera, que donó varias de sus tablas al Museo de Huesca en 1873; y, en 1918, vendieron también el retablo gótico de la Virgen de Jaume Serra y el tríptico de San Juan Bautista, San Fabián y San Sebastián, entre otras obras. Por esa razón, la Comisión de Monumentos de Huesca decidió proponer la declaración del Monasterio como Monumento Nacional, lo que se consiguió en 1923.

En agosto de 1936, como consecuencia del incendio que sufrió el Monasterio, los vecinos del pueblo de Sijena salvaron su patrimonio y lo trasladaron a Lleida. Más tarde, en 1970 -como consecuencia de unas obras- las monjas depositaron una serie de objetos en el Museo Diocesano de Lleida. Otra parte fue llevada por la priora doña Consuelo al Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero -como reza el auto- "con la expresa cláusula de que ante una orden verbal suya los objetos se devolverían al citado cenobio aragonés".

La clave del embrollo está en el contrato privado de compraventa de las obras de arte que se encontraban en depósito tanto en el Museo de Lleida como en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. En él interviene, por una parte, el secretario general del Departamento de Cultura de la Generalitat, y por la parte vendedora, la priora del Monasterio de San Juan de Jerusalén de Valldoreix (Barcelona), doña María Inés, al que las monjas de Sijena se habían trasladado en 1976.

La venta de las obras de Sijena se hizo vulnerando la ley y se llevó a cabo por una persona que no tenía potestad ni título para ello

Como es sabido, las ventas se produjeron en tres tandas: la primera de 44 bienes (que ahora han sido devueltos, a excepción de La Inmaculada, extraviada por el Museo de Lleida), cuyo precio fue de 10 millones de pesetas. En la segunda, que se produjo en 1992, se vendieron 12 bienes, que fueron tasados en 25 millones. Y en la tercera, que tuvo lugar en 1994, se transmitieron 44 piezas valoradas en 14,85 millones. En total, la Generalitat desembolsó 49,8 millones por un tesoro artístico de valor incalculable.

La venta no sólo fue hecha vulnerando la legislación, que protegía el patrimonio de Sijena desde su declaración como Monumento Nacional en 1923, sino que fue ejecutada por una persona que no tenía título para hacerlo. Como dice la juez Aznar: "No fue la priora de Sijena quien interesó dichas enajenaciones, pues quien las interesó y firmó fue la priora de Valldoreix, sin jurisdicción sobre el Monasterio de Sijena, que es un Monasterio sui juris de Derecho Canónico, esto es, jurídicamente independiente".

Doña María Inés, que, sin duda, conocía bien el valor de las obras depositadas en el Museo de Lleida y en el Nacional de Cataluña, movió los hilos para que se quedaran definitivamente en dichos lugares. Escribió incluso una carta al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, resaltando precisamente ese hecho. Asimismo, hizo intervenir en la operación al Obispo de Lleida para pedir un permiso eclesiástico a la congregación vaticana para que diera el visto bueno a la venta, pero, eso sí, sin advertirles de qué bienes se trataba ni aclarando en virtud de qué poderes ejercía la propiedad sobre los mismos.

La Generalitat ha venido haciendo caso omiso de las resoluciones judiciales desde hace más de dos años -por lo visto ese era su modus operandi no sólo en lo referente a las sentencias del Tribunal Constitucional-. La venta del patrimonio del Monasterio de Sijena fue una transacción nula en toda regla, en la que las autoridades de la Generalitat -bien asesoradas por la priora del Monasterio de Vallderoix- actuaron aprovechándose de la situación de indefensión de las monjas del Monasterio de Sijena. Lo hicieron sin informar, por supuesto, a las autoridades de la Comunidad de Aragón, ni a las de Huesca. A sabiendas de que el desfalco contravenía toda la normativa vigente sobre patrimonio histórico.

Sí, Puigdemont tiene razón, se ha producido un expolio: el de las obras de arte de Sijena que la Generalitat se negaba a devolver.