Usted sabe y puede, presidente Rajoy

Estoy convencida de que a la ministra Montserrat se le atragantó ayer el café cuando escuchó al presidente Rajoy asegurar que el gobierno español no tiene competencias para combatir la brecha salarial de
género. Sobre todo porque me consta que ella es perfectamente consciente de la obligatoriedad para los Estados miembros de trasponer de forma eficaz la Directiva 2006/54/CE, que contempla el principio de
igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

Más allá de la inmediata reacción de escándalo que produce la enésima declaración expresa de incompetencia de nuestro presidente ("yo de eso no sé, yo sobre eso no puedo") y del impulso de desautorizarlo chusca y públicamente, yo soy partidaria de actuar con pragmatismo. Por eso le he pedido a la Comisión Europea que se pronuncie de forma expresa sobre las competencias y responsabilidad de los Estados miembros en la lucha contra esta desigualdad, a la luz de las afirmaciones del presidente Rajoy. Y también que me dé su valoración sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de España en el cumplimiento de esta Directiva. Cabe recordar que, cuando ha sido necesario, la Comisión ha abierto procedimientos de infracción contra los Estados miembros para garantizar la correcta y plena aplicación de la Directiva.

La igualdad salarial no es una utopía ni un desiderátum. Es una obligación política global y una instrucción expresa para el Ejecutivo que dirige Rajoy

Según Eurostat, en España la brecha salarial entre hombres y mujeres permanece invariable en torno al 15% (cifra que triplica la de Italia o Rumanía), a pesar de que en el conjunto de la UE ha disminuido. La
Comisión Europea mantiene una posición meridiana al respecto. De hecho, la lucha contra la brecha salarial entre hombres y mujeres es una prioridad del "Compromiso estratégico para la igualdad de género
2016-2019", al igual que lo es su cumplimiento por parte de todos los Estados miembros.

Mientras recibimos la respuesta, me permito recordarle con el debido respeto, Presidente: la igualdad salarial entre hombres y mujeres (mismo contenido de trabajo, mismo salario) no es una utopía ni un
desiderátum. Es una obligación política global, y, más concretamente, una instrucción expresa para el Ejecutivo que dirige. El gobierno español es un gobierno europeo que está, por tanto, mandatado por la Unión. Y, aunque a algunos les guste tomarse a broma estas cosas o las utilicen para fines espurios, para mí es un asunto profundamente serio. Felizmente nuestros tribunales de justicia autonómicos lo entienden, y resuelven, como en Canarias, que una camarera de piso no puede cobrar menos que un camarero de sala. Aunque haya quien pretenda disfrazar de pluses lo que es pura, dura y rancia discriminación.