Como era de esperar la Sala II del Supremo ha rechazado el recurso de apelación del líder de ERC contra el auto de prisión del instructor Pablo Llarena del pasado 4 de diciembre.

La decisión ha sido adoptada por unanimidad de los tres magistrados, en un escrito demoledor cuyo ponente ha sido Miguel Colmenero.

Las claves argumentales del Supremo son las siguientes:

1º No puede hablarse de "presos políticos" ya que no se pone en cuestión la ideología independentista del recurrente, sino que los medios para llevar a cabo sus planteamientos implican indiciariamente graves delitos.

2º La actuación de Oriol Junqueras se encuadra en los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. El ex vicepresidente de la Generalitat ha incitado a los ciudadanos de Cataluña a desobedecer al Tribunal Constitucional y a movilizarse, haciendo previsible que hubiera enfrentamientos con violencia (como ocurrió en los días 20 y 21 de diciembre y en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017).

3º El ejercicio de los cargos políticos no supone impunidad. Junqueras ya sabía cuando concurrió a las elecciones del 21-D que existía un proceso penal que podía limitar su actividad política.

4º No hay ningún dato que permita deducir que Junqueras va a abandonar la idea de poner en marcha la proclamación unilateral de independencia, por lo que existe riesgo de reiteración delictiva.

Los razonamientos expuestos por el líder republicano, su apuesta por el diálogo, sustentada en su fe religiosa, y la imposibilidad de ejercer funciones para las que ha sido elegido, han sido rebatidos por la Sala con criterios estrictamente jurídicos. Ni la fe es una eximente ni la representación política supone un aval frente al cumplimiento de la ley.

Tras la decisión del Supremo, el líder de ERC ha dejado de ser una opción para ocupar la presidencia de la Generalitat

Aunque Junqueras puede volver a recurrir ante el juez instructor, parece muy difícil que Llarena atienda sus demandas de salir de prisión tras el sólido auto de la Sala II. Y aún es más complicado que acuerde su puesta en libertad antes de la constitución del Parlament (que Rajoy anunció para el próximo día 17 de enero) o para que pueda pronunciar su discurso ante una hipotética sesión de investidura que debería producirse antes de que concluya este mes.

Resulta lógico pensar que, tras el rechazo del Supremo al recurso de Junqueras contra el mantenimiento de la prisión provisional, Puigdemont no tiene ningún interés en regresar a España, ya que estaría en la misma situación que el primero, con el añadido de que el ex presidente de la Generalitat ha intentado eludir la acción de la Justicia con su huida a Bélgica.

El independentismo se encuentra ahora ante una compleja tesitura. Puigdemont no puede ser investido presidente porque se encuentra fuera de España y Junqueras (el "plan B" según Rufián) tampoco porque se encuentra en prisión.

Aunque al gobierno pueda interesarle otra solución, la Justicia ha vuelto a actuar con total independencia

Hay que recordar que el reglamento del Parlament exige la presencia física del posible candidato a ser investido, lo que hace imposible una investidura telemática o por delegación.

El juez podría permitir votar a los diputados presos (Junqueras, Forn y Sánchez), pero, para mantener la mayoría absoluta en la cámara, los cuatro diputados que acompañan a Puigdemont en su auto exilio deberían renunciar a sus actas para ser sustituidos por candidatos no imputados.

La hipotética y esperpéntica hipótesis de que Llanera permitiera a Junqueras acudir al Parlament para presentar su candidatura a la presidencia de la Generalitat es descartada por fuentes del Supremo: "Sería colaborar en la ficción de que se puede ser presidente desde la cárcel". Sin olvidar que el juicio se celebrará antes de que concluya 2018 y que es más que probable que los investigados sean condenados, al menos, a varios años de inhabilitación, lo que les obligaría a abandonar sus escaños o sus puestos en el Govern, caso de que llegue a constituirse.

Aunque al gobierno pueda interesarle otra solución (la 'vía Junqueras' era la solución que menos disgustaba en Moncloa), la Justicia (tanto la Sala como la Fiscalía) ha vuelto a actuar con total independencia. Ha sido la irresponsabilidad de los líderes independentistas la que ha llevado a esa situación absurda.